La Constitución Política de 1949, que acaba de cumplir 70 años, ha permitido, entre muchas cosas, una consolidación institucional que le ha otorgado a Costa Rica una base de estabilidad y de seguridad jurídica que, a pesar de sus imperfecciones y distorsiones, asegura los derechos de sus ciudadanos.
Sin embargo, no es suficiente. El país no debe contentarse con un afianzamiento institucional que es básico, pero que no resuelve, por ejemplo, las angustias del desempleo. De acuerdo con los diferentes índices de libertad económica (como el de la Fundación Heritage) y con la contundencia de la realidad, los países que tienen mayor bienestar son aquellos que apostaron decididamente por la libertad económica. Por ello, Costa Rica debe ser pragmática y dirigirse, sin medias tintas, hacia ese derrotero para asegurar su desarrollo.
Reforma constitucional. Un primer paso para que la libertad económica tenga un verdadero sustento normativo del más alto nivel sería una reforma constitucional que asegure su promoción y fortalecimiento. En ese sentido, la Constitución Política debería incluir de manera expresa a la libertad económica como uno de sus principios rectores para el progreso. Esa misma reforma tendría que establecer que la empresa privada es la base de la economía nacional y podría consagrar la acción de inicio o creación de empresas (emprendimiento) como un derecho de carácter constitucional. Este derecho no debería ser limitado por el Estado ni por ningún tercero, siempre y cuando no contravenga el orden público, las buenas costumbres ni afecte a otros. Es evidente que el actual artículo 46 de la Constitución Política ya consagra la libertad de comercio y existe una interesante jurisprudencia constitucional que la garantiza. Sin embargo, precisa un respaldo adicional, expreso y contundente por parte de nuestra carta magna para que la libertad económica se erija como el verdadero principio rector de nuestro ordenamiento jurídico y de la economía nacional.
Armonía jurídica. Una modificación constitucional como la indicada obligaría a un necesario e intenso trabajo de armonización del resto del ordenamiento jurídico (leyes, reglamentos y demás) para que se sostenga a partir de los principios constitucionales de libertad económica. Incluso, obligaría a la derogatoria de leyes que guardan algún espíritu proteccionista, paternalista estatal o de limitación a la empresa privada.
Una vocación de ese tipo constituiría una oportunidad para desbloquear la economía y eliminar elementos que la distorsionan, como los monopolios estatales (por ejemplo, la energía eléctrica) y los monopolios empresariales producto de regulaciones preferentes. Las ventajas que tienen algunos empresarios con respecto a determinados productos agrícolas son inaceptables, pues desfavorecen a cientos de miles de consumidores que no pueden optar por mejores productos que podrían venir del exterior. Ante esto, la unión a la Alianza del Pacífico debería ser una prioridad. Igualmente, la libertad económica promovería procesos de privatización los cuales son una vía más sana para generar recursos que introducir nuevos impuestos.
Al establecer la libertad económica como principio rector de la economía, el Poder Ejecutivo y el Legislativo pueden desarrollar un programa nacional de eliminación radical de trámites en todas las instituciones estatales, incluidas las municipalidades. Se mantendrían únicamente aquellos trámites que aseguren un mínimo o, cuando menos, un razonable control. El objetivo esencial es simplificarle la vida al costarricense y no complicársela con sobrerregulaciones.
Las decisiones indicadas no son ni populares ni mucho menos sencillas. Siempre contarán con violentas objeciones ideológicas de algunos sectores que defenderán el estatismo y demonizarán la iniciativa. Pero es ahí, en medio del fuego de la confusión, cuando se demuestra la madera de nuestros líderes, quienes podrían asumir un rol histórico y apostar con audacia por la libertad económica. Ese sería el cambio que necesitamos para que todos retomemos la confianza.
El autor es abogado