EscucharLas elecciones del 2002, por primera vez en la Segunda República, hubieron de decidirse en dos rondas y produjeron también, por primera ocasión, una Asamblea Legislativa sin mayorías y con representación importante de cuatro partidos, incluido el debutante Acción Ciudadana.
Prevaleció, por primera vez en el período, el partido oficial que no era Liberación Nacional. Quedó así marcado el fin del bipartidismo, de la alternabilidad y del “régimen del PUSC”.
A finales de la administración saliente (y no antes), sonó la voz de alarma: la situación fiscal del país era preocupante y había que tomar medidas perentorias para atenderla. De manera acertada, pero sin tino político (de seguro por desconocimiento de que la fiesta de los dos grupos había terminado), se preparó y presentó un pomposo proyecto de “reforma fiscal integral”, mamotreto de centenares de páginas que pronto demostró no tener viabilidad política alguna.
Aparte de aumentar la recaudación, transformando el impuesto de ventas en uno al valor agregado (que gravaba los servicios, la educación y peluquerías, entre ellos) y subiendo la tasa del 13% al 15% (recargando así la dependencia en los regresivos impuestos indirectos). Poco de nuevo y nada de redistributivo traía la propuesta.
Lo que sí se vendió bien fue la percepción de que existía una crisis fiscal y que era de emergencia atenderla. Los partidos, los gremios, los sectores, todos lo aceptaron.
Hábilmente, la nueva administración, bien aconsejada por su ministro de Hacienda Jorge Walter Bolaños, utilizó su peso político de arranque para demostrar la contingencia fiscal, y con el apoyo de Acción Ciudadana, y la insistencia de su diputada Margarita Penón, involucró a los partidos y a la sociedad entera en el proceso de búsqueda de la solución.
Se conformó una comisión legislativa mixta en la que participaron los partidos políticos representados, así como, en igualdad de condiciones, representantes designados por movimientos sindicales, solidaristas y patronales.
Con buen tacto político, se dio fuerza a la comisión mixta, se retiró el engorroso y voluminoso proyecto y se dejó la mesa limpia para que se construyera a partir de cero. Todos se sintieron involucrados y todos sintieron la responsabilidad de responder a la oportunidad.
Acuerdo. Decidió la comisión mixta, en un primer momento, atender la emergencia, construir un primer pacto fiscal de amplio consenso y sentar así las bases para una sentida reforma fiscal estructural que vendría luego.
La solución de emergencia, se acordó, debía de generarse antes del 2003 (en menos de seis meses) y promulgarse para regir únicamente por un año. Los cálculos eran que con las modificaciones que vendrían se atenderían las necesidades fiscales de ese año.
Intenso fue el trabajo. Muy bien transmitido a la población y a los sectores. Hubo un fuerte y respetuoso choque de criterios al iniciarse las discusiones. El gobierno insistía en un aumento del impuesto de ventas al 15% y que con solo eso se atendería la porción más relevante de la imperiosa necesidad fiscal.
Las mayorías políticas apoyaban esa postura y fue necesario que quienes buscaban que los nuevos impuestos no quedaran a cargo de quienes menos tenían, recurrieran en busca de apoyo extraparlamentario para evitarlo. Lo lograron.
Así las cosas y centrados sobre los ejes de racionalización del gasto, mayor eficacia tributaria, impuestos extraordinarios y temporales y, sobre todo, la promesa de rendición de cuentas, se llegó a decretar, en diciembre del 2002, la Ley 8.343 llamada “de contingencia fiscal”, orientada a paliar el déficit con un 70% de aumento en la recaudación y un 30% de disminución del gasto.
Contenido. En el capítulo de racionalización del gasto se decidió que no hubiera aumentos salariales en el sector público (todas las disposiciones estarían vigentes por un año); que los gastos de representación de funcionarios públicos tendrían un monto máximo bastante pequeño; que a nadie se le pagaría jornadas extraordinarias por más de tres meses seguidos; que el Estado bajaría la tasa de interés que pagaba a sus bonos en poder de las instituciones públicas; y se autorizaba la venta de todos los activos públicos que estuvieran ociosos, fueran innecesarios o suntuarios.
Se estableció que ocho instituciones públicas, que atesoraban importantes inversiones en bonos del Estado, los condonaran, es decir los devolvieran.
La mayor eficiencia tributaria comprendió un período de amnistía tributaria de dos meses y la asignación de recursos tecnológicos y de capacitación humana a la Administración Tributaria, cuya gestión y la de sus funcionarios quedaba sujeta a una eficiente valoración del rendimiento.
En materia de impuestos se estableció una sobretasa extraordinaria del 10% al impuesto sobre la renta de personas jurídicas y físicas con actividades lucrativas, pensionados, asalariados (a partir de un mínimo), sobre el pago de dividendos, intereses recibidos, fondos de inversión y remesas al extranjero; se creó un impuesto sobre el patrimonio neto de personas jurídicas (una décima del 1%), se reformó el impuesto por el uso de moteles (a un 30%), se estableció un impuesto a las casas de apuestas y se subieron en todo lo posible los impuestos a los casinos, a las bebidas alcohólicas y a los cigarrillos. Por ese año se duplicó el costo de los derechos de registro.
Quisieron los actores transmitir seriedad: se mantendría la comisión mixta, ahora para fiscalizar la ejecución de la ley emitida.
Debían el gobierno y el Banco Central dar detallados informes trimestrales (que estarían también disponibles para el público) sobre los resultados con las medidas adoptadas y el destino de los fondos recaudados. Al finalizar el año, el gobierno debía de presentar un proyecto de reforma fiscal integral.
Mutatis mutandis, ¿qué impide hacer algo similar ahora, mejorado por la experiencia de entonces y por el conocimiento creciente de los procesos de rendición de cuentas, gobierno abierto y mejoras tecnológicas para el control?
La responsabilidad política subsiste. Es indelegable. La experiencia enseña. Desde que se dictó la ley del 2002 ningún otro intento tributario ha cuajado.
¿Es distinto hoy? Si se dice que hay emergencia y se apuesta el caudal de gobierno para atenderla, conviene reexplorar vías exitosas.
El autor es abogado.
