Una vez más, ante la injustificada y totalmente repudiable muerte de dos policías en el cumplimiento del deber, ha surgido el tema de la difícil situación en que muy a menudo quedan las personas dependientes de ese funcionario público. Se informa en La Nación del día 13 de enero de que algunas de las familias quedan con pensiones tan bajas como ¢ 65.000 al mes . Esto se debe a que el monto de la pensión según las reglas establecidas tiene relación directa con los años de cotización del fallecido.
Hace algún tiempo sugerí que debía hacerse una reforma para que, si un miembro de la Fuerza Pública muriera en cumplimiento de su deber, se le pague a sus deudos la pensión completa independientemente de que tuviese un día o treinta años de prestar servicio.
Los miembros de la Fuerza Pública, todos los días y a toda hora, arriesgan su vida para que el resto de los ciudadanos podamos vivir en relativa paz. Merecen por eso, como héroes que son cuando mueren en el cumplimiento de su deber, que sus familiares tengan al menos la seguridad de que su sacrificio no implique la pobreza y en muchos casos la miseria para ellos.
Se dice en la misma publicación que en los últimos años han muerto veinticinco policías. No sé si esa cifra incluye otros miembros de la Fuerza Pública o unidades policiales, pero en todo caso, estoy seguro que el número no afectaría significativamente el régimen de pensiones. ¿Con qué confianza va un funcionario a arriesgar su vida si sabe que, de ocurrir una tragedia, sus seres queridos podrían quedar en situación muy difícil? Lo menos que podemos hacer por ellos es que se aprueben las reformas necesarias para que siempre reciban los herederos la pensión completa que le hubiese correspondido al fallecido. Demos muestra con esta reforma del respaldo del Estado a todos los miembros de la Fuerza Pública.
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