EscucharLas políticas públicas durante las últimas décadas han tenido una dirección: la apertura de la economía, y lo han logrado en gran medida. Se han creado zonas francas y concedido ventajas fiscales a las inversiones externas por medio de un sector dinámico que ha permitido elevar el ingreso de un 20% de la población.
El país ha generado condiciones para las inversiones de interés del capital externo, pero ha sido omiso en cuanto a definir las prioridades nacionales o regionales, y han faltado estímulos para los encadenamientos con las empresas nacionales. De tal forma que las inversiones definidas por el capital externo gozan de ventajas fiscales, pero los posibles proveedores nacionales han estado al margen.
Solo un sector de la economía tradicional, capaz de participar en el mercado externo y elevar su competitividad, ha sido objeto de atención pública siguiendo el modelo de Monterrey, en un contexto muy diferente, por cierto, y con escasos recursos.
Las políticas sectoriales y regionales que estimulen el conocimiento y la difusión de las innovaciones realizadas por productores del sector tradicional en las regiones, también han estado ausentes. Tampoco se han promovido encadenamientos que dinamicen las economías locales como lo hacen en China. En este sentido, Costa Rica no aprovecha las mejores prácticas gestoras de capital social, ni individuales ni asociativas, como es el caso de Coopeagri, de gran impacto en Pérez Zeledón, para darlas a conocer e impulsarlas en el resto del país.
Ajustes necesarios. El punto de partida ha sido suponer que la economía se sostiene sobre el sector moderno exportador y lo demás son “empresas de pobres” que se sostienen por la necesidad inmediata de la gente como modus vivendi o son subsidiadas por el sector social; se miran como dos sectores separados, con escasa o nula vinculación, cuyo futuro va a depender de una especie de “derrame”, cuando la riqueza del sector moderno se desborde y termine por enriquecer a toda la población.
Como se puede apreciar en las experiencias mundiales, este supuesto ha resultado falso y ha conllevado un creciente costo social y de seguridad ciudadana. Lo más grave es que tal visión se encuentra en la base de la mayor parte de los proyectos institucionales, a contrapelo del Plan Rescate del Gobierno, que se propone reactivar el sector tradicional. En este sentido se requieren ajustes institucionales importantes y nuevas políticas públicas que activen las capacidades y posibilidades del llamado sector tradicional, incluyendo a quienes permanecen excluidos del empleo por falta de formación educativa, técnica y empresarial.
La reorientación es posible, pero para lograrlo es necesario hacer cambios importantes para colocar el interés público por encima de los intereses de grupos, transformación imposible de realizar sin estimular la organización de base con: políticas que impulsen el desarrollo territorial priorizando con ventajas financiera y fiscal, o de otro tipo, las fortalezas del territorio; programas y proyectos estimuladores de la generación de empleo e ingreso a través de encadenamientos productivos territoriales o regionales; y gestionando capacidades empresariales para estimular el autoempleo en condiciones de mercado.
Lo primero ya se inició, aunque camina lentamente, con la puesta en marcha de la ley del Inder, que sin embargo está dirigido, hasta el momento, institucionalmente, pero debe desembocar a mediano plazo en un reordenamiento de la gestión pública. Falta tiempo para que las nuevas autoridades se consoliden y tomen la iniciativa de su desarrollo.
Los encadenamientos están muy asociados a la participación de los productores y de los ciudadanos en el desarrollo del territorio, pero pueden ser estimulados por medio de políticas nacionales. Por ejemplo, pueden darse ya avances desde la Banca para el Desarrollo impulsando la economía del territorio y aprobando medidas municipales que estimulen los encadenamientos abriendo espacio a la economía solidaria, incluso dentro de la misma economía social corporativa existente, que no es nada pequeña.
Operación “tenazas”. En cuanto a la segunda parte, la de capacitación empresarial para el autoempleo, existe experiencia y posibilidad técnica para llevarla a cabo, pero es preciso un ajuste institucional para brindar servicios de formación expeditos, oportunos y acordes con las necesidades y posibilidades existentes, así como financiamiento y crédito oportunos acordes con la maduración y organización de los emprendedores. Mientras este ajuste no se produzca, y no sucederá de la noche a la mañana, el peligro es el derroche de los fondos de la Banca para el Desarrollo en una espiral populista.
El ajuste institucional no se producirá de manera automática, existe mucha resistencia parapetada con reglamentaciones, lo cual mantiene la inercia y prejuicios contra la gente organizada que tiene propuestas.
No basta con que las instancias políticas pregonen la necesidad de eficiencia y eficacia, tampoco con que presenten proyectos; es necesaria una operación “tenazas”, que a las reformas institucionales se les una la presión de los territorios y de los grupos organizados para que los ajustes sean reales y verdaderos.
No debe temerse a la gente que presenta propuestas elaboradas por ellos mismos con apoyo técnico. Debe temerse al uso de los recursos públicos para construir “liderazgos” y establecer juegos de poder en las cúpulas que coopten la autonomía de las bases y estimulen el populismo fácil.
El autor es sociólogo.
