En su informe técnico sobre el presupuesto nacional para el 2014, la Contraloría General de la República resalta la urgencia de aumentar los ingresos del fisco en ¢900.000 millones (un 3,4% del PIB), con el fin de evitar la nefastas consecuencias que esta brecha fiscal tendría para el país.
Esa preocupación coincide con el llamado del Ministerio de Hacienda a identificar con urgencia, en el marco de un diálogo con diversos sectores, las acciones necesarias para asegurar el futuro de las finanzas del Estado.
Dentro de los factores por evaluar se mencionan la eficiencia, la calidad y la capacidad de ejecución del gasto público, los procesos de contratación de bienes y servicios, la eliminación de duplicidades y la evaluación de los programas públicos, entre otros.
Justamente, al igual que sucede en muchos países de Latinoamérica, Costa Rica enfrenta el reto de decidir qué hacer prioritariamente con sus limitados recursos y cómo promover el desarrollo con un presupuesto deficitario.
Al respecto, la especialista brasileña en estrategias públicas y gobierno electrónico, Florencia Ferrer, señala que la solución a este dilema puede llegar por tres vías:
La ampliación de la recaudación (con el inconveniente de que Latinoamérica tiene ya una de las más pesadas cargas tributarias del mundo) que se torna de difícil ejecución.
El recorte de la inversión pública que políticamente es de muy difícil aprobación.
El aumento de la eficiencia del Gobierno y la reducción de los costos en la prestación de los servicios públicos.
En este último camino, que parece ser el más viable, la introducción de los sistemas de gobierno electrónico ha desempeñado un papel fundamental.
Estudios realizados sobre experiencias concretas en este campo, comprueban que los beneficios logrados son considerables y que el Gobierno Digital es la mejor manera de controlar y mejorar la calidad del gasto público, la eficiencia en la recaudación y de atender las demandas crecientes de los ciudadanos.
Comercio público internacional. En el caso de las compras públicas, por ejemplo, la experiencia internacional muestra que con la utilización de plataformas electrónicas únicas para la adquisición de bienes y servicios se logra un ahorro, solo en precios, que oscila entre el 12% y el 22%. En Costa Rica, donde las compras públicas se sitúan en el 12% del PIB, lograr un ahorro del 20% en las adquisiciones conseguiría una reducción del déficit equivalente a ¢635.000 millones; es decir, un 2,4% del PIB.
Pero las compras públicas no son la única vía de ahorro y eficiencia. En el caso de Costa Rica, si decidiera introducir tecnología de última generación para modernizar el funcionamiento del sistema aduanero (con operación en tiempo real, gestión de riesgo inteligente y cumplimiento de la normativa aplicable) se prevé que el nuevo sistema generaría un beneficio económico global cercano a los $1.987,6 millones, en los siguientes 10 años, gracias al aumento de recaudaciones, crecimiento de seguridad pública y reducción de costos.
Un diagnóstico presentado este mes por la Customs Uni-Pass International Agency (Cupia), para los ministerios de Comercio Exterior y Hacienda, revela que solo por incremento de la recaudación aduanera y reducción del comercio ilícito, con el uso del sistema electrónico se estiman beneficios para el Estado por $430,3 millones. Eso significa, para efectos de las finanzas públicas, ¢215.150 millones más, equivalentes al 1% del PIB.
Sistema moderno. Además, para el sector privado, la modernización del sistema de gestión representaría un ahorro del orden de los $1.557,4 millones (¢778.700 millones), por reducción de costos comerciales y de despacho y por mejoras en tiempos operativos, que equivaldrían al 2,94% del PIB.
Pero, sobre todo, tendría un impacto significativo en el mejoramiento del clima de negocios, el comercio internacional y la competitividad del país.
En decir, un sistema unificado de compras electrónicas para el sector público y la modernización de la gestión aduanera aportarían, juntos, el 3,4% del PIB. El mismo monto de la brecha fiscal actual.
Si a eso sumamos otras iniciativas que se podrían implementar, como un sistema tributario en línea eficiente, el expediente médico electrónico, la telemedicina, o la creación de ventanillas únicas electrónicas para reducción de tramitomanía, el impacto para el país ser vería multiplicado en términos de ahorro y competitividad.
La mejoría del gasto público introduciendo criterios de transparencia y eficiencia es una tarea impostergable para el país, y el gobierno electrónico es uno de los principales caminos para hacerlo.