Nuestro sistema financiero nacional, no obstante afrontar numerosos retos, desde el punto de vista de riesgo goza de buena salud. La historia reciente lo valida con casos concretos al haber pasado una crisis bancaria sin precedentes en el 2008, a partir de la quiebra de Lehman Brothers y de numerosas grandes empresas del país con exceso de apalancamiento. Esto no solo depende de las políticas de supervisión del Conassif, sino también de las propias políticas de riesgo de los supervisados.
Debido a esas sanas prácticas, sin embargo, numerosos participantes del mercado no tienen acceso al crédito, sobre todo, las pymes, los emprendedores y los pequeños empresarios. Uno de los factores determinantes de este fenómeno es la falta de activo fijo para dar en garantía. No obstante existir la Ley de Garantías Mobiliarias, la banca, en general, mantiene su preferencia por la tradicional hipoteca. Ese problema es recurrente en todo foro y debe ser abordado con prontitud.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas agravará significativamente el problema de acceso al crédito que sufre este vulnerable grupo. No solo el sistema financiero lo obliga a buscar fuentes alternativas de financiamiento —a tasas ruinosas en muchos casos—, sino que la referida nueva ley impondrá serias limitaciones al financiamiento no bancario.
El artículo 9 bis establece una deducción máxima del 20 % de intereses no bancarios de la utilidad antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Aunque la ley excluye los intereses provenientes del Sistema de Banca para el Desarrollo, la medida parece insuficiente. Si una pequeña empresa no puede financiarse en el sistema bancario nacional, y también tiene un tope al gasto por intereses de préstamos no bancarios, ¿cómo podrá, entonces, financiar sus operaciones?
No es un secreto que la economía nacional está en franca desaceleración y una prolongada recesión pondría en aprietos la salud del sistema financiero. Tampoco es un secreto que las pequeñas empresas en Estados Unidos aportan la mitad de la fuerza laboral y casi la mitad del producto interno bruto.
Costa Rica no es la excepción, pues se calcula que el 70 % de las empresas son pequeñas y medianas. De ellas depende, en gran medida, una economía dinámica, mediante el desarrollo de nuevos productos y servicios. Y, en nuestro caso, las políticas públicas están haciendo lo propio por entorpecer el trabajo de este grupo. He sido un defensor de la reforma tributaria, pero la voracidad fiscal del Ministerio de Hacienda no puede poner en jaque la economía nacional, y debe tener límites. Los diputados tienen la palabra.
cgonzalez@gonur.com
El autor es abogado.
Escuchar