Algunos medios, especialmente este diario, han publicado información relativa al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Resulta loable la preocupación de la prensa sobre el tema; sin embargo, los hechos en torno a esta institución, y las medidas correctivas que se han adoptado, se presentan como algo novedoso.
Respecto a lo anterior, se omite señalar que el proceso de saneamiento se inició durante la Administración Chinchilla Miranda mediante la ejecución de medidas correctivas que, de mantenerse por parte de las actuales autoridades, permitirán el rescate de esa institución.
Esto es lo que no se ha dicho:
En mayo del 2006, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe (DFOE-FEC-12-2006) sobre la situación financiera del INVU. Como respuesta a este informe, se ejecutó un plan conteniendo acciones para reordenar y fortalecer esta institución.
En octubre del 2011, la CGR determinó que todas las disposiciones contenidas en el informe del 2006 estaban siendo debidamente atendidas, aunque aún no se concluían. Una de las más importantes acciones que emprendimos fue la revisión del modelo organizacional, la reducción de su planilla y la eliminación de la modalidad de agentes vendedores que habían acumulado privilegios inexcusables.
Con recursos del Presupuesto Nacional, se dispuso la asignación de ¢3.800 millones, gracias a los cuales se pagaron prestaciones a varios funcionarios y se redujo la planilla de la institución en 73 plazas. Esto supuso un ahorro anual de ¢1.000 millones.
Agencias vendedoras. Además, con el fin de acabar con el inadecuado “Modelo de Contratación de los Agentes del Sistema de Ahorro y Préstamo”, la Junta Directiva acordó prescindir de sus servicios. Para ello, recomendamos la contratación directa de agencias vendedoras, organizadas como sociedades mercantiles para los contratos de ahorro y préstamo del INVU. Con este nuevo esquema de contratación, el gasto por cargas sociales a los agentes actuales de Ahorro y Préstamo se reducirá anualmente en cerca de ¢1.350 millones.
Por otra parte, antes de concluir mis funciones, la Junta Directiva tomó las siguientes decisiones:
1) Se aprobó la nueva figura de contratación de los agentes del Sistema de Ahorro y Préstamo (“Contrato de agencias”).
2) Se aprobó el reglamento para la operación de las agencias encargadas de colocación y venta de productos financieros del Sistema de Ahorro y Préstamo, debidamente publicado en La Gaceta .
3) Se instruyó a la Gerencia General del INVU a comunicar el despido de los actuales agentes, y las cartas quedaron debidamente confeccionadas.
4) Se publicó el cartel de licitación para la contratación de las agencias. Según tengo entendido, participaron seis, las cuales duplicaban en número la actual fuerza de ventas.
Medidas detenidas. Inexplicablemente, las nuevas autoridades, que hablan de una “institución encharralada”, pero que omiten indicar el trabajo de “limpia y poda” que veníamos realizando, detuvieron algunas de estas medidas. En concreto, decidieron no entregar las cartas de despido a los actuales agentes vendedores y declararon desierta la licitación para la contratación de las nuevas agencias.
En consecuencia, la actual presidenta ejecutiva del INVU debe explicar por qué se detuvo dicho proceso.
La Contraloría General de la República reiteró en su último informe –el cual se elaboró con el apoyo brindado durante los últimos meses de mi gestión– la necesidad de seguir avanzando en ese tema.
Para concluir, deseo dejar claro que uno de los temas que más polémica ha generado, como lo es el de la adquisición de una vivienda mediante la modalidad de “cesión de acciones o cuotas de una sociedad”, fue autorizado mediante una modificación al inciso f) del Reglamento del Sistema de Ahorro y Préstamo, en la sesión ordinaria 5360, realizada el 17 de marzo del 2004, durante la Administración Pacheco de la Espriella.
Confío en que ahora también se rectifique dicha decisión.