En no pocas ocasiones, al desarrollar mi labor como defensor público penal juvenil, me encuentro con jóvenes involucrados en la comisión de delitos como consecuencia directa de su consumo de drogas. Estos, junto a sus familiares, reconocen la necesidad de recibir tratamiento internándose en un centro de desintoxicación. Sin embargo, la falta de espacio en los centros privados es la nota dominante. Por su parte, el Estado está muy lejos de satisfacer la demanda, el trámite de ingreso se vuelve una paradoja que no es entendida por el joven interesado y mucho menos por su familia.
En el país se cuenta con dos opciones estatales para el internamiento y tratamiento de los menores de edad: el Hospital Psiquiátrico con el programa Nuevos Horizontes y el programa residencial del IAFA. Resulta que en el programa del Psiquiátrico se requiere un estado de ingesta de drogas tal, que casi estemos frente a un cuadro de intoxicación. Por su parte, el programa de residencia del IAFA requiere que el joven no haya ingerido recientemente; así, se cierra la puerta a quienes no estén intoxicados, pero sí tengan un consumo activo de drogas, quedando dos opciones: una es, por loca que parezca, intoxicarse para lograr el ingreso, o abstenerse de usarlas por un mínimo de 8 días, hecho que resulta casi imposible pues por eso es que piden la ayuda, porque no tienen una contención propia para evitar el uso de los psicotrópicos.
Al final, no hubo posibilidad de ingreso y a los días vuelven estos jóvenes a entrar a las oficinas judiciales, muchas veces con delitos más graves y, lo peor, con la sensación real de que han sido excluidos de toda opción de terapia.
Lo anterior es importante porque la estadística señala que cerca del 80% de los delitos contra la propiedad son cometidos por jóvenes que utilizan drogas. Dicho porcentaje aumenta casi al cien por ciento en los casos en que media violencia. Si esto lo extrapolamos a nivel nacional tendríamos que si en el 2011 se registraron 4.290 denuncias de delitos contra la propiedad, de las cuales 2.613 fueron por delitos cometidos utilizando violencia, quiere decir que en este rubro de delitos podríamos tener a más de dos mil quinientos jóvenes delinquiendo con el único afán de conseguir el dinero para satisfacer su adicción.
Solo esta circunstancia justificaría que desde la promulgación de la Ley de Justicia Penal Juvenil en el año 96 se hubiera creado el centro para la atención de los menores con problemas de adicción tal y como lo ordena el transitorio II de dicha ley. Sin embargo, debieron transcurrir mas de diez años y una orden de la Sala Constitucional para que entrara en funcionamiento algo muy distante a lo que el legislador impulsó. Pensaríamos que el tratamiento de adicciones debería ser una política de suma trascendencia en materia de salud en nuestro país, no obstante, en el informe de la Contraloría General de la República sobre este tema en el año 2010 encontró serías deficiencias en el trabajo de las instituciones responsables de esta materia, hecho que daba al traste con un abordaje serio del problema.
Establecido desde hace muchos años que la drogadicción es una enfermedad y que su presencia en el grupo etario de menores de 18 años, va cada vez en aumento y que es el detonante de la comisión de un gran porcentaje de los delitos que día a día aquejan a la sociedad, este centro debió revestir una máxima prioridad para los diferentes Gobiernos.
Sin embargo, escudándose en la falta de recursos, les volvemos a dar la espalda y solo se receta el internamiento carcelario sin resultado positivo alguno. La mejor herramienta para enfrentar la delincuencia es una buena política social; si esta falla, no esperemos un cambio positivo en la seguridad del país.
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