13 mayo, 2014

La implicación de grandes corporaciones locales o internacionales en el desarrollo económico y social de un país como el nuestro debe ser mayor, y es inaplazable una mayor injerencia y coordinación estatal en ello. Esto concluye una investigación académica propia para la London School of Economics and Political Science, la cual también determina la urgente necesidad de innovar en políticas gubernamentales sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC), siempre coordinadas con el sector privado.

Estas políticas no solo optimizarían los beneficios de la permanencia local de dichas corporaciones, sino que minimizarían paralelamente el impacto negativo, en caso de que decidan trasladar operaciones al exterior para mejorar su competitividad.

Precisamente, la misma investigación refiere como ejemplo la salida de empresas textileras hacia otros países centroamericanos en los años ochentas y noventas, y alertaba, hasta hace poco, sobre el devastador efecto en el sector laboral producto de una eventual relocalización total o parcial de ciertas actividades de Intel, para lo que no se tomaron las medidas preventivas desde que se atrajo su inversión. Hoy las consecuencias previstas son una realidad lamentable, y por eso conviene una autocrítica que nos permita hacer las cosas bien desde ahora, al menos.

Apoyo estatal. El tema de RSC sigue siendo aplicado por casi todas las grandes corporaciones del mundo siguiendo enfoques antiguos, como los de Porter y Kramer y otros muy similares. Estos no abordan correctamente la influencia del poder que estas tienen, las implicaciones sociales de sus actividades en cada nación, ni mucho menos los efectos negativos de una salida de inversiones u operaciones, aun siendo graduales.

Empresas y Gobiernos suelen abanderar sus discursos remarcando la necesidad de que todas las partes deben “salir ganando”, pero aún sin probar qué acciones son realmente sostenibles en conjunto para cada caso en específico. Lo único cierto, por el momento, es que el Estado es un garante de la coordinación de la cooperación empresarial, y esto lo convierte en “corresponsable” del diseño e implementación de políticas de RSC.

Por ejemplo, actualmente se alaba desde ciertos gobiernos las donaciones del sector privado a universidades o institutos técnicos locales para capacitación de profesionales que, eventualmente, contratarán para mejorar su propia competitividad y calidad. Esto es percibido como un beneficio por el aumento del capital humano, y de hecho lo es. Sin embargo, esa medida puede no ser sostenible.

Hoy podemos corroborarlo al observar cómo más de 1.000 profesionales (ingenieros y otros profesionales relacionados con el sector tecnológico) perderán su trabajo por la reciente decisión de Intel, y cómo muchos negocios afines se verán probablemente afectados. La posibilidad de que otros sectores empresariales no sean capaces de asimilar toda esta mano de obra con la agilidad del caso es casi un hecho, sin contar con que para algunos trabajadores con más de 40 años (en cualquier lugar o sector) suele ser muy difícil reorientar su carrera rápidamente. Esto podría conllevar, a una fuga de cerebros, y desplazamientos forzosos que afecten a familias enteras.

A largo plazo. Afrontar el caso Intel será un inmenso reto para el nuevo gobierno, por lo que es apremiante evitar, desde ahora, nuevos problemas que empeoren la situación. Para esto también se puede tomar ventaja del cada vez mayor interés de las empresas en ser reconocidas por su RSC.

Una propuesta bien planificada, entre otras posibles, es que los fondos aportados por una gran corporación en particular sirvan no solo para capacitar a profesionales en su sector, sino para fomentar en forma paralela el desarrollo de otros tejidos productivos ajenos, con lo que se mitigaría el impacto en el desempleo, si esta misma entidad tuviera que salir del territorio nacional.

La ganancia de ideas como esta no será visible para una gran compañía en el corto plazo; pero, en definitiva, sí que habrá contribuido al sostenimiento global. Incluso, si por cualquier motivo esa misma entidad necesitase regresar, podrá encontrarse con un país agradecido, más estable y más anuente a ofrecer mejores condiciones que redituarán su inversión social previa. Una verdadera y sostenible “corresponsabilidad social corporativa”.

Evelyn Cermeño V., asesora en Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Desarrollo.