Escuchar¡Qué injusticia más grande se está cometiendo con los usuarios de buses! Se sospecha que las tarifas actuales, fijadas con una metodología obsoleta, en muchos casos pueden ser hasta un 40% más altas de lo que deberían.
Desde el 2010, se trabajó intensamente en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para diseñar una metodología que se acerque más al principio del servicio al costo, establecido en la Ley 7593.
Todo fueron tropiezos desde entonces. Tres veces se impidió llevarla a aprobación, con todo tipo de tropiezos, incluidas tres acciones ante la Sala Constitucional y la intervención de muchos otros actores. Finalmente, desde marzo de este año, ya existe una nueva metodología que lleva las tarifas a niveles más razonables, pero hay que aplicarla lo más pronto posible. Mientras no se haga continuarán profundizándose las injusticias.
Urge hacer una fijación ordinaria nacional, de oficio, para establecer un piso uniforme para todas las rutas, pues es dudoso que aquellas rutas sobrevaloradas acudan, por su cuenta, como lo obliga la ley, a solicitar fijaciones individuales.
Esta dirá cuáles tarifas requieren reajustes, hacia abajo, y quizás en algunos pocos casos hacia arriba. Pero de eso se trata.
Ancladas. Si no se hace esa fijación ordinaria las tarifas quedan indefinidamente ancladas a las que se acordaron cuando se compraron los buses nuevos y, por lo tanto, año con año, se sigue reconociendo un 25% del valor de un bus nuevo, pues este se actualiza de acuerdo con el mercado.
Lo previsto es que este porcentaje sea decreciente, hasta que en el año siete desaparezca. Pero con el sistema actual, en solo cuatro años los usuarios pagan un bus nuevo, el cual, por disposición del CTP, tiene una vida útil de 15 años. Pero siguen usando el mismo bus hasta por muchos años, hasta que la empresa adquiera otro, el cual también deben pagar los usuarios.
El bus viejo lo venden y queda como ganancia neta para la empresa, libre de polvo y paja. Sin embargo, a pesar de lo generoso de este esquema, no ha sido incentivo suficiente para la renovación de la flota.
La vida media de los buses en circulación era, el año pasado, de 10,6 años. Simplemente pasan de unas líneas a otras. Y los empresarios más pobres, que solo pueden comprar buses viejos, no reciben ningún reconocimiento por el bus, pues ya se pagó a quien lo usó los primeros siete años (otra injusticia social).
Desproporciones. Además, hay otros elementos que inflan desproporcionadamente las tarifas. Se da una generosa rentabilidad garantizada del capital, equivalente a la tasa activa del SBN, la cual también está anclada al año de la última fijación (mucho más alta que las actuales). Es una rentabilidad libre de riesgo.
Se usan los datos de demanda suministrados, cuando se hizo la fijación, en la mayor parte de los casos, únicamente mediante declaración jurada, por los propios empresarios (en casos específicos en que se han hecho mediciones por la UCR se ha comprobado que los reportes de demanda son muy inferiores a los datos reales). Esta es una variable supersensitiva, porque entre menor sea la demanda, más alta es la tarifa.
Se reconoce, anualmente, un 10% del valor de un bus nuevo, del año, por concepto de mantenimiento, cuando bien es sabido que, en los primeros cinco años el gasto de mantenimiento es mínimo. Téngase en cuenta que los aceites y lubricantes, las llantas y los repuestos se pagan por aparte.
Y, para colmo, se han detectado casos en los cuales el número de carreras que se brindan es inferior al fijado por el CTP. O sea, eso hace que haya sobreocupación de los buses y que la gente viaje como sardinas, a pesar de que las otras carreras se les pagan en la tarifa.
Generosas donaciones. Se corre el riesgo también de que buses asignados a ciertas rutas se usen en otras o para otros fines. Amén de que hay irregularidades reportadas al Ministerio Público de alteración de números VIN y autobuses que son verdaderos Frankensteins.
Y para coronar esta lluvia de generosas donaciones de los usuarios a los empresarios, cada seis meses se les reajustan automáticamente las tarifas a todos los empresarios por igual, para compensar los aumentos en combustibles, insumos, salarios y gastos administrativos.
Cuando esto se aprobó, fue bajo el compromiso de una nueva metodología y fijaciones anuales. Pero las piedras en el camino abundaron.
Casi como en una carrera de obstáculos, finalmente se alcanzó a aprobar y publicar la nueva metodología. Cada día que pase, sin que se haga esa fijación ordinaria de oficio, representa un cobro muy injusto de tarifas, que afecta a los usuarios, pertenecientes, en su mayor parte, a las clases más pobres del país.
Y después nos preguntamos por qué tenemos tan mala distribución del ingreso en el país. Es hora de actuar para disminuir tanta expoliación a las clases más pobres.
El autor fue regulador general del 1.° de julio del 2010 al 8 de mayo del 2016.
