EscucharAmpliar la carretera entre el cruce de Río Frío y la ciudad de Limón (107 km) es de suma importancia para las exportaciones, el turismo y, en general, para el desarrollo del oriente y el norte del país. Se trata de una excelente propuesta del actual Gobierno, por la que merece el reconocimiento de todos quienes estamos interesados en el desarrollo nacional.
Por ello, no queremos que se repita la experiencia con otros proyectos importantes, en los que la corrupción y la mala gestión han retrasado por años y décadas su ejecución. No olvidemos la carretera a Caldera. Se tardó 32 años para construirla, a pesar de que los recursos estuvieron siempre disponibles, debido a las patologías que han contaminado la política y la Administración Pública en nuestro país.
El proyecto de ampliación de la carretera a Limón ha sido valorado en $488 millones. Se financiará mediante un préstamo de $398 millones y una contrapartida aportada por nuestro Gobierno, por un monto de $90 millones. En estos momentos se discute en la Asamblea Legislativa el préstamo, el cual ha sido ofrecido por el Gobierno chino. Se trata de un préstamo comercial, excesivamente caro en comparación con las alternativas de colocación de recursos de que dispone China. O sea, contrario al caso del Estadio Nacional, no hay regalo de parte de China. En este sentido, el modus operandi es comparable al de la refinería, no al del Estadio.
Como condición para otorgar el crédito, las autoridades del Gobierno de China solicitaron –y el gobierno de doña Laura aceptó– que una empresa china ejecute el proyecto. El Gobierno chino ha escogido a la empresa China Harbour Engineering Company Limited (CHEC), la cual tiene un vergonzoso y abundante dossier de cuestionamientos.
El contrato entre el Conavi y CHEC quedaría aprobado automáticamente en el momento en que se ratifique el convenio en la Asamblea Legislativa. De ese modo, el contrato no sería revisado o refrendado por ninguno de los órganos nacionales que tienen esa competencia y no se cumplirá una sola de las disposiciones que requiere la normativa vigente relacionada con contratación administrativa.
Algunos estamos angustiados por la lentitud e ineficiencia con que el sector público ejecuta obra y los serios errores cuando ejecuta rápido (por ejemplo, la Trocha). Existen soluciones claras para superar estos problemas, compatibles con la protección de los intereses nacionales y con la transparencia en la administración de los recursos públicos. Hemos dedicado buena parte de nuestra vida pública a exponer esos mecanismos, pero, con su voto, la población ha preferido mantener el statu quo.
Es mi entender que, con el modus operandi escogido, el Gobierno busca superar las ineficiencias y lentitudes, optando por un procedimiento que significa poner a la Asamblea Legislativa a valorar y contratar la empresa constructora al mismo tiempo que aprueba el financiamiento, eliminando así el proceso de licitación y las interminables apelaciones. Dadas esas inéditas responsabilidades legislativas, es natural –y obligatorio– que diputados serios como Manrique Oviedo hagan las tareas que, cuando se sigue el procedimiento normal de contratación, son llevadas a cabo por la Contraloría General de la República.
Pero, tras escuchar las declaraciones de Pedro Castro, en respuesta a las denuncias del diputado Oviedo y de distinguidos expertos en derecho adminis-trativo, solo se puede concluir que, por alguna razón, lo tienen atado, lo cual le obliga a aceptar todo lo que China pida. Francamente, es difícil contener el enojo cuando Castro ni siquiera se inmuta al cuestionársele por las condiciones leoninas del préstamo y por el hecho de que está escogiendo “a dedo" (sin licitación) a una empresa (CHEC) cuestionada en el mundo.
Estos días se ha anunciado que Japón concederá un crédito al ICE para construir tres plantas de Geotermia. La comparación de las condiciones de este crédito –negociadas por el ICE– con las estipuladas en el crédito chino para la ampliación de la carretera a Limón –negociadas por el MOPT– nos permite concluir que el MOPT carece de las condiciones necesarias para hacer una negociación siquiera aceptable.
Existe una casi desesperante urgencia de que se acelere el proceso de ejecución de obra pública en Costa Rica. Pero la pregunta que debemos hacernos es si es correcto escoger atajos, legalmente cuestionables y peligrosos en términos de transparencia, en lugar de arreglar los problemas de ineficiencia y lentitud dentro del marco legal y dentro de la institucionalidad democrática del país. También cuestionamos si, habiendo escogido esa ruta, el Gobierno no debería evitar relaciones con empresas cuestionadas. En fin, ¿es correcto quemar la casa por asar el chancho?
Limón está urgido de este y otros proyectos y merece respeto. Estamos a tiempo, si la ruta escogida es la incorrecta, de corregir los errores y evitar, una vez más, que el desarrollo nacional y regional sufra las consecuencias de soluciones aparentemente eficientistas que, a la postre, resultan ser simples ocurrencias que, más bien, agudizan la lentitud y la postergación.
