EscucharMADRID – El acuerdo alcanzado en la madrugada del 24 de noviembre entre Irán y el P5 +1 (los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, más Alemania) sobre el programa nuclear de Irán demuestra algo que es de vital importancia: el régimen de sanciones ha funcionado. El acuerdo interino es el primer compromiso que asume Irán respecto de su programa nuclear en más de una década y una victoria diplomática en un ámbito condicionado desde hace tiempo por la sombra de la intervención militar. Dicho lo anterior, la euforia de algunas de las reacciones que estamos presenciando está fuera de lugar.
Más allá de las ambigüedades y limitaciones del acuerdo que cubre los próximos seis meses, las negociaciones han puesto al descubierto la realidad del programa de armas nucleares de Irán, así como que estas siguen siendo un símbolo de estatus geoestratégico. De ambas consideraciones se deduce la dificultad de alcanzar un acuerdo global y la posibilidad de que un esfuerzo internacional acabe materializándose en una serie de acuerdos de mínimos, encaminados a retrasar la adquisición del arma nuclear por parte de Irán, en lugar de eliminar la amenaza por completo.
Bajo los titulares que califican de histórico el acuerdo alcanzado en Ginebra, encontramos un pacto limitado y ambiguo. El comunicado conjunto emitido por la Alta Representante de la UE, Catherine Ashton, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Javad Zarif, se refiere al acuerdo como “plan conjunto de acción” que establece “un proyecto hacia una solución integral a largo plazo”; y argumenta que se trata de un primer paso que sienta las condiciones y el tiempo necesarios para lograr una “solución integral”. Se trata, en realidad, de crear medidas de confianza. De hecho, las obligaciones a que hace referencia el acuerdo provisional están planteadas en términos de “medidas voluntarias”.
A lo sumo, el acuerdo mantiene el statu quo actual y, en algunos aspectos, incluso permitiría que prosiguiese el programa nuclear de Irán. En este sentido, tal vez el aspecto más preocupante del acuerdo provisional se refiera a la planta de Arak –aún en construcción– que podría constituir la fuente de producción doméstica de plutonio con fines últimos militares.
El acuerdo alcanzado en Ginebra incluye el compromiso de Irán de no transferir combustible o agua pesada o firmar la adquisición de su reactor nuclear de Arak. Sin embargo, no parece incluir una moratoria global sobre construcción. Según la Agencia Internacional de Energía Atómica, la planta de Arak aún carece de varios componentes de los reactores principales, tales como los equipos del centro de control y los sistemas de refrigeración. Si así fuera, Irán podría avanzar en su programa de plutonio durante el período de seis meses de establecimiento de confianza. Ese vacío legal es aún más preocupante a la luz de las informaciones originadas en los servicios de inteligencia occidentales, aparecidas en la prensa francesa esta semana, relativas a la construcción de instalaciones en Shiraz que podrían destinarse a separar el plutonio con el fin de crear el material fisible necesario para sus fines nucleares-militares.
No se puede negar que el proyecto iraní de adquirir la capacidad de producir armas nucleares pueda basarse en consideraciones de seguridad. Sin embargo, el factor más relevante es el nacionalismo. No es solo que todas las grandes potencias tengan armas nucleares; el problema, desde la perspectiva de Irán, es que las potencias menores –en particular, los Estados vecinos como Pakistán e Israel– las tienen. Los iraníes se consideran herederos de una gran y antigua civilización con ambiciones de liderazgo regional, y sienten que su país es objeto de una agresiva campaña de condena internacional, de marginación y de discriminación.
Han pasado casi 70 años desde los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, y aún hoy el mundo entiende que, para acceder a la mesa de los grandes de la geopolítica, se requiere el arma nuclear. Ciertamente, Alemania sería una excepción a este aserto, si no fuese por su carencia real de envergadura geoestratégica; y, aunque Japón sabe del horror de la guerra nuclear, importantes voces internas piden un cambio de su estatus no nuclear.
Este simbolismo de las armas nucleares como una forma abreviada de la grandeza nacional se ve reforzado por la arquitectura de un régimen de no proliferación que divide a los Estados en dos campos: los países con armas nucleares y los que no las tienen. Actitud que viene reforzada por el hecho de que las “potencias nucleares reconocidas” del Tratado de No Proliferación Nuclear –China, Francia, Rusia, Reino Unido y EE. UU.– también constituyen el P5. Mientras la posesión del arma nuclear siga siendo la vía más rápida de un Estado para demostrar su bona fides como gran potencia, conservar la capacidad de desarrollar este tipo de armas seguirá siendo demasiado tentador para países como Irán.
Lo que se necesita es un cambio radical en la equiparación de armas nucleares con grandeza geopolítica. Los esfuerzos para acabar con este planteamiento no han resultado excesivamente alentadores, como demuestra la reciente negativa del Kremlin a la propuesta del presidente de EE. UU., Barack Obama, de que ambas partes redujeran sus arsenales nucleares. Mientras tanto, cinco Estados con armas nucleares –no P5– siguen ampliando sus efectivos. Así, se estima que Pakistán y la India han casi triplicado sus reservas de armas nucleares durante la última década.
El acuerdo provisional con Irán marca un hito. Por encima de todo, muestra que las sanciones internacionales dan frutos y que es posible avanzar en la vía diplomática –incluso si esta se angostara–. Podemos seguir siendo a la vez ambiciosos y realistas. Sin embargo, un acuerdo global con Irán –y cortar de raíz veleidades de posibles epígonos– requiere un cambio más amplio: un mundo que no solo excluya el uso ofensivo de armas nucleares, sino que también reconozca la insostenibilidad última de su poder disuasorio.
Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores de España y ex vicepresidenta primera del Banco Mundial, es miembro del Consejo de Estado de España. © Project Syndicate.
