Opinión

Un gobierno judicial transparente

Actualizado el 22 de marzo de 2015 a las 12:00 am

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Los primeros años del siglo XXI evidencian los grandes retos que deben ser superados para lograr las metas de desarrollo humano que se han trazado. Las instituciones públicas enfrentan la tarea de realizar los cambios necesarios para lograr mayor efectividad en sus funciones, con miras a potenciar una mejora sustantiva en la calidad de vida de las personas.

El Poder Judicial, institución encargada de la administración de justicia, no es ajeno a las cambiantes condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de nuestro país. La Costa Rica actual dista mucho de lo que era tan solo unos años atrás; las necesidades, conflictos y exigencias que enfrenta el Estado obligan a repensar la gestión pública y encontrar mejores formas de realizarla.

Este vertiginoso cambio y las nuevas demandas de la sociedad, gestaron la creación de una iniciativa internacional voluntaria, que procura la transparencia del desempeño en el sector público, la participación ciudadana, la mejora en la capacidad de respuesta de la administración pública y la lucha contra la corrupción. Se le conoce como Alianza para el Gobierno Abierto. El proyecto inició con ocho países y hoy cuenta con 64, entre los cuales se encuentra Costa Rica, que se incorporó en enero de 2012.

Como parte de los compromisos asumidos en la Cumbre Anual de la Alianza para el Gobierno Abierto, realizada el 31 de octubre de 2013 en Londres (Inglaterra), nuestro país se comprometió en el punto número 10 del apartado de “empoderamiento de los ciudadanos” a desarrollar una “política de gobierno abierto para el Poder Judicial”.

Actualmente no existe una definición única y consensuada de lo que es un gobierno abierto. Entre sus características se señalan la transparencia de las actividades, la accesibilidad de los servicios públicos, la disponibilidad de la información pública, y la agilidad con la que se responde a nuevas ideas, demandas y necesidades.

Otros mencionan que es un gobierno que debe escuchar permanentemente lo que tienen que decir los ciudadanos, y establecer alianzas estratégicas que facilitan la colaboración con otras instituciones y con las organizaciones de la sociedad civil, para que los servicios se presten en forma abierta y transparente.

Lo anterior requiere de una serie de actividades y modificaciones de los paradigmas institucionales. El proceso incluye la apertura de los datos públicos, y el involucramiento de la ciudadanía y de todos aquellos agentes sociales que participan activamente dentro de esa relación Administración–población, desde estudiantes, medios de comunicación, agentes de cambio y público en general.

La gobernanza abierta comporta invitar a la gente a participar en la toma de decisiones, la asignación de recursos, la lucha contra la corrupción y la implementación de políticas y servicios de calidad. Estos temas no son novedosos para el Poder Judicial, donde se han venido realizando diferentes proyectos bajo esta línea. Lo importante es ahora coordinar y conjuntar los esfuerzos institucionales, pues en eso consiste la política de gobierno abierto.

La autora es presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

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