EscucharCon gran preocupación y estupor recibimos en la Defensoría de los Habitantes la decisión del Gobierno de la República que, por medio del Ministerio de Salud, declaró de interés público el V Congreso Centroamericano de Bioética, actividad privada que traerá a algunos panelistas que han manifestado públicamente que la homosexualidad es una enfermedad que se puede curar, o que son contrarios a la resolución sobre fertilización in vitro.
Este respaldo que se hace vía decreto ejecutivo significa que el Gobierno comparte esas posiciones, suscribe ese pensamiento y apoya todo lo que ahí se diga. ¿Qué se pretende con ello? ¿Por qué este doble discurso?
Uno de los médicos invitado como panelista afirma que la homosexualidad es una enfermedad que dejó de considerarse como tal en los años 70 debido a la presión de grupos activistas y no porque no lo fuera. Dice, entre otras cosas, que la homosexualidad en esencia se debe al desarrollo inadecuado de la afectividad y a la baja autoestima; a una relación afectiva deficiente con el padre del mismo sexo, o bien al hecho de tener una familia desestructurada que no le da a la persona una orientación adecuada.
Habla, entonces, de curar tal patología mediante “terapias reparativas” que sirven para modificar la conducta y la orientación homosexual. Valga recalcar que esas “terapias” han sido y siguen siendo severamente criticadas en el ámbito médico por su falta de sustento científico, tanto como en diversos entornos sociales debido a los efectos provocados en muchas personas que se sometieron a tales “tratamientos”. Pero tal parece que a ninguna autoridad de nuestro país le ha preocupado hasta ahora estar fomentando semejante lluvia de estigmatizaciones, prejuicios e intolerancias. Lejos de ello y de querer reivindicar, las defienden. ¿Será que a lo mejor se logra una curación masiva para no tener que seguir con esa “majadería” de conceder derechos a esta población?
El problema acá no es lo que este médico piensa, y así lo hemos dicho en innumerables ocasiones. La libertad de expresión y de pensamiento está totalmente fuera de discusión, así sea a pesar de ideas e individualidades fundamentalistas que contravienen desde su esencia la doctrina de los derechos humanos. La verdad es que tales posiciones no nos resultan ajenas ni extrañas, aunque esta vez vengan del extranjero. Pero ese no es el punto y en ello hemos insistido, pese a que el Gobierno se niega a escuchar y desvía el fondo del problema, argumentando un asunto de libertad de expresión. ¿Acaso sería imposible realizar este congreso privado si el Poder Ejecutivo no lo hubiese declarado de interés público? Claro que se podría. Es lógico, en aras de los derechos de quienes promueven tal actividad. Y si el caso es que, como dijeron otras autoridades, el “detalle” estuvo en que no leyeron bien el programa ni los temas que abordaría el Congreso, antes de aprobarlo como una actividad de interés público, tampoco tal argumento sería válido. Estaríamos ante una alarmante falta de interés y control de gestión del Gobierno por avalar un documento, hacerlo oficial y suscribir con ese acto una posición sin saber de qué se trata. Este no es un asunto de cerrar los ojos, ni del azar. No se aplica aprobar “lo que caiga”; se trata de un tema serio que merece un trato también serio.
Además, la cuestión de fondo y que no puede disimularse con ningún argumento es que, al apoyar esta actividad privada mediante un decreto ejecutivo, nuestro Gobierno da un espaldarazo y acepta el hecho de que la homosexualidad es una patología y comparte, entonces, que quienes la padecen están enfermos y pueden recibir un tratamiento para curarse. ¿Es esto un discurso de derechos humanos consecuente? Sin duda no, y por eso denunciamos con indignación y vehemencia esta acción de nuestras autoridades.
Sin embargo, en el ámbito internacional, con bombos y platillos Costa Rica abraza la tolerancia, el respeto y el apoyo a los derechos humanos; y habla de respaldar reivindicaciones de derechos para las poblaciones sexualmente diversas, pero en la realidad “doméstica” del país, estas situaciones demuestran todo lo contrario.
No olvidemos tampoco que Costa Rica tiene un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que ese espacio debe honrarse conciliando discurso y realidad; diciendo y haciendo lo mismo; dando el ejemplo. Esa silla tan importante que sirve para trabajar en favor de la dignidad de las personas no se sostiene con espejismos ni dobles discursos. Las palabras siempre tienen peso; el pueblo las escucha y las entiende; son el instrumento que acompaña las acciones para generar credibilidad, confianza y legitimidad; pero, tiradas al viento, siempre regresan como emisarias de desilusión, desconfianza y desencanto.
