¿Avanza Europa hacia una verdadera unión económica y monetaria?

De acuerdo con los presidentes de la Comisión Europea, la Cumbre Europea, el Eurogrupo, el Banco Central Europeo y el Parlamento Europeo, la respuesta es sí. En efecto, en un informe reciente hicieron un llamado para avanzar hacia “una UEM fortalecida, verdadera y justa; hacia una unión fiscal, económica y financiera; y hacia una unión política que genere los fundamentos para lo demás mediante una rendición de cuentas real y democrática, y estructuras institucionales más sólidas”. El informe retoma propuestas similares hechas por académicos, periodistas y otros funcionarios públicos, incluido, principalmente, el presidente francés, François Hollande.

Sin embargo, desde mi punto de vista, el informe al igual que la propuesta para establecer un ministro europeo de Finanzas tiene fallas de origen. Si bien el informe tiene una serie de observaciones importantes, su supuesto subyacente –que los objetivos se deben perseguir mediante medidas paralelas, y al final del proceso surgirá una real unión política– es problemático. Después de todo, establecer una unión política requeriría de enmiendas en las constituciones nacionales y, en gran parte de los países, referendos. No obstante, los votantes no están entusiasmados con la perspectiva de ceder más autoridad a Europa.

En un principio se suponía que la unión monetaria propulsaría a Europa hacia la unión política. Sin embargo, el euro dejó de ser una moneda común fuerte que refuerza una identidad europea compartida. Al contrario, ahora es una fuente de profundo resentimiento entre los pueblos europeos –resentimiento que después de 70 años de la Segunda Guerra Mundial se presumía había sido eliminado.

Sin duda, muchos han sugerido que la crisis actual representa una oportunidad vital para superar estas tensiones y construir una unión cada vez más estrecha, citando el pensamiento de Jean Monnet, uno de los principales arquitectos de la Unión Europea, de que las crisis son esenciales para estimular el progreso hacia la integración. Pero, ¿funciona este enfoque en un momento en el que hay tan poca confianza entre los Estados miembros? ¿O impulsar más la integración en dichas circunstancias propicia aún más resistencia?

Los cincos presidentes aconsejan lanzar su propuesta de programa para reactivar la integración hasta después de 2017. Parecería que la coyuntura refleja el temor de que los votantes en los países más importantes, donde habrá elecciones en dos años, reaccionarán negativamente a la propuesta. Esta no es una señal de confianza en el procedimiento recomendado.

La realidad es que es improbable una pronta reactivación de la unión política europea. Y sin una verdadera unificación política, los esfuerzos para emprender el plan de los presidentes, incluida la transferencia de competencias fiscales al nivel europeo, conllevaría riesgos serios.

La integración fiscal es prioritaria en el programa de los cinco presidentes. Aunque el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se aplica cada vez más con menor apego (en efecto, de acuerdo con la Comisión Europea, ahora se aplica discrecionalmente por los dirigentes nacionales), seguiría siendo el anclaje para la estabilidad fiscal y confianza. En el informe también se señala que una real unión fiscal requeriría de una “toma de decisiones conjunta en materia fiscal”. Los presidentes insisten en que ello “no significaría una centralización de todos los aspectos de la política de gasto e ingresos”, pues los Estados miembros continuarían decidiendo en temas de imposición y la distribución del gasto presupuestario. Sin embargo, “a medida que la zona del euro avanza hacia una verdadera UEM”, señalan, “las decisiones se tendrán que tomar cada vez más de forma colectiva”, tal vez mediante un tesoro de la eurozona.

Limitada o no, esta es una transferencia de la responsabilidad fiscal al nivel europeo. Y no es fácil imaginar cómo se puede atender el llamado del informe de dotar el proceso de toma de decisiones de legitimidad y rendición de cuentas democrática sin lograr una unión política plena.

Hay un conflicto fundamental entre el llamado de dar prioridad a las necesidades europeas y el dictado de las constituciones de los Estados miembros, que no se pueden resolver sin virar progresivamente las competencias de facto del nivel nacional al nivel europeo, o una ampliación del presupuesto de la UE. Con el marco institucional existente, la responsabilidad política de incrementar las transferencias entre países debe seguir siendo de los gobiernos nacionales, controlados por los parlamentos y electores nacionales.

La unión política puede lograrse en un futuro. Pero no puede realizarse por la puerta trasera o erosionando la soberanía de la política fiscal de los Estados miembros. Forzar las transferencias generaría riesgos morales en los receptores y resistencia de los donantes, y al final aumentarían las tensiones, que pondrían en peligro la integración que hasta ahora se ha alcanzado.

Ante esta situación, durante un tiempo considerable, la unión monetaria europea tendrá que existir sin una unión política. En otras palabras, la UEM seguirá siendo un acuerdo institucional entre países individuales que conservan su soberanía fiscal. La clave para hacer que funcione dicho sistema es asegurarse de que los gobiernos nacionales rinden cuentas de sus políticas económicas. Todos los tratados y compromisos –incluida la cláusula de “no rescate” del Tratado de Maastricht– se deben respetar sin excepción.

Pacta sunt servanda , los acuerdos se deben respetar. Si este principio se viola permanentemente, ¿cómo se puede esperar un futuro próspero basado en una nueva serie de tratados que son más exigentes que los actuales?

Otmar Issing , execonomista en jefe y miembro del Consejo del BCE, es presidente del Centro de Estudios Financieros de la Universidad Goethe, Frankfurt. © Project Syndicate 1995–2015