27 octubre, 2014

Los salarios de la Universidad de Costa Rica son el resultado de largos procesos de reconocimientos académicos y reivindicativos, los cuales están formalizados y son parte de la normatividad institucional que sus autoridades deben respetar.

La creación de conocimiento, su trasmisión y articulación con la sociedad son tareas esenciales de la Universidad efectuadas individual y colectivamente: no son labores mecánicas ni automáticas. El prestigio nacional e internacional ha sido construido por sus trabajadores, que han requerido especializarse y calificarse en el quehacer universitario. Así, reconocer los méritos de los funcionarios universitarios es una obligación y requisito para garantizar la calidad de la función pública educativa.

El creer que se gana mucho, independientemente de los trabajos y de las condiciones requeridas para hacerlo, es una falaz idea que asume como válido el empobrecimiento igualitario de los trabajadores y el enriquecimiento ilimitado de los propietarios. ¿Por qué no limitar la apropiación privada de lo generado socialmente? Empobrecer a los trabajadores no es solución a ninguna crisis y, por el contrario, es su agudización. Han sido funestas y lamentables las consecuencias sociales, políticas y económicas, de la aplicación de salarios africanizados en algunas naciones latinoamericanas. La remuneración digna del trabajo, establecida por la Constitución de la República, permite la satisfacción mercantil de las necesidades personales y familiares, así como crea la capacidad de consumo de bienes y servicios producidos privadamente. Los salarios reactivaron la economía en la peor crisis que conoció el sistema en 1929. El trabajo y su remuneración son fundamentales para la economía y la sociedad.

Salida inviable. La pretensión de disminuir el presupuesto de las universidades públicas es la expresión del liberalismo que atenta contra la función pública, los anhelos ciudadanos por la educación, la calidad de la formación universitaria y de los múltiples beneficios que proporciona al país y a las personas el tener una calificada educación superior.

El discurso liberal parlamentario y mediático emerge ante una crisis fiscal, impulsando políticas de shock y de contención del gasto, al estilo de una inexistente economía doméstica que imaginaba Aristóteles y de las prácticas de las dictaduras militares que conoció nuestra América. La minimización del Estado y sus instituciones, la liquidación de la política pública, el desfinanciamiento de la educación y la pauperización de los trabajadores no son viables para ningún pueblo ni para la institucionalidad costarricense.

La Universidad de Costa Rica está sometida a todos los controles jurídicos y financieros establecidos, su autonomía no la exime de rendir transparentemente sus cuentas. La responsabilidad administrativa universitaria ha sido precursora en evidenciar las tendencias que podrían desequilibrar sus finanzas. Aunque el riesgo no es inminente ni inevitable, sus autoridades han informado a la colectividad universitaria sobre la evolución de las bonificaciones, por lo cual se ha creado la Comisión de Evaluación del Sistema de Administración de Salarios para analizar y evaluar las alternativas posibles, sin afectar las responsabilidades sociales y públicas de la institución.

La reducción del presupuesto universitario que proponen algunos diputados carece de fundamento y consistencia, y afectará las políticas de inclusión social educativa y el funcionamiento integral de la Universidad. Se equivocan esos diputados: su función no los hace expertos en educación superior ni en finanzas públicas. Deberán aprobar un presupuesto, pero eso no los faculta a transgredir las libertades y derechos consagrados históricamente. La democracia totalitaria de algunos representantes constituye una violación a la capacidad de gestión de la autonomía universitaria, garantizada constitucionalmente.