EscucharSin perjuicio de las tareas pendientes, de los desafíos y los riesgos del momento, y de que un porcentaje alto de habitantes vive en la pobreza, Costa Rica tiene bastante tiempo de progresar y vivir razonablemente bien.
Se trata de un mérito opacado por dos razones complejas. Una es que este bienestar no es producto del azar, sino de acciones, primero que todo, políticas, las cuales la inmensa mayoría de los costarricenses ignora o menosprecia.
La capacidad cultural de pasar página y seguir adelante es positiva, salvo por lo dicho. Tendemos a olvidar, o a relativizar el hecho de que no hay almuerzo gratis ni puede hacerse chocolate sin cacao.
Vivir bien, incluso cuando uno tiene la sabiduría de no caer en las trampas del consumismo y las apariencias, tiene un costo. Lo cual me lleva al segundo punto. La combinación de este bienestar con los efectos a largo plazo de decisiones visionarias como la abolición del ejército y la creación de un régimen electoral sólido, confiable, nos permitió concentrarnos en la construcción de una sociedad y de un ordenamiento jurídico en el cual el desarrollo, el derecho y la libertad forman parte inherente de la cosmovisión costarricense.
¿Dónde está el problema? En que a partir de cierto momento, los costarricenses dimos esto por sentado y lo entendimos equivocadamente como un atributo natural y absoluto.
Nuestra idea de la libertad comenzó a distanciarse del respeto y la solidaridad, y nuestra idea del derecho se divorció del deber.
Se creó, de esta manera, un entramado jurídico que, paradójicamente, protege el abuso del derecho.
La presidenta Laura Chinchilla intentó, mediante un veto parcial, evitarle al país los excesos que permitían algunas normas de la Reforma Procesal Laboral, que vivimos durante las más recientes huelgas.
Fue amplia e injustificadamente criticada. Su decisión fue revertida por su sucesor, Luis Guillermo Solís, con un discurso claramente populista.
La decisión multipartidista de los 40 diputados que aprobaron el 3 de setiembre el proyecto de ley presentado por Carlos Ricardo Benavides para ordenar aspectos esenciales del derecho a huelga es parte de este esfuerzo.
Su voluntad no es la de oprimir a los trabajadores, sino liberar a la población de la extorsión que resulta del abuso sindical.
Para cada uno de esos 40 diputados, este voto tiene un costo personal que justifica el reconocimiento de haber sabido colocarse por encima de intereses y objetivos cortoplacistas ligados a la defensa de privilegios que atentan contra nuestro sentido de la igualdad.
La decisión no solo tiene un alcance jurídico, sino también político. El mensaje es que no debemos ceder al pesimismo, aún estamos a tiempo de corregir todo aquello que sofoca el potencial costarricense como si se tratara de una camisa de fuerza, y existe voluntad de hacerlo.
El autor es abogado.
