EscucharLONDRES – El comercio mundial de niños nacidos por alquiler de úteros está siendo limitado lentamente. La India, Nepal, Tailandia y México han introducido medidas que limitarán o impedirán que los extranjeros contraten nativas como madres de alquiler. Parece que Camboya y Malasia harán lo mismo.
En una industria en la que la creencia popular hace mucho tiempo ha dejado de lado los intentos por “ir en contra del mercado”, este resulta un sorprendente y bienvenido avance.
Los defensores acríticos de la biotecnología tienden a celebrar que los avances tecnológicos hayan dejado atrás a la regulación gubernamental y sostienen que esto ha permitido que la ciencia avance libre de trabas. Sin embargo, la determinación de los países que históricamente han sido centros del alquiler de vientres para detener esta práctica resalta la candidez de esa postura.
No es coincidencia que los países que están tomando medidas enérgicas contra el alquiler de vientres transfronterizo sean aquellos en los que esta práctica se lleva a cabo. El argumento de que todas las partes –las madres de alquiler, los bebés y los padres que los encargan– se benefician gracias a la transacción, no ha resistido un análisis riguroso.
Consideremos a la India, donde la industria del alquiler de vientres genera unos 400 millones de dólares al año; hasta hace poco funcionaban allí unas 3.000 clínicas de fertilidad. Sin embargo, debido a la creciente preocupación por que el alquiler de vientres lleve al tráfico de personas y a la explotación de mujeres, las autoridades de la India han decidido que las preocupaciones éticas superan los beneficios económicos.
La India aún debe completar su legislación en contra del alquiler de vientres, pero la forma en que evolucionó el debate desde la primera propuesta de ley en el 2008 refleja el rápido cambio en la percepción de esta práctica. Los primeros borradores de la legislación en realidad fomentaban el alquiler de vientres y obligaban a las madres de alquiler a entregar a sus bebés. Debido a que según el derecho consuetudinario la mujer que da a luz al niño es legalmente su madre, esta cláusula habría resultado radicalmente favorable al alquiler de vientres.
Desde entonces, sin embargo, el foco de la discusión ha cambiado, a medida que aspectos desagradables –y, a veces, disparatados– de este comercio han salido a la luz. Por ejemplo, en un caso, Alemania, donde el alquiler de vientres es ilegal, se rehusó a aceptar a gemelos de un padre alemán provenientes de una madre de alquiler de la India, mientras que esté último país planteó objeciones para entregar una visa de salida al padre para que pudiera llevarse a los niños.
En octubre del 2015, el ministro de Salud y Bienestar Familiar de la India, bajo presión de la Corte Suprema de ese país, declaró que el alquiler de vientres internacional era inconstitucional. El Consejo de Investigaciones Médicas envió una notificación a todas las clínicas, donde les indicaba que no “invitaran” a parejas extranjeras (incluidos ciudadanos indios no residentes y personas de origen indio).
Al mes siguiente, el Departamento de Investigación para la Salud prohibió la importación de embriones para su implantación en madres de alquiler, con lo cual este procedimiento resulta prácticamente imposible.
Ciertamente, la India no es el único país involucrado en el alquiler de vientres transfronterizo. De hecho, las regulaciones indias que limitan el servicio de alquiler de vientres a parejas heterosexuales que hayan estado casadas al menos dos años ya han llevado a que esta actividad se mude, principalmente a Tailandia.
Pero las actitudes también han estado cambiando allí, especialmente después de que una pareja australiana se negó a asumir la responsabilidad por un niño nacido a través de alquiler de vientres diagnosticado con síndrome de Down.
La pareja sí se llevó a la hermana gemela del niño, sin embargo, dejando en claro que lo que habían pagado no era el “servicio” provisto por la madre sino los niños en sí (o, mejor dicho, tan solo la que cumplía sus requisitos). En consecuencia, se ha tornado más difícil negar que el alquiler de vientres transfronterizo sea similar a la venta de bebés.
En agosto del 2015, Tailandia restringió el alquiler de vientres a parejas en las que al menos uno de sus miembros sea ciudadano de ese país. Las violaciones a esta ley pueden ser castigadas hasta con 10 años de prisión, tanto en el caso de la madre de alquiler como de los padres que la contratan.
Al igual que en la India, el alquiler de vientres tocó un aspecto muy sensible en Tailandia, donde algunos lo ven como una explotación neocolonialista en la que los bebés son mercancías que se extraen para beneficio de los occidentales. “Esta ley busca evitar que los vientres de las mujeres tailandesas se conviertan en el vientre del mundo”, así lo expresó Wanlop Tankananurak, miembro de la Asamblea Nacional Legislativa de Tailandia.
Para noviembre del 2015, aproximadamente una docena de clínicas indias y tailandesas habían desplazado sus operaciones a Nom Pen. Eso puede interpretarse al principio como una señal de apoyo al argumento de que este comercio nunca se podrá erradicar, solo reubicarse. Pero hasta el momento, la cantidad de clínicas que se han instalado en Camboya es pequeña. Y algunos informes indican que el Ministerio del Interior de Camboya planea considerar el alquiler de vientres como tráfico humano, con posibles sentencias de prisión.
Nepal también ha declarado una moratoria para el alquiler de vientres después de que la práctica fuera denunciada en el país como explotadora. En abril del 2015, después de que un terremoto golpeara Katmandú, Israel evacuó a 26 bebés nacidos de vientres de alquiler, pero dejó a sus madres –que en su mayoría habían cruzado desde la India– abandonadas en una zona de desastre.
Malasia también parece estar encaminada a prohibir esta práctica. Y en México, el estado de Tabasco, la única jurisdicción en el país donde el alquiler de vientres es legal, lo ha restringido a parejas mexicanas casadas y heterosexuales, en las cuales la esposa es infértil. Durante el debate legislativo, la diputada Verónica Pérez Rojas denunció el alquiler de vientres como una “nueva forma de explotación de la mujer y tráfico de personas”.
Existe el riesgo, por supuesto, de que la drástica restricción internacional actual convierta al alquiler de vientres en una práctica clandestina. Pero ese riesgo no hace más que resaltar la necesidad de una legislación clara y estricta.
Incluso si algunos de los deseosos futuros padres están dispuestos a violar la ley, la vasta mayoría se verá disuadida por las consecuencias, incluido el riesgo de que no se les permita quedarse con el bebé u obtener una visa para que salga del país.
El bando en favor del alquiler de vientres enfatiza los beneficios de la práctica, entre los que se cuentan la diversidad de opciones reproductivas y concesiones para el pluralismo sexual.
Pero aunque esas puedan ser consideraciones genuinas e importantes, no se les puede poner por encima de la necesidad de evitar la explotación de algunas de las mujeres más vulnerables del mundo.
Donna Dickenson es profesora de Ética Médica y Humanidades en la Universidad de Londres. © Project Syndicate 1995–2016
