EscucharLas universidades estatales son de gran importancia para el desarrollo del país, y debido a su contribución a la investigación, a la extensión y al acceso a la educación superior requieren continuar financiándose, pero a niveles acordes con las posibilidades del país.
Hay al menos cuatro razones por las que no se justifica el gran aumento de fondos que están solicitando las universidades públicas para los próximos años en el marco de las negociaciones del FEES.
La primera tiene que ver con comprometer demasiados recursos futuros del Gobierno a este rubro, lo cual restaría recursos a otras actividades también importantes y prioritarias que requieren ser financiadas con recursos públicos.
La segunda tiene que ver con quiénes reciben la mayor parte del gasto invertido en educación superior y la posibilidad de que parte de los estudiantes de familias adineradas paguen por estos.
La tercera se relaciona con la apropiación del beneficio del estudio universitario y la rentabilidad futura para el estudiante de sus estudios.
Y la cuarta se refiere a la pertinencia, eficiencia y transparencia en la asignación de recursos en el interior de las universidades.
La propuesta de las universidades estatales para el nuevo acuerdo del FEES no solo haría crecer desproporcionadamente el monto absoluto de los fondos, sino también el monto relativo a los recursos económicos con los que cuenta el país. Provocaría la duplicación en el ingreso nominal de las universidades en un plazo de tan solo 4 años y la duplicación de su ingreso real (descontando la inflación) en siete años.
En proporción a la producción interna del país pasaría de ocupar un 1.23% del producto interno bruto a un 1.82% de este en cinco años. Todo esto restringiría las posibilidades de los futuros Gobiernos de invertir en otras necesidades fundamentales para el desarrollo del país, tales como la universalización de la educación secundaria, la red de cuido, la seguridad ciudadana y obras de infraestructura.
El segundo punto se relaciona con el hecho de que los parqueos de las universidades públicas estén siempre a explotar. Y es que una parte importante de los estudiantes que asisten a estas vienen de las familias que cuentan con más dinero. Según datos de la Encuesta de Hogares del 2009, el 58% de los estudiantes que asisten a la universidad pública vienen del 30% de los hogares más ricos, medido por el ingreso per capita.
El 22% de los estudiantes vienen del 10% de hogares más adinerados (hogares que cuentan con un promedio de ingreso mensual por persona de más de ¢416.000 o más). Muchos de estos estudiantes pagaban por su educación secundaria montos de hasta ¢500.000 mensuales, a pagar a las universidades públicas montos máximos cercanos a los ¢130.000- ¢200.000 semestrales. Algunos de estos estudiantes adinerados, son exonerados totalmente del pago mediante becas de honor por contar con las mejores notas.
¿Por qué no cobrar cuotas más altas a los estudiantes que pueden pagarlas? Un título universitario, especialmente de una universidad pública, se encuentra asociado a un aumento de ingresos futuros que son apropiados por el individuo. En el 2005 según datos del INEC, el ingreso promedio de las personas en edades entre 25 y 64 años con educación universitaria era un 81% mayor que el ingreso promedio de quienes terminaron la educación secundaria.
Injusto. La apropiabilidad de los beneficios genera incentivos para que los individuos estén dispuestos a pagar por su educación. Pareciera entonces injusto que toda la sociedad financie en mayor medida a personas que en el futuro producirán más ingresos que muchas de las personas que pagaron impuestos para financiar su educación.
Finalmente, el cuarto punto tiene que ver con la pertinencia del uso de los recursos y la rendición de cuentas a la sociedad costarricense de cómo éstos son utilizados. Los recursos destinados a la educación superior pública del 2004 al 2010 aumentaron en 87,3% mientras que el número de estudiantes en las universidades públicas aumentó tan solo un 18,6%.
Esto quizás se deba a que la repartición interna del dinero no tiene mucha relación con el aumento en la cobertura, ni siquiera con aumentos en la calidad educativa. Factores como la antiguedad del personal a menudo tienen más peso que los factores relacionados con la calidad. Puede argumentarse que la sociedad estaría más dispuesta a financiar la educación si estos fondos tienen un efecto positivo para ésta. Pero no queda claro de la propuesta realizada por parte de las universidades la forma en que planean serán utilizados los recursos que solicitan.
Lo único que queda claro es un punto preocupante, y es que esta propuesta incluye un aumento del 8% real de los salarios de todos los empleados universitarios, sin considerar si estos se desempeñaron bien o mal.
Esto es a todas luces inapropiado porque no genera ningún incentivo para mejorar el desempeño, y amenaza con que los salarios rápidamente abarquen cada vez una mayor parte del presupuesto de las universidades, dejando poco para otros rubros como inversiones en infraestructura, capacitación y equipo.
En conclusión, apoyamos la educación pública y creemos que esta es muy importante para el país. Pero consideramos que su financiamiento debe ser transparente, y dirigido a aspectos que reditúen a la sociedad en temas como mejoras en la calidad y la cobertura de la educación superior.
En la decisión de financiamiento se debe considerar que hay otras necesidades igualmente prioritarias en el país que requieren también de fondos; y considerar que muchas de estas tienen como beneficiarios principales a personas mucho menos privilegiadas que las que en su mayoría asisten a la educación superior estatal.
