EscucharEn la edición del 24 de mayo de este año, La Nación publica un artículo sobre el despido del gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que contiene información inexacta y errónea, uno más de la cadena de ataques que constituyen una afrenta contra mi reputación, ya que es una versión de los hechos contraria a la verdad, que se suma al abundante inventario de La Nación en apoyo del proceso de persecución contra mí por parte de la Junta Directiva de la CCSS.
Entre diciembre del 2008 y junio del 2010, se realizó en la Caja un esfuerzo de mejoramiento inédito, basado en el Plan de Mejoramiento Integral de la Gerencia de Pensiones, cuya conformación fue requisito para mi nombramiento de gerente. La Junta Directiva lo aprobó por unanimidad con la participación de todos los directores, indicando: “Fue visto con satisfacción por la Junta Directiva, pues –entre otros– se produce el cambio de un conjunto de paradigmas y se contempla un conjunto de elementos innovadores”. Su objetivo es dar un servicio de calidad al mínimo costo, de manera sostenida, con visión de largo plazo, mediante acciones evaluables con indicadores de gestión, calidad, percepción del usuario y controles para asegurar la disminución de los tiempos de respuesta.
Mentalidad innovadora. Ello requiere que la Gerencia de Pensiones asuma los procesos de otorgamiento de pensiones, financieros, contables y de análisis actuarial, y la administración de todos los activos, lo que en la actualidad está en manos de otras gerencias, por lo que el RIVM paga al seguro de salud enormes cantidades de dinero sin especificación de costos ni control de calidad. Se trata de asumir esas tareas con mentalidad innovadora, que renueve los procesos con la inclusión de tecnologías adecuadas, su desconcentración y acercamiento al usuario, la asignación de personal especializado en pensiones, en asuntos financieros y actuariales; la instauración de administración activa de la cartera de inversiones con bienes inmuebles, para obtener mejores rendimientos a los mismos niveles de riesgo; adecuada relación entre composición por plazos y requerimiento de recursos; administración de liquidez, y una mayor diversificación por emisor y mayor capacidad negociadora.
Desde el inicio de la ejecución del Plan enfrentamos acciones obstruccionistas de grupos que se oponen al mejoramiento. No obstante, en tan solo 18 meses se lograron avances importantes y mejoras que aún perduran.
En los últimos 36 meses se ha llevado a cabo una campaña, con argumentos falsos, que ha puesto en duda el Plan y el buen nombre de quienes aportamos el mejor esfuerzo en proponer y realizar los cambios necesarios. La interventora de la Gerencia de Pensiones no pudo desacreditar de manera objetiva el Plan, y los cuadros estadísticos de su informe muestran el mejoramiento en los aspectos básicos, aunque mezquinamente no se reconoce así en el texto. Las principales acciones correctivas aplicadas siguen estando vigentes y, en los aspectos en que el Plan ha sido paralizado, no existen ideas alternativas de cómo atender los problemas existentes.
¿Por qué esa irracional campaña de desprestigio y persecución personal por parte de la Junta Directiva? ¿Qué intereses se afectaron y qué desequilibrios de poder en la Caja derivaron de ese Plan y de nuestro accionar? Las respuestas no están a mi alcance, tampoco los motivos de La Nación para continuar el liderazgo de esa campaña. La Dirección de La Nación fue advertida de que su posición sobre este tema estaba basada en acusaciones apartadas de la verdad, y se le refirió las resoluciones que me han exonerado en el Ministerio Público, el Juzgado Penal, el Ministerio de Trabajo, la Contraloría General, la Comisión Especial para el Control del Gasto Público y la Especial Investigadora de la CCSS en la Asamblea Legislativa, dos órganos externos de investigación, cuya exoneración fue ratificada por la Junta Directiva de la CCSS y varios órganos internos.
Varias razones. Por las consideraciones expuestas es injustificado que La Nación continúe esa campaña con el artículo del 24 de mayo, que deshonra los principios básicos del periodismo serio, con base en las siguientes razones:
1. El subtítulo y la primera frase: “El despido sin responsabilidad patronal de Miguel Pacheco, exgerente de la CCSS sí procede” es una afirmación intencionada para dar validez al criterio de la Dirección Jurídica de la Caja que recomendó la sanción, basado en el informe de un funcionario suyo que hizo el proceso, por lo que no es un órgano independiente e imparcial para un procedimiento a un gerente; no se utilizó un órgano externo, como se hizo en los casos anteriores. La validez del procedimiento ha sido refutada por la unidad interna de Recursos Humanos y está en estudio de la Junta de Relaciones Laborales, todavía en el ámbito administrativo.
2. El artículo incluye un apartado de razones para el despido, cuando existió una única razón en la resolución –la supuesta no presentación del presupuesto para 2011, por lo que tuvo que utilizarse el del 2010 para ese año–. Además, afirma: “Las investigaciones se dieron también por supuesto mal manejo de recursos de pensiones…”. Esa afirmación es incorrecta y maliciosa, pues he sido exonerado de todas las acusaciones en ese sentido y no existió ninguna consideración de ese tipo en este caso.
3. También se equivoca sobre la extensión del proceso al expresar: “… tiempo que se extendió debido a que el propio exjerarca presentó apelaciones sobre su separación”. La verdad es que, cuando este proceso se inició, habían transcurrido 17 meses desde la separación del cargo. Luego, inserta una declaración de la presidenta ejecutiva “en abril del 2012”, lo cual es impropio, ya que el proceso se inició un mes después de la fecha en que supuestamente se dio esa declaración.
La extensión de mi separación se da porque la Junta Directiva de la Caja sigue abriendo procesos con refritos de las argucias ya refutadas en los estrados correspondientes, el último abierto 27 meses después de mi separación del cargo.
Si La Nación busca la verdad, con el debido respeto le sugiero investigar por qué, si la Junta Directiva de la CCSS aprobó y envió a la Contraloría General el presupuesto para el año 2011, argumentando que contenía todas las previsiones para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Integral de la Gerencia de Pensiones, me sanciona por no presentar ese presupuesto y haber tenido que utilizar el del 2010. ¿No le dijeron verdad a la Contraloría o se equivocan al sancionarme? El presupuesto para el 2011, aprobado por la Junta y enviado a la Contraloría General, incluye los principales contenidos de soporte al Plan de Mejoramiento Integral de la Gerencia de Pensiones, como puede observarse en cada una de las partidas relevantes y en el texto aprobado por la Contraloría General.
Cuando este asunto sea investigado con independencia de las autoridades de la Caja, confiamos en que se dará cabida a la verdad y, al igual que en todos los otros casos, se me exonerará de los cargos. Mientras tanto, pedimos a La Nación detener los cuestionamientos infundados que lesionan el honor y los derechos que, en nuestro humilde criterio, debería coadyuvar a tutelar.
Aun cuando creo firmemente que en sociedades democráticas los funcionarios públicos están expuestos al más intenso escrutinio, ello no exime al periódico de actuar con responsabilidad. Como dice un reciente editorial, “… ningún medio puede ser espacio de excepción donde la impunidad reine sin freno”.
