EscucharEl fallecimiento de don Luis Paulino Mora, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, es doloroso pues, sin duda alguna, su don de gentes, humanismo y sabiduría emocional, entre otros factores, le permitieron moverse, con relativa facilidad, entre moros y cristianos, al punto que, tanto unos como otros, lamentemos, por razones diversas e irreconciliables entre sí, su partida y el vacío institucional que deja, aunque no siempre se coincidiera con él respecto de todos los proyectos institucionales que impulsó, con su visión del poder ni con los criterios jurídico-políticos emitidos en algunos de sus votos.
Vacío y golpe de timón. Empero, el hecho consumado de su partida, aunque esta se haya dado de manera tan lamentable, obliga a pensar en que esa ausencia, y otros acontecimientos recientes (como la arbitraria e inconstitucional destitución del magistrado Cruz) deben precipitar una nueva etapa que permita avanzar, decididamente, hacia un proceso de democratización interna del Poder Judicial y consolidación, hacia lo externo, de su legitimidad social, fortaleciendo su independencia frente a los criterios político-partidarios.
Ese es el principal reto para una institución que, desde su génesis, lleva la impronta de un modelo vertical y antidialógico de ejercicio de poder que, en no pocos casos, ha estado más en función de satisfacer vanidades personales y convertirse en caja de resonancia de ciertos grupos sociopolíticos, que en clave con su misión constitucional, a saber, la de dar un servicio público de resolución de conflictos que, sin ser atropellado, populista ni demagógico (y, por ello, irracional), permita superar los procesos burocratizados, entrabados, caros, desiguales e ineficaces que se manifiestan en diversas áreas de lo jurídico (Cfr. Nieto, Alejandro. El desgobierno judicial , Madrid, 2005).
Rol político del Poder Judicial. En todo Estado de derecho, el Poder Judicial juega un importante rol político, en el más amplio y correcto sentido del término. No obstante, en Costa Rica, gracias a importantes reformas efectuadas en materia constitucional y contencioso-administrativa que han permitido una discusión expedita de temas de importancia nacional (reformas, esas, en las que don Luis Paulino tuvo un papel protagónico), así como por el enjuiciamiento penal de muchos funcionarios públicos acusados de incumplir sus deberes, el Poder Judicial se ha convertido en actor de primer orden.
Por ello, algunos grupos han pretendido cooptar a la institución –tanto en los órganos propiamente jurisdiccionales como en algunas de las instituciones puestas, correctamente o no, bajo su alero– para hacerla eco de sus intereses particulares. Este hecho, sumado al ejercicio casi feudal que, a lo interno, se hace del poder en ciertos cargos, ha puesto en entredicho la misión básica de las ‘cortes de justicia’ y ha generado, no sin razón, que la ciudadanía pierda su confianza en ellas, lo que implica una pérdida de legitimidad democrática.
Retos para los actores sociales. Por ello, como bien lo manifestaba Vargas Cullell en estas mismas páginas (La Nación, 21/02/13), las decisiones que se adopten internamente en la Corte sobre la designación de quién asumirá la Presidencia y, en la Asamblea Legislativa, sobre quién ostentará la magistratura constitucional, serán claves, ya sea para el fortalecimiento de nuestro sistema político o para su derrumbe.
En ese tanto, es imprescindible que la misma sociedad civil, las universidades, los colegios profesionales, los medios de comunicación, las ONG, etc. se involucren en estos procesos y exijan, en primer lugar, un cambio sustancial (y no meramente de formas) en el modo en que se eligen a tales personas, para que se propicien debates de ideas, amplios y transparentes, en clave nacional y no en función de satisfacciones personales o político-partidarias, desterrando, de una vez y para siempre la práctica de los ‘lobbies’ y los niveles de servilismo que estos pueden propiciar, así como las inconfesadas llamadas de algunas personas hacia los electores para impulsar determinadas candidaturas.
En segundo lugar, se debe generar un cambio interno en la estructura del Poder Judicial para que la definición de sus metas, proyectos y visiones se haga escuchando y atendiendo las demandas e intereses sociales, sin caer en las demagogias usuales; para que se democratice la toma de esas decisiones a lo interno y se emprendan cambios normativos que hagan que la judicatura (toda ella, incluyendo, con mayor razón, la de más alto nivel), se comprometa con su misión esencial: resolver conflictos, quitando de sus manos las labores administrativas (aquí llamadas ‘de gobierno’ y que comprenden desde nombramientos, capacitaciones y representaciones internacionales hasta inauguraciones de edificios) que han terminado por convertirse en esenciales, al punto de desplazar a aquellas y generar que, ni aún con cambios normativos para disminuir competencias jurisdiccionales, se aceleren los tiempos de resoluciones de los asuntos.
Civismo. Cambios estructurales como los señalados no suelen surgir, motu proprio, internamente en las propias instituciones que los requieren. La historia macropolítica del poder revela que quienes lo detentan, en cualquier dosis, casi nunca renuncian a su ejercicio o a la forma en que lo usan.
Casi nunca, aunque sí ha sucedido (v. gr. la abolición del Ejército y el respeto a una elección previa por el vencedor de una revolución). Se necesita, entonces, que cada uno asuma su propia ciudadanía y, con espíritu cívico, se interese en la cosapública, es decir, que piense y actúe en clave institucional, nacional, etc. y no personal.
La oportunidad es propicia... ¿estaremos a la altura del momento? Ojalá... ojalá.
