¿Es demasiado ambicioso un futuro sostenible para el océano en Costa Rica?

Se argumentó que era un proyecto demasiado complicado y ambicioso. ¿Qué significa esto para la gestión de los recursos marinos del país? Independientemente de las prioridades que el gobierno les hubiera dado a los $75 millones, o de que haya indicado que se invertirá otra suma proveniente de recursos propios, al abandonarlo, desaprovechó una gran oportunidad para fortalecer el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y transformar la gobernanza pesquera en una gestión a la altura de los retos que enfrentamos.

Mucho podría hacerse en investigación. Aunque las universidades públicas han apoyado al Incopesca en cuestiones muy puntuales, existe un vacío de información clave para establecer un manejo inteligente de nuestras pesquerías.

Esos fondos habrían permitido abordar las dimensiones sociales, económicas, legales y oceanográficas de la pesca y, en conjunto con las universidades públicas, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones del Estado, resolver de una vez por todas los asuntos urgentes en el manejo de las pesquerías, con una visión integrada de aprovechamiento, gestión y sostenibilidad.

Así, se les dio la espalda a los compromisos adquiridos ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tales como la reforma institucional, ejecutar correctamente un sistema de información y evaluación pesquera científicamente acertado, desarrollar planes de manejo y fortalecer acciones de control y vigilancia, con la robustez financiera y técnica necesaria.

Costa Rica es el único país de la OCDE que no reporta datos sobre sus pesquerías ni planes de manejo en las evaluaciones periódicas.

Hemos dado un salto hacia atrás en resolver la condición de las pesquerías, la pobreza, la mala gestión y la politización del sector.

Pareciera que se ha considerado demasiado ambicioso lograr en el mar lo que hemos conseguido en cuanto a la conservación en la tierra.

Hay muestras claras de abandonar el objetivo de recuperar nuestras pesquerías y resolver con más de lo mismo, sin atender elementos sustantivos como evaluar los stocks, y con esa información gestionar la recuperación y aprovechamiento, reducir los impactos en los ecosistemas y la biodiversidad, desarrollar economías pesqueras rentables y saludables en las comunidades, y desarrollar capacidades reales de gestión pesquera en el Incopesca.

En otras palabras, retrocedemos sustancialmente en la posibilidad de poner en ejecución una gobernanza pesquera basada en un enfoque ecosistémico, visión fundamental para promover la competitividad del sector.

¿Hacia dónde se dirigen los nuevos recursos que se anuncian? Sabemos poco, pero han dicho que van a construir atracaderos. ¿De dónde van a tomar los recursos? ¿Van a sacrificar presupuestos de otras instituciones o los asignados para otros fines? ¿Cuáles?

Es muy confuso, pero recomendamos no entronizar el statu quo, ejemplificado en seguir dando oxígeno embotellado en subsidios, la mala gestión y las complacencias sin resolver los asuntos por el fondo hacia la sostenibilidad.

Sin resolver tampoco las necesidades de las comunidades de pescadores de tener alternativas de empleo para diversificar sus ingresos, se les condena a una dependencia exclusiva de recursos pesqueros cada vez más escasos.

Al final, seguimos asumiendo más costos, retrasando la solución de los problemas de las pesquerías y nublando el futuro de las comunidades costeras.

¿Demasiado ambicioso? Pero ¿de qué tamaño es el problema de la pesca en Costa Rica y qué va a requerir resolverlo? ¿Dónde queda la capacidad de uno de los países más proactivos y avanzados en Latinoamérica?

El Banco Mundial gestiona proyectos con naciones con muchísimos menos recursos y capacidades, que sacan adelante sus proyectos con los mismos estándares y condiciones que se le solicitaron a Costa Rica.

Preocupa, también, la desinformación que sustentó el anuncio sobre esta decisión. Lo cierto es que el Incopesca tendría una unidad ejecutora con el personal y equipo necesarios para ejecutar el proyecto.

La respuesta evidente es que no es demasiado ambicioso; un océano sostenible es a lo mínimo que debemos aspirar.

Llevamos 28 años arrastrando una autoridad pesquera debilitada. Con excepción del atún, gestionado por la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), llevamos alrededor de un siglo sin conocer el estado de nuestras pesquerías ni lo que hay que hacer para recuperarlas.

Hemos alcanzado el primer cuarto del siglo XXI con las mismas prácticas y excusas, y creamos una cultura de gestión pesquera que se ha acostumbrado a vivir en la sombra del desconocimiento.

Ahora más que nunca, el país debe mirar alto. Los sectores sociales y las personas tomadoras de decisiones debemos exigir la transformación estructural de la gobernanza pesquera del país.

Tenemos la responsabilidad de continuar velando por que las decisiones sobre nuestros espacios marinos sean tomadas de manera responsable, en favor del interés público y el bienestar social, ambiental y económico que merecemos.

La agenda marina merece toda nuestra atención. La gobernanza del 92 % de nuestro territorio tiene que empezar a ejercerse con seriedad.

Autores: Moisés Mug, director de ciencias de la Federación Costarricense de Pesca; Katherine Arroyo, directora ejecutiva de Fundación MarViva; Álvaro Morales, director del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica; y la diputada Kattia Cambronero.