Opinión

Seguridad, democracia y justicia

Actualizado el 03 de julio de 2013 a las 12:01 am

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El crecimiento y tecnificación de las organizaciones criminales que golpean la paz de nuestros pueblos obliga a fortalecer la institucionalidad y a dotar al Estado de mejores herramientas para la prevención y el combate de la delincuencia. La respuesta esperada de una sociedad democrática debe ser firme y decidida, pero absolutamente respetuosa de las normas y principios constitucionales.

Así, en el marco de la Estrategia de Seguridad para Centroamérica y México, los Estados del istmo, con el apoyo de la Unión Europea y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, recientemente iniciaron la ejecución del Plan Maestro de Capacitación Regional DB1.

Con la participación del Sistema de Integración Centroamericano, el Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y el Caribe y la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), este proyecto pretende fortalecer el accionar de los poderes judiciales de la región para conseguir sociedades más seguras y comprometidas con el Estado de Derecho.

La idea orientadora de esta iniciativa es contribuir a la disminución de la violencia social mediante el incremento de la efectividad de las diversas instancias estatales que participan en la protección de las personas y sus intereses, en especial de los poderes judiciales, y así propiciar la formación de las juezas y jueces en temas de gran impacto frente al fenómeno de la seguridad.

Este Plan Maestro comprende procesos de formación en temas como la delincuencia organizada, las nuevas formas de criminalidad: trata de personas, delitos informáticos, delitos ambientales; las maras y pandillas, el fortalecimiento del proceso penal, el manejo de la prueba y la materia Penal Juvenil.

Lo novedoso en el enfoque del programa es que contempla áreas directamente relacionadas con la seguridad, pero tradicionalmente olvidadas por algunas políticas públicas, como violencia intrafamiliar, protección de víctimas y testigos, justicia restaurativa, acceso a la justicia por las personas y grupos vulnerables y más. Son 22 acciones formativas. Cada una comprenderá cursos presenciales regionales destinados a la formación de formadores, cursos presenciales nacionales y cursos virtuales nacionales y centroamericanos.

Frente a los Estados donantes que hoy en día enfrentan una coyuntura fiscal desfavorable y han debido hacer grandes sacrificios para superarla, queremos asegurar que los recursos dispuestos para la iniciativa sean usados de la forma más eficiente. La unión de esfuerzos será esencial para alcanzar los ambiciosos objetivos del Plan Maestro.

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El SICA, el Centro y la COMJIB participan, cada uno en su marco de funciones, con el fin de asegurar que la formación de los jueces del istmo sea de gran calidad e impacte, de forma evidente, en un mejor desempeño de la Administración de Justicia y en el robustecimiento de la institucionalidad regional.

La reciente designación del señor Fernando Ferraro Castro como Secretario General de la COMJIB, abre una oportunidad histórica para que Costa Rica se consolide como líder regional en materia de justicia. Además de los méritos personales del nuevo Secretario General, esta decisión tiene como antecedente un reconocimiento del papel decisivo de Costa Rica en los procesos de modernización de la justicia en Iberoamérica.

Este acercamiento favorecerá el desarrollo de proyectos regionales de importancia estratégica para el fortalecimiento del sector justicia. El anhelo legítimo y añejo de los pueblos centroamericanos por la paz social y el desarrollo económico y cultural solo podrá ser alcanzado si se potencia el papel de las instituciones democráticas como garantes de la seguridad. Una inversión destinada a mejorar la calidad de la justicia es el camino idóneo para alcanzar tales objetivos.

Marvin Carvajal Pérez, Director del Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y el Caribe.

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