Una de las reticencias, expresadas por el sector productivo, a la imposición de nuevos tributos es que, al cabo de un tiempo, volveríamos a lo mismo. Tienen razón. La tentación de incrementar el gasto público es –y seguirá siendo– compulsiva. Hay que buscar la cura.
El remedio podría estar en las reglas fiscales o de responsabilidad fiscal. El Gobierno lo sabe. Por eso, aparentemente, buscó la asesoría técnica del BID, experto en reglas fiscales de última generación, para que le ayude a elaborar un conjunto de normas para persuadir a los incrédulos. A mí me invitaron a curiosear. Mi posición es la siguiente.
Sí creo en reglas fiscales, pero sujetas a ciertos requisitos: deben aprobarse y ponerse en ejecución antes de crear nuevos impuestos ( sine qua non ); deben ser comprensivas; cubrir al Gobierno central y a otros entes; han de estar bien elaboradas, técnicamente completas y a prueba de bala; deben incluir normas mínimas para dar espacio a la inversión pública ( golden rule ), que permitan acceder al mercado de capitales y construir obra sin aumentar impuestos para financiarlas; tienen que acomodar el ciclo económico (evitar gastar en las vacas gordas y gravar en las flacas); y, finalmente, incluir sanciones severas. Si no, no hay nada.
Según un estudio del BID ( Inversiones públicas y reglas fiscales ), “buscan asegurar la sostenibilidad fiscal del Gobierno, dados los sesgos hacia el incremento del gasto público, y asegurar la estabilidad macroeconómica, limitando el crecimiento del gasto durante fases expansivas del ciclo para generar espacio para aumentar el gasto y reducir los impuestos durante fases recesivas”. Se agrupan de acuerdo a la variable fiscal por restringir: reglas de balance fiscal (límites al déficit), reglas de tope de deuda, reglas de tope del gasto y reglas de límite del ingreso. Cada una tiene sus complejidades. Y, claro, el diablo está en los detalles.
Tal vez las reglas fiscales de última generación más completas son las adoptadas por la Unión Europea ( Six pac ) luego de la crisis. Incluyen nuevos límites al déficit estructural anual de un 0,5%, límites de deuda pública a un máximum del 60% del PIB y expansión de gastos corrientes (salarios) a no más del alza nominal del PIB, entre otros. Se contempla el examen de la viabilidad y contravenciones por parte de un consejo ( council ) independiente para exigir correcciones, según el caso. En Costa Rica, hay un buen proyecto de ley de responsabilidad fiscal, de Otto Guevara y Mario Redondo, que podría servir de base para una ley definitiva.
Jorge Guardia fue presidente del Banco Central y consejero en el Fondo Monetario Internacional. Es profesor de Economía y Derecho económico en la Universidad de Costa Rica.