El título de este artículo debería llamar la atención del lector, pues en una sociedad ideal la patología forense no debería existir. Pero ¿por qué un médico forense dice que su trabajo no debería existir? No es porque se trate de una ciencia inexacta, ni mucho menos sometida a influencias de algún tipo, sino porque nadie desea una tragedia en su familia, ya sea de origen natural, como una muerte súbita (el fallecimiento inesperado de una persona que se creía sana) y ni qué decir de origen violento, como los cientos de accidentes en motocicleta de los que día a día nos informan los periódicos y los noticiarios. Peor aún, la gran cantidad de homicidios por los cuales a nuestro país se le considera más peligroso que las naciones con las que comparte fronteras.
Estadísticas recientes del Organismo de Investigación Judicial han mostrado cómo la tasa de homicidios en Costa Rica ha venido aumentando desde una cifra en la década pasada hasta dos cifras desde hace más de tres años, con el agravante de que una tasa mayor a 10 por cada 100.000 habitantes la Organización Mundial de la Salud la considera una epidemia.
La mayoría de esos homicidios son producto de ajustes de cuentas, uno de los más indeseables tentáculos del narcotráfico que causa dolor en las familias y en la sociedad. Al respecto, cuando se analizan estas estadísticas, solo se informa de los datos cuantitativos, pero los médicos forenses que laboramos en la Morgue Judicial y hemos visto cómo ha cambiado ese patrón de homicidios podemos dar fe de que no solo ha aumentado la cantidad, sino la calidad de la violencia: a inicios de la década pasada era muy poco frecuente encontrarse un cadáver con más de dos o tres heridas de arma de fuego; hoy atendemos, en promedio, un homicidio diario donde la persona presenta cinco o más balazos.
Vocación de servicio. Sin embargo, la patología forense es una ciencia que va más allá de toda esa violencia y dolor causados por muertes en personas jóvenes, productivas y con un futuro por delante. La patología forense está al servicio de la sociedad.
Una vez que la persona ha fallecido no hay forma de revertir el dolor de la familia por su pérdida, pero, por supuesto, se puede paliar, evitando la revictimización, siendo eficientes con los resultados de los estudios, siendo diligentes en todos los procesos relativos a la entrega del cadáver a los dolientes.
Por estas razones, la Asociación Costarricense de Medicina Legal, que me ha correspondido presidir este año, ha decidido abordar este tema en su congreso anual, el cual se realiza de forma ininterrumpida hace más de treinta años.
Se van a abordar temas de sumo interés para la sociedad en el contexto de la patología forense. Por ejemplo, se informará sobre la colaboración de los médicos forenses para con las poblaciones de difícil acceso como los indígenas, o cuando ocurren desastres naturales o violentos con gran número de víctimas, donde debe actuarse rápido sin dejar de lado la objetividad de nuestro trabajo.
Se expondrá sobre otras disciplinas que colaboran con la patología forense como la odontología, antropología y neuropatología, así como la búsqueda de restos humanos por la Unidad Canina y el buceo criminalístico en casos de muerte bajo el agua.
Vendrán expertos de Chile, España, Estados Unidos, Ecuador y Panamá a intercambiar opiniones con jueces, fiscales, trabajadores sociales, psicólogos, médicos forenses y profesionales afines que deseen participar en este congreso que se llevará a cabo el último fin de semana de agosto.
Ciencia. En síntesis, la patología forense no es una disciplina lúgubre, macabra, tétrica, sino una disciplina científica que está al servicio de la sociedad costarricense y trabaja en forma interdisciplinaria con muchas otras instituciones y ciencias con el fin, no solo de determinar con el mayor rigor la causa y manera de muerte de una persona, sino de ayudar a que las familias de las víctimas de la violencia o de una muerte súbita sufran lo menos posible ante un procedimiento como la autopsia médico legal, que es ordenado por las autoridades judiciales.
El autor es médico forense, presidente de la Asociación Costarricense de Medicina Legal.
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