EscucharNUEVA YORK – En la sesión 68 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comenzó el 17 de septiembre, los líderes mundiales han estado sentando las bases de una agenda de desarrollo que suceda a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que caducarán en el 2015. Los próximos Objetivos de Desarrollo Sostenible se basarán en el entendido de que el desarrollo económico es clave para mejorar el bienestar humano y garantizar los derechos de las personas más vulnerables. Sin embargo, para lograr avances genuinos, los encargados de determinar las políticas deben abordar los factores que limitan el desarrollo, en particular la violencia y los conflictos.
Según el Índice de Paz Global, poder contener la violencia (concepto que abarca los conflictos internos y externos, así como los crímenes violentos y los homicidios) costó el año pasado al mundo casi $9,5 billones, o un 11% del PIB mundial. Se trata de una cifra equivalente a 75 veces el volumen de la ayuda externa oficial en el 2012, que alcanzó los $125.600 millones, y cerca del doble del valor de la producción agrícola anual del mundo. (Otro elemento de perspectiva es que la crisis financiera global ocurrida después del 2008 causó una caída del 0,6% del PIB mundial).
Esto significa que, si el mundo redujera en cerca de la mitad sus gastos relacionados con la violencia, podría pagar la deuda del mundo en desarrollo ($4,1 billones), proporcionar fondos suficientes para el Mecanismo de Estabilidad Europeo ($900.000 millones) y financiar el monto adicional que se necesita para alcanzar los ODM ($60.000 millones).
Si los gastos relacionados con la violencia se redujeran incluso en un 10% sería posible ahorrar $473.000 millones, que se podrían destinar a infraestructura, salud o educación. Y se trata de estimaciones conservadoras, ya que no reflejan los costos vinculados a los crímenes contra la propiedad, hurtos, robos de vehículos, violencia en el hogar, equipos de vigilancia, y disminución de los salarios y la productividad, puesto que no hay disponibles datos precisos para estos indicadores.
Así como para el desarrollo económico de largo plazo se requiere estabilidad política, la paz se puede lograr solamente en un ambiente de progreso y prosperidad económica. La tensión en las comunidades (especialmente, si carecen de redes de contención) puede aumentar si sufren golpes externos, como fluctuaciones repentinas de los precios de los alimentos, e incluso llevar a que se produzcan conflictos. Así ocurrió en Colombia en los años 90, cuando una caída inesperada de los precios del café redujo los salarios e intensificó el nivel de conflicto en las regiones que dependían de su producción.
De manera similar, en zonas donde existe un desempleo persistente o en ascenso la paz se ve afectada por la proliferación de redes criminales, bandas y grupos rebeldes. De hecho, en el Informe de Desarrollo Mundial del 2011, del Banco Mundial, los jóvenes de los países afectados por conflictos men-cionaron el desempleo y la inactividad como las razones más potentes para unirse a esos grupos. Teniendo esto en consideración, los Gobiernos deben intensificar sus iniciativas para impulsar la creación de empleo y mejorar las oportunidades laborales, buscando maneras de financiar políticas y programas pertinentes.
Podrían comenzar por elevar la eficacia de los gastos relacionados con la violencia. Por ejemplo, en Estados Unidos los investigadores del Instituto para la Economía y la Paz determinaron que $1 de cada $7 gastados en este ámbito (un total de casi $2.200 millones en el 2010 y un asombroso 37% del presupuesto federal de ese año) se destina a prevenir y enfrentar las consecuencias de la violencia. En otras palabras, el gasto vinculado a la violencia en EE. UU. casi equivale a la totalidad de la producción de la economía británica, cerca de $2,4 billones. Del mismo modo, como el actual debate sobre la atención de salud se centra en reducir costos al tiempo que se mejoran los resultados, se debería plantear un debate público en torno a los costos y la eficacia de los programas de prevención y recuperación de la violencia.
Los Gobiernos podrían realizar un análisis a fondo para identificar superávits que se puedan redestinar a objetivos de desarrollo, dando así impulso a la productividad, mejorando el bienestar humano y fundando los cimientos de una sociedad más pacífica. Por ejemplo, si se redujera apenas un 5% anual del gasto federal para la contención de la violencia en EE. UU. a lo largo de los próximos tres años, se contaría con el capital necesario para renovar la infraestructura escolar de todo el país.
El círculo virtuoso en que la prosperidad genera paz, la que a su vez impulsa una mayor prosperidad, también es evidente en la inversión educativa. La educación mejora las habilidades, los conocimientos y las conductas de los trabajadores, elevando con ello su productividad. Todo esto promueve la estabilidad y la cohesión social, haciendo que las comunidades puedan enfrentar de mejor manera las crisis económicas, geopolíticas o naturales. Un ejemplo son los prósperos y pacíficos países escandinavos, que presentan altos niveles de educación.
Pero el ciclo puede darse a la inversa también. Por ejemplo, la actual recesión económica de Grecia, agravada por estrictas medidas de austeridad, ha dado origen a violentas manifestaciones. Y el prolongado conflicto en Iraq ha tenido un efecto devastador sobre su economía. Hace tres décadas, tras el inicio de las hostilidades con Irán, su PIB anual per cápita se desplomó de $5.374 en 1980 a $1.253 en 1991.
No es difícil perpetuar el círculo vicioso entre problemas económicos y violencia; de hecho, basta con que las autoridades no hagan nada. Sin embargo, para revertirlo es necesario hacer grandes esfuerzos que incluyan políticas diseñadas cuidadosamente, programas eficaces y un nivel de inversión sustancial.
Al formular la agenda de desarrollo pos-2015, los líderes mundiales deben reconocer el enorme impulso que las sociedades menos violentas y más armoniosas podrían significar para el desarrollo económico. Mediante el estímulo de un círculo virtuoso de paz y prosperidad, los políticos pueden contribuir al bienestar de los seres humanos en todo el planeta. Ese sí que es un objetivo que merece la pena fomentar.
Steve Killelea es presidente ejecutivo del Instituto para la Economía y la Paz. © Project Syndicate.
