Es imposible creer que los diputados ignoraban el rechazo de los alcaldes a la regla fiscal y sus pretensiones de librar a las municipalidades de ella desde que fue aprobada.
Algunos, los que buscaban reelección, manifestaron abiertamente su oposición rotunda a esa norma en la pasada campaña política.
Por eso, resulta molesto escuchar o leer declaraciones de los legisladores justificando la aprobación del proyecto impulsado por los alcaldes para aumentar el gasto con el cuento de la pandemia.
Y como bien lo dice el director de La Nación, Armando González, en su columna del pasado domingo, “el proyecto exime permanentemente a las municipalidades de la regla fiscal para ayudarles a enfrentar una emergencia pasajera”.
¿Por qué resultó tan fácil para los alcaldes “convencer” a los diputados de la “necesidad” de quitar el freno al aumento del gasto, pese a las objeciones del Banco Central y la Contraloría General de la República?
Está claro, alcaldes y legisladores son de los mismos y, en muchos casos, están entre “compadres”, pues unos han sostenido la yegua a los otros para alcanzar sus posiciones.
Quienes desempeñan el puesto de alcalde quieren ser diputados y quienes son diputados después quieren ser alcaldes. La cuestión es seguir viviendo a expensas del Estado. ¿Por qué han de importar los criterios técnicos?
Por eso, Armando, no le extrañe que el proyecto tendiente a poner límite a la reelección indefinida de los alcaldes no camine en la Asamblea Legislativa.
Y qué raro, entre los alcaldes más empeñados en tumbar la regla fiscal hay varios que tampoco muestran el mínimo interés en la adhesión de la municipalidad al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Lo bueno es que Marta Acosta sigue en el cargo de contralora general. No dudo que ella sabrá marcarlos de cerca.
El autor es periodista.