EscucharRocío Aguilar es una Juana de Arco. Quemada por su forma de ver el control como un fin en sí mismo. Una lógica que a miles de funcionarios los conduce a ponderar riesgos y consecuencias, y optar por trasladar a otros la toma de decisiones difíciles.
He ahí lo que el modelo construye. Una cuasi parálisis que da sustento a la judicialización de miles de asuntos cuya resolución corresponde originalmente a las administraciones, a los llamados a planificar y controlar.
Mientras Rocío era quemada, los rectores de las universidades públicas manipulaban los datos. Difundieron la falsa información sobre las becas en riesgo, aunque en las pancartas de los estudiantes se leía la frase “no ser siervos menguados”.
Con mentiras, se alcanzó un acuerdo que pone en gran riesgo el cumplimiento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y las competencias de la Contraloría General de la República. Sin duda, el tono de su voz será más sonoro hoy para decirles a la Contraloría y a otros “tenemos autonomía, es decir, ustedes no tienen competencia sobre nosotros”.
Tras la salida de Rocío, me temo, se inicia la cuenta regresiva para la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, apoyada por la mayoría de los diputados, quienes merecen crédito por la aprobación.
Si las universidades se salen con la suya, seguirán las municipalidades y el Poder Judicial, los cuales encuentran en la Constitución la famosa autonomía.
Hueco fiscal. Lo del hueco fiscal fue el resultado de una desastrosa y reprochable conducta de quienes tienen relación con el presupuesto público. Rocío heredó un serio problema, que siendo contralora no una, sino decenas de veces, lo advirtió.
La Asamblea Legislativa pudo hacer más para evitar el riesgo del impago, pero no lo hizo. Se le puede dar cierto beneficio de la duda, si se precisa que su órgano auxiliar, el que debió asesorar en tan grave asunto, tampoco actuó para que el Primer Poder frenara a tiempo las consecuencias de la irresponsabilidad.
Rocío es víctima de su heroísmo. Como experta y excontralora, sabía bien en qué terreno se movía; y decidió, porque la bandera de Costa Rica es la que siempre le ha importado anteponer, más que los riesgos personales.
Es víctima de un modelo de control que premia la no alerta a tiempo y aplaude el andar apagando incendios.
Los constituyentes de 1949 fueron precisos sobre cómo debe ser la lógica del presupuesto nacional. Pero a vista y paciencia de muchos, decenas de años pasaron y hubo miles de abusos en el plan de gastos hasta que el incendio fue inevitable.
La Constitución siempre ha tenido el principio del equilibrio, de modo que ha habido posibilidades de parar tales abusos. Pero no fue así, los presupuestos fueron aprobados sin respeto por lo promulgado por el constituyente.
Rocío, al final, recordó ese deseo, impuso orden, decidió no caer en impago, evitó un daño a la Hacienda pública, y hoy paga el precio de su valor.
Modelo de control. Nadie debe dudar de la obligada sanción a los funcionarios cuyas conductas perjudican los fondos públicos; sin embargo, es apremiante reflexionar sobre la potestad sancionatoria en hechos ocurridos en contextos complejos, y decidir conlleva optar por el mal menor.
El artículo 108, incisos e y g, de la Ley Financiera de la República y sus Presupuestos Públicos establece valorar en la persona la necesidad de satisfacer el interés público en circunstancias muy calificadas, de urgencia apremiante, y si la decisión fue tomada en procura de un beneficio mayor y en resguardo de los bienes, dentro de los riesgos propios de la operación y las circunstancias imperantes en el momento de decidir.
Necesitamos repensar ese modelo de control y sanción. La ley debe ser dura, pero también prudente.
Por lo pronto, lo sucedido a Rocío debe alentarnos a reflexionar, así como a no ser mezquinos con una funcionaria que agrega un cargo más en el cual su entereza quedó en evidencia, otra vez.
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El autor es consultor.
