EscucharLos poderes Ejecutivo y Legislativo –también el Judicial, la Unión de Cámaras, los sindicatos, los medios de comunicación y el común de los mortales– están enfrascados en el tema fiscal. La cuestión es sencilla: los gastos en el Gobierno Central son mucho más altos que los ingresos tributarios. Para cubrir el faltante, el gobierno se endeuda y la bola de nieve crece día con día.
Para resolver el problema, la solución es igualmente sencilla por obvia: el crecimiento del gasto debe morigerarse, la recaudación debe incrementarse por la vía de la eficiencia y si después se requieren más impuestos, deben aprobarse tratando que la reforma tributaria sea lo más progresiva posible.
Pero si hacemos eso, ¿ya lo hicimos todo? Ni de lejos, quedan pendientes las tareas más complejas aunque igualmente urgentes e indispensables.
Si queremos retomar el aliento que en algún momento tuvimos para hacer crecer la economía, reducir la pobreza y el desempleo, mejorar la calidad de vida de las personas y ofrecer un horizonte de bienestar sostenible a las presentes y futuras generaciones hay que hacer mucho más.
El desarrollo integral –no solo mero crecimiento económico– supone un Estado moderno, unos servicios públicos de primer mundo y a precios competitivos, una infraestructura física y virtual propia de un país desarrollado, una educación alineada con las demandas del mercado global y una inmersión –no solo inversión– del país en las áreas del conocimiento científico y desarrollo tecnológico.
Mirar al futuro. No podemos seguir siendo meros prestadores de servicios y simples maquiladores de tecnología ajena, hemos de trascender a la condición de diseñadores tecnológicos.
Para ello se requiere un proyecto de país de largo aliento, con una visión del futuro de, por lo menos, un umbral de 50 años. Las escaramuzas sindicales por los ajustes en los gastos por remuneración en el sector público únicamente ilustran que estas organizaciones están más interesadas en preservar el statu quo –signado por pequeños privilegios e inaceptables gollerías– que por defender un modelo de desarrollo nacional que sea justo, inclusivo y equitativo.
La Asamblea Legislativa, con el concurso decidido del Poder Ejecutivo, debería aprobar lo más rápidamente posible la agenda fiscal que tramita para abocarse, cuanto más pronto mejor, a crear el marco legal necesario y favorable a un proyecto nacional que –al margen de promesas de campaña ya incumplidas– haga de nuestro país el primero en Latinoamérica en alcanzar el desarrollo.
Las amenazas de los sindicatos y de sus aliados en la Asamblea Legislativa –una parte del PAC y todo el FA– no debería arredrar al resto de los diputados y, sobre todo, al hasta ahora timorato Poder Ejecutivo, para avanzar en la aprobación de los proyectos contenidos en la agenda por la responsabilidad fiscal y, de inmediato, ocuparse de lo que queda más allá de la cuestión fiscal.
El autor es abogado.
