EscucharCosta Rica finalizó el 2017 con la tasa más alta de muertes violentas por cada 100.000 habitantes en su historia.
A propósito de esta preocupante situación, Michael Soto, designado próximo ministro de Seguridad, en declaraciones publicadas por La Nación, el pasado 27 de abril, “aboga por reducir los crímenes y bajar el índice de criminalidad mediante una política de coordinación entre instituciones, enfocada en la prevención y en el ámbito social”.
Considero esas declaraciones sumamente atinadas, pues para que efectivamente se logre reducir la alta violencia, tanto a mediano como a largo plazo, requerimos entender que la inseguridad no sube exponencialmente de un momento a otro; es producto de una serie de condiciones que van generando más riesgo de que personas, especialmente las más jóvenes, se dediquen a actividades delictivas y a comportarse más violentamente.
Nos cuesta mucho comprender cómo al mismo tiempo que la población carcelaria en América Central y la República Dominicana fue creciendo, los índices de violencia aumentaron con más fuerza. Creyeron que “sacando de la sociedad” a los malhechores se arreglaría el problema; debemos comprender que, así como la tierra no va a ser fértil con solo arrancar la yerba, se debe trabajar en las fuentes que hacen que la violencia no permite que “reine la paz”.
Estrategia social. Tiene razón Soto, con su experiencia como subdirector del OIJ, al indicar que en otros países han bajado los índices de criminalidad con estrategias no necesariamente policiales, sino enfocadas en lo social: evitar la violencia estructural con deporte, cultura, teatro, eso es lo que tenemos que hacer, obviamente sin descuidar la presencia policial, vigilancia, etcétera”; sin embargo, le faltó indicar que la mejor instancia para liderar esos procesos en los territorios es el gobierno municipal.
Al gobierno nacional le corresponde dictar la política general, fijar prioridades y estrategias como las indicadas por el próximo jerarca de la seguridad pública costarricense, pero las acciones en los cantones deben efectuarse autónomamente, de manera coordinada y en plena colaboración, bajo la convocatoria y liderazgo de las autoridades municipales, con amplia participación de todas las instituciones y todos los sectores (sociales, comunitarios, religiosos, académicos y empresariales) que aportan o pueden contribuir a atender factores de riesgo que si no son tratados adecuada y oportunamente será imposible revertirlos después.
En ese trabajo local en que confío plenamente, porque la experiencia internacional así lo muestra, se requiere también la participación de nuestra Guardia Civil, que ahora tendrá mejor relación con la Policía Municipal, gracias a que el pasado 23 de abril el presidente de la República sancionó la ley de fortalecimiento de dicho cuerpo policial.
El autor es economista.
