EscucharLa Corte Suprema de Israel se pronunció sobre dos importantes proyectos de ley, impulsados como parte de una reforma judicial por el gobierno de extrema derecha del primer ministro, Benjamin Netanyahu. La decisión de rechazar el primero y demorar la activación del segundo hasta después de las próximas elecciones presidenciales implicó una victoria histórica para las fuerzas democráticas del país.
El primero de los proyectos de ley hubiera eliminado el poder de la Corte Suprema para bloquear decisiones gubernamentales “extremadamente irrazonables”. El segundo proyecto de ley —a medida de Netanyahu, que actualmente enfrenta cargos judiciales por corrupción— procuraba impedir que el fiscal general lo inhabilitara para ocupar el puesto si intentaba interferir con el proceso penal, y estipulaba que solo se podía declarar incapacitado al primer ministro por razones de salud. El Knéset aprobó los proyectos de ley en el verano como enmiendas a las leyes fundamentales de Israel, que funcionan como la constitución de hecho del país.
Esos fallos marcan un punto de inflexión para la democracia israelí: con la anulación de la reforma judicial impulsada por el gobierno, la Corte Suprema rechazó la noción de que la unidad en tiempos de guerra requiere tolerar que Netanyahu erosione las normas democráticas. Con una estrecha mayoría de 8 a 7, la Corte confirmó la norma sobre la razonabilidad y reprendió a la coalición gobernante por causar “daños graves y sin precedentes” al carácter democrático de Israel.
Además, 12 de los 15 jueces de la Corte Suprema se pronunciaron a favor de la autoridad de ese tribunal para revisar, e incluso anular, las leyes fundamentales que socaven la identidad israelí como Estado judío y democrático. Eso implica rechazar el argumento del gobierno de que las leyes fundamentales debieran quedar exentas de revisión judicial, incluso de ser aprobadas por la mayoría simple del Knéset.
Beneficio personal y político
Dicho eso, la decisión de la Corte representa un cambio radical respecto de su tradicional renuencia a pronunciarse sobre las leyes fundamentales. Como Israel no cuenta con una constitución formal, esas leyes funcionan como marco legal fundacional para delinear las responsabilidades estatales y salvaguardar los derechos civiles fundamentales, pero el gobierno de Netanyahu aprovechó la política de no interferencia de la Corte para utilizar todas las oportunidades posibles para manipular el proceso de las leyes fundamentales en beneficio personal y político de Netanyahu. Con su último fallo, los jueces buscan poner fin a esa práctica.
La decisión de la Corte de anular la reforma judicial de Netanyahu también representa una gran victoria para los cientos de miles de israelíes que salieron a la calle el año pasado para protestar contra ella. Esas concentraciones masivas pusieron de relieve el conflicto en curso entre dos visiones opuestas sobre el futuro de Israel, una grieta que quedó momentáneamente eclipsada cuando Hamás masacró a ciudadanos israelíes el 7 de octubre.
Desde el comienzo de la guerra en Gaza, Netanyahu y sus aliados —cuya negligencia llevó al peor ataque terrorista de la historia israelí— trataron de echar la culpa a los manifestantes y a la Corte Suprema: al exponer las fisuras internas del país, sostienen, los manifestantes alentaron involuntariamente el ataque de Hamás.
Pero resulta claro que fue la reforma judicial impulsada por el gobierno, no las protestas en su contra, lo que dividió a la sociedad israelí. De todas formas, los aliados de Netanyahu —entre ellos, el ministro de seguridad nacional Itamar Ben Gvir, cuyos partidarios, colonos de extrema derecha, han sido los principales impulsores de la campaña para debilitar al poder judicial— arremetieron contra la Corte por “debilitar el espíritu” de los soldados que combaten en Gaza.
Netanyahu, por su parte, parece considerar la guerra contra Hamás como una especie de póliza de seguro. Su gestión de la guerra está inextricablemente ligada a proteger su supervivencia política, lo que refleja que aparentemente está convencido de que la única manera de mitigar las repercusiones adversas de la divisoria reforma judicial y su responsabilidad por el ataque del 7 de octubre es una victoria decisiva sobre Hamás, sin importar el costo.
Netanyahu se aferra al poder
El deseo de salvar su carrera política también explica que rehúse aceptar la responsabilidad por los errores garrafales que pusieron a Israel en el aprieto en el que se encuentra actualmente. Todos los militares de mayor jerarquía, desde el presidente del estado mayor conjunto hasta los jefes de la inteligencia militar y de la Agencia de Seguridad Israelí (Shin Bet), reconocieron sus errores y prometieron renunciar cuando termine la guerra, pero Netanyahu, quien afirmó que un Hamás fuerte en Gaza es “la forma que tiene el país de evitar la creación de un Estado palestino”, continúa evadiendo la responsabilidad, repitiendo el mantra que adoptó recientemente: “después de la guerra”.
Antes del 7 de octubre, muchos reservistas militares y pilotos de combate participaron activamente en protestas masivas contra la reforma judicial impulsada por el gobierno. Algunos llegaron incluso a amenazar con dejar de cumplir sus funciones. Aunque su preocupación principal era la democracia israelí, entendían además que, como personal militar, un poder judicial independiente que cuente con el respeto internacional también los protege contra posibles enjuiciamientos en los tribunales internacionales. Lamentablemente, no tuvo que pasar mucho tiempo para que los peores temores de estos reservistas se materializaran.
El devastador costo en vidas humanas de la guerra de Gaza dejó expuestos a los líderes y soldados israelíes a posibles acusaciones de crímenes de guerra. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya evaluará las acusaciones de genocidio que Sudáfrica presentó contra Israel. En su defensa, se prevé que Israel reste importancia a las salvajes amenazas y retórica genocida que emplearon los socios de la coalición de Netanyahu (que reforzaron las acusaciones de Sudáfrica) y destaque el prestigio internacional de la Corte Suprema.
Aunque se frustró el intento de golpe judicial de Netanyahu, podría tratarse de una victoria efímera. La coalición de belicistas, colonos mesiánicos y oportunistas cínicos de Netanyahu se mantiene intacta y seguirá intentando implementar su agenda autoritaria. Además, la mayoría liberal de la Corte Suprema que anuló la reforma judicial impulsada por el gobierno ya no existe, debido al retiro de las juezas Esther Hayut y Anat Baron.
La significación del hito que marcó la decisión de la Corte Suprema, especialmente en medio de una guerra existencial, es importantísima. La mayoría con tendencia liberal de la Corte demostró ser un aliado indispensable de la fuerzas democráticas que se oponen a los extremistas que perciben la guerra de Gaza como una oportunidad para llevar a cabo su visión del Gran Israel, del Mediterráneo al río Jordán, pero la reciente victoria de esas fuerzas es apenas una parte de una batalla más amplia por el alma de Israel, una batalla que continúa a la sombra de la guerra en curso.
Shlomo Ben Ami, exministro de Asuntos Exteriores israelí, es vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz.
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