EscucharWASHINGTON, D.C. – Las elecciones parlamentarias que tendrán lugar en Venezuela en diciembre ofrecen un destello de esperanza a un país que enfrenta sombrías perspectivas. Si se implementan adecuadamente, ofrecen un canal institucional para gestionar la profunda polarización política y el creciente descontento popular del país.
Dado que casi seguramente la oposición al régimen chavista del presidente Nicolás Maduro logrará, como mínimo, un avance importante, el resultado podría representar la puerta de entrada a negociaciones capaces de corregir la trayectoria autodestructiva venezolana.
Eso no será posible, sin embargo, a menos que las elecciones sean transparentes y creíbles. En el volátil clima político venezolano, garantizar un proceso justo requerirá la presencia de observadores internacionales de confianza para las elecciones, algo que hasta el momento Maduro no ha autorizado.
Según la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones del 2005, un control confiable requiere que se cumplan cinco criterios. En primer lugar, los observadores deben ser autónomos –no solo financieramente– en su relación con el país anfitrión. En segundo lugar, los observadores deben poder acceder sin restricciones a todos los aspectos y fases del proceso electoral, así como a todas las tecnologías involucradas. En tercer lugar, los observadores no deben sufrir restricciones para mantener reuniones con todas las autoridades y actores políticos. En cuarto lugar, los observadores no deben recibir presiones ni amenazas de represalias por parte de ninguna autoridad gubernamental. Y, en quinto lugar, los observadores deben poder emitir declaraciones e informes públicos con sus hallazgos y recomendaciones.
Estos principios han sido ratificados por las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, el Centro Carter y una larga lista de organizaciones muy respetadas e involucradas en la promoción de la democracia.
Una notable ausencia en la lista de firmantes es la de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur): el único organismo internacional al que las autoridades venezolanas han invitado para monitorear las elecciones de diciembre.
Tristemente, Venezuela cuenta con una larga tradición de cuidadosa selección de los observadores para sus comicios. Ni la OEA ni la UE han sido invitadas a observar las elecciones en Venezuela desde el 2006. El Centro Carter, que emitió informes amablemente redactados, pero indudablemente críticos después de las elecciones del 2012 y 2013, no fue invitado esta vez, a pesar de su larga asociación con el país y las alabanzas que en el pasado prodigara el expresidente estadounidense Jimmy Carter a su tecnología para el recuento de votos.
Confiar exclusivamente en la Unasur para la observación de las elecciones resulta extremadamente problemático, incluso dejando de lado algunas de sus normas y prácticas heterodoxas, como la ausencia de una prohibición explícita a recibir financiamiento y observadores de los países anfitriones. Mucho más preocupante resulta que esa organización haya aceptado las cuestionables condiciones previas impuestas por las autoridades venezolanas.
Las normas que aceptó la Unasur son tan peculiares que su participación ni siquiera es denominada observación electoral sino, reveladoramente, “acompañamiento electoral”. Según la ley actual, los movimientos y actividades de control de los observadores de la Unasur están sujetos a un plan previamente aprobado por las autoridades.
Los observadores deben solicitar una aprobación explícita para cualquier visita, entrevista o reunión que se efectúe en las oficinas de cualquiera de las autoridades electorales. La organización también está obligada a abstenerse de efectuar declaraciones públicas de todo tipo hasta después del anuncio de los resultados y a mantener todas las sugerencias que haga a las autoridades electorales –incluido su informe final– bajo estricta confidencialidad.
No sorprende entonces que la oposición venezolana –que perdió la última contienda presidencial por un punto porcentual– confíe poco en que la participación de la Unasur garantice una elección creíble. Tampoco es una sorpresa que los líderes opositores hayan solicitado la presencia de observadores de la OEA, por lejos el organismo más experimentado en el hemisferio occidental en temas de monitoreo electoral. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha ofrecido reiteradamente el envío de una misión electoral, ante lo que solo recibió el indignado rechazo de Maduro.
Es desafortunado que países vecinos como Brasil, Uruguay, Argentina y Chile –que continuamente mantienen elecciones de elevada calidad– no estén realizando sus mayores esfuerzos para garantizar que el próximo voto venezolano sea libre y justo.
Las encuestas recientes indican que Maduro perdería la mayoría parlamentaria. Si en lugar de ello gana por un pequeño margen, su victoria, en ausencia de observadores confiables, no tendrá credibilidad. Considerando las posibilidades que tiene de generar una grave agitación política, un resultado de ese tipo presenta un peligro para todas las partes involucradas.
Kevin Casas Zamora, exvicepresidente de Costa Rica, es director del Programa Peter D. Bell Rule of Law del Inter-American Dialogue. © Project Syndicate 1995–2015
