EscucharEl 26 de enero La Nación publicó el editorial titulado “Espectáculo sindical”, donde hizo referencia a la comparecencia de varios representantes de los trabajadores ante las dos comisiones legislativas que discuten los proyectos 21097, que pretende incluir como servicios esenciales la atención y la prevención de la salud, así como la atención médica pública, y el 21049 para limitar a su máxima expresión el derecho a huelga en el sector público.
En mi calidad de presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), acudí a ambas comisiones y por el respeto que merecen los trabajadores que representamos, así como también la opinión pública, me permito aclarar lo siguiente:
Existe una descontextualización de mis declaraciones del 22 y 23 enero que permite al editorialista calificar como espectáculo sindical mi comparecencia y me acusa de exhibirme sin pudor, ante lo cual reacciono respetuoso de la libertad de pensamiento, pero aclaro que si se toman como insumos frases y declaraciones sin un orden lógico de las consultas hechas por los legisladores caemos en una sencilla tergiversación o manipulación de la información.
Entendemos que las nuevas tecnologías de la información permiten a los redactores recibir desde su escritorio las comparecencias hasta de dos horas, las cuales deben resumir en una nota de cierto número de caracteres; sin embargo, es válido el equilibrio y la precisión para cumplir los requisitos mínimos del periodismo.
Dice el editorialista que no tuve empacho en reconocer el carácter político laboral de la huelga reciente, pero no es Lenín Hernández Navas quien reconoce ese tipo de protesta, sino el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al calificar ese tipo de huelgas como meramente políticas, en los casos en que solo se tiene la intención de protestar contra las autoridades políticas por asuntos generales del país.
Se me acusa, en el editorial, de pervertir las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT que reconoce las huelgas políticas, pero no añade la excitativa a diálogo que hicimos a los legisladores y al Ejecutivo.
Recalcamos en nuestra comparecencia legislativa que la visión política de los nuevos proyectos en materia social deberían enfocarse en el cumplimiento de los derechos humanos, no en la limitación de las libertades públicas.
Nos oponemos al proyecto 21049 porque viola importantes instrumentos internacionales de derechos humanos y legisla de manera regresiva. Se limita el derecho a ser escuchado, con las debidas garantías, y dentro de un plazo razonable por parte de un juez o tribunal competentes. Lo anterior, entre otras cosas, contradice el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La iniciativa 21049 desconoce los parámetros ampliamente difundidos por la OIT, los cuales se emplean para la continuidad en la prestación de los servicios públicos, y pretende prohibir la huelga en la función pública.
Existe una deuda social con los trabajadores del país, al igual que con los del sector público, en materia de libertad sindical. Miles de trabajadores viven con el salario mínimo y no están organizados, ni tienen quién los represente ante la imposibilidad material de organizarse.
Los empleadores y trabajadores podemos trabajar juntos para un futuro prometedor del país o luchar contra un modelo desigual, donde solo unos pocos se benefician. Necesitamos leyes centradas en las personas revitalizando el contrato social o promover la tempestad y el caos social.
¿Por qué la Asamblea Legislativa solo atiende los intereses de unos y deja de lado los de las mayorías?
Desde la CTRN se insta a la Asamblea Legislativa, así como al Poder Ejecutivo, a respetar el principio del “tripartismo” y pedimos crear una comisión en el Consejo Superior de Trabajo para que se discutan con objetividad los Proyectos de Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos y el de la Declaratoria de Servicios Públicos Esenciales.
No olvidemos que cuantas más leyes aprobemos, más compleja será su aplicación indistintamente de que sean de carácter declarativas, permisivas o prohibitivas, pero el legislador no puede perder la esencia que debe permear en todas ellas y es que sean siempre a favor de la libertad y el respeto a la vida.
Lenín Hernández Navas, presidente de la CTRN
