EscucharLa razón de ser de la política y de sus actores, en los diferentes escenarios del servicio público, es hacer lo mejor y honestamente. ¡Así de simple!
Quien no cumple esos dos cometidos le hace daño al país y debe ser despedido. A nadie se le paga para ser ineficiente o corrupto. Nuestro sistema ha defendido la estabilidad laboral de los empleados públicos, lo cual es bueno y debe seguir así. Pero son necesarios indicadores de medición de resultados para evaluar personas, departamentos e instituciones a fin de determinar si la gestión ayuda a los ciudadanos o es una carga cara para la economía.
Mediante resultados objetivos es posible premiar con incentivos a quienes superan las pruebas, y una mala calificación en dos o tres periodos debe ser causa de una sanción o el despido para quienes no le devuelven a la sociedad, con su trabajo, servicios de calidad. Eso es gerencia y honestidad.
Sistema perverso. A falta de evaluaciones rigurosas, el sistema se ha vuelto tan perverso en muchas instituciones que tratan por igual a buenos, regulares y malos; aún peor, en ocasiones, se castiga a eficientes y se premia la mediocridad.
Basta con pedir a los ciudadanos una calificación sobre los servicios públicos y el trato para determinar el enojo contra muchos funcionarios, quienes incluso hacen del vejamen al público su conducta.
Cambiar es posible y debe ser pronto. Las tecnologías poseen herramientas para medir la gestión laboral. En transparencia, la situación es irritante, todos saben quiénes reciben dádivas y son inamovibles. Deben acelerarse los procesos internos y judiciales para excluir de las planillas a los rufianes.
Creo en las fiscalías de la ética y en su eficiencia. Que se conformen sin crear una plaza más y ayuden a resolver una gestión cuando el ciudadano demuestre que cumpliendo los requisitos ha demorado la resolución. Y que tengan la competencia para recibir denuncias anónimas contra los funcionarios que acorralan a quien se queja para extorsionarlo.
Sentar responsabilidades. En las elecciones municipales, junto con el alcalde electo Humberto Soto, escuché al por mayor censuras contra la Municipalidad de Alajuela, sus departamentos y funcionarios.
Este es el coronavirus del sector público, y debemos parar la epidemia. También, es necesario visibilizar a los políticos clientelistas que han aumentado las planillas públicas y otorgado más privilegios. Esos, en su paso por el Estado, dañan la salud financiera de las instituciones.
La buena gestión es una obligación. Los empleados públicos y los políticos son servidores y su misión es siempre a favor de la gente. Quienes con su ineficiencia, soberbia, altanería y mala conducta tratan mal al ciudadano no merecen representarnos. Con sus actos dañan la democracia, las instituciones, la economía y el bienestar de los habitantes.
La mejora de los servicios públicos y la eliminación de odiosos privilegios son los problemas que valientemente y sin pausa debemos resolver para crear un buen clima de negocios, que le inyecte dinamismo a la economía para crear más empleos y no se eche a perder el país.
El autor es expresidente del IFAM.
