EscucharLos conflictos existen desde el tiempo de Caín y Abel y, desde entonces, se producen interminables esfuerzos por lograr la paz entre las personas o los Estados en pugna. La humanidad organizada no cesa en sus esfuerzos por terminar con la violencia para luego manejar la paz.
Lograr la paz nunca ha sido una ciencia. Es un arte repleto de impedimentos por los odios que irremediablemente genera una guerra.
Todavía más difícil es lograr que la paz perdure porque la paz no siempre es buena. Puede ser una mala paz como la de la Primera Guerra Mundial que fue un simple preludio para la más sangrienta Segunda Guerra Mundial.
La reelección de Juan Manuel Santos en Colombia garantizó la continuidad de la negociación que su gobierno inició en noviembre del 2012 con las FARC para lograr el fin de un conflicto de más de medio siglo y que ha dejado 220.000 muertos y más de 5 millones de desplazados. Pero cuatro años más tarde no se ha firmado la paz.
Los colombianos están muy divididos respecto a la paz que están dispuestos a aceptar. En junio del 2014, casi 7 millones de colombianos votaron en contra de la paz que propone Santos. No aceptaban la inmunidad. Demandaron mano dura contra la guerrilla. Las FARC aceptaron el cargo de “victimarios” (asesinos) pero el castigo que aceptarían no es el que el pueblo colombiano demanda.
¿Qué tanta justicia se sacrifica para que las milicias comunistas depongan sus armas y lograr la paz? Esa es la esencia del problema colombiano.
Represalia y castigo. Muchos internacionalistas argumentan que ya no es necesario hacer una escogencia entre la paz y la justicia porque se presume que la justicia traerá la paz. Pero la justicia demanda castigo. Quienes han cometido o autorizado atrocidades deben ser enjuiciados ya sea por cortes domésticas o internacionales.
Se asegura que solo terminando con la impunidad de los autores de crímenes de guerra se puede disuadir abusos de los derechos humanos en el futuro.
Este llamado a la represalia y al castigo tiene la virtud de su claridad moral. Quien comete un crimen debe saber que tiene que descontar una pena. Sin embargo, esta tesis se ha estrellado con la realidad.
¿Qué pasa si en un conflicto los dos bandos cometieron violaciones de los derechos humanos? ¿Qué pasa si los autores de las violaciones de los derechos humanos suman cientos de miles como ocurrió en el genocidio de Ruanda o miles como en Colombia?
Inoperante. La Corte Penal Internacional (CPI) se estableció porque “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo”. Pero la triste realidad es que esta Corte ha probado que sirve solo para enjuiciar actores de menor cuantía, que no cuentan con aliados poderosos.
La violencia actual más cruel y generalizada esta ocurriendo en Oriente Medio y es precisamente a raíz de la Primavera Árabe que se ha destapado la inoperancia de esa Corte.
El presidente de Siria, Bashar al-Asad, ha cometido atrocidades en la guerra civil de Siria –incluso con el recurso a armas químicas– que ha resultado en cientos de miles de muertos, millones de heridos y cuatro millones de desplazados que rondan como fantasmas por toda Europa buscando sobrevivir.
Pero la Corte Penal Internacional no actúa porque Rusia –poderoso aliado de Asad– vetaría cualquier acción penal de la CPI en su contra. Esta realidad erosiona la fe en la relevancia de la Corte como un medio para traer la paz y hacer justicia. No ha probado ser un verdadero sistema internacional de justicia. Fomenta la impunidad porque no cuenta con la potestad de hacer valer un castigo.
En años recientes, Sudán ha estado involucrado en conflictos tanto en el sur del país como en el área de Darfur. El presidente de Sudán, Omar Hassan al-Bashir, ha sido reelegido varias veces y es apoyado por sus aliados en la Unión Africana. Pero en el 2009, la Corte Penal Internacional anunció una orden de detención contra él por violación de los derechos humanos y por crímenes de guerra. Por primera vez en la historia, la Corte buscaba la detención de un jefe de Estado.
Inconveniencia. Franklin Graham, presidente y ejecutivo en jefe de la Asociación Evangelista de Billy Graham en Sudán, opina que en sus 16 años de trabajo de asistencia social en ese país ha sido testigo de mucha de la violencia que el gobierno de Bashir ha causado, pero aseguró que arrestar a Bashir en ese momento amenazaba con deshacer el progreso que este país ha logrado hacia la paz.
Y el hecho es que ha habido progreso. En el 2005, Sudán firmó un acuerdo que terminó con la guerra civil, despejó el camino para la celebración de elecciones y logró la independencia del sur del Sudán. Para alcanzar todos estos acuerdos, Bashir tuvo que enfrentarse con miembros de su propio partido.
Opinó Graham, además, que no había ninguna garantía de que cualquiera que reemplazara a Bashir sería mejor. “Sin Bashir no hay garantía de que los grandes beneficios que se han logrado en Sudán sean perdurables. Su mera presencia los garantiza mejor que una fuerza pacificadora de las Naciones Unidas”.
“Quiero que se haga justicia, pero la necesidad de paz en Sudán es más importante. La justicia sin paz será una victoria hueca. Con su detención, sus adeptos de seguro se lanzarán en agresiones de retaliación contra civiles, los pacificadores de las Naciones Unidas y los funcionarios que dispensan la ayuda internacional”, opinó Graham.
Justicia impuesta. La Segunda Guerra Mundial causó 55 millones de muertos y se produjeron violaciones de los derechos humanos en una escala sin precedentes tanto por el régimen nazi como por el imperio japonés.
El 8 de mayo de 1945, el Consejo de Control Aliado asumió la autoridad suprema en Alemania. En el artículo 24 de la nueva Constitución, le imponía a ese país limitaciones de su soberanía nacional con respecto a su derecho a la beligerancia.
En noviembre de 1945 se inició el Juicio Principal de Núremberg por el Tribunal Militar Internacional en contra de 24 de los principales dirigentes supervivientes nazis que fueron juzgados por guerra de agresión, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y fueron condenados a muerte o a largos plazos de prisión.
Con la rendición del Imperio de Japón el 2 de setiembre de 1945, el artículo 9 fue añadido a la Constitución de Japón. En su texto, Japón renuncia formalmente a la guerra como derecho soberano, prohíbe la resolución de disputas internacionales a través del uso de la fuerza y ordena que no se mantendrán fuerzas armadas con potencial bélico.
El 15 de agosto de 1945 Estados Unidos constituyó un Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente con el fin de juzgar a los imputados en los crímenes de guerra. El tribunal no absolvió a ninguno de los acusados. Las condenas a muertes fueron ejecutadas por ahorcamiento.
Más de 70 años han transcurrido desde que terminó esa guerra y la paz que surgió después de esa tragedia ha perdurado. La paz impuesta establece que la justicia y la paz se pueden hermanar solo cuando la justicia es impuesta por la fuerza militar que garantizó una transición estable hacia una paz duradera. La fuerza impuso la justicia y la paz. Los jueces contaron con policías.
La moraleja de esta historia es que hay que tener mucho cuidado antes de iniciar una guerra porque una buena paz solo es posible lograrla por medio de una fuerza superior que derrote al enemigo.
El autor es médico.
