EscucharA inicios del presente siglo, Rainforest Action Network, organización no gubernamental ecologista, inició una campaña contra Citigroup, reconocido gigante de la banca norteamericana. El conglomerado bancario fue acusado de participar en la destrucción de los bosques tropicales, del cambio climático y de la perturbación de la vida de los pueblos indígenas a causa de sus inversiones en infraestructuras.
A raíz de lo anterior, muchos de los seguidores de la ONG cancelaron y devolvieron sus tarjetas de crédito a este grupo financiero. En situación similar, el banco alemán WestLab entró en disputa con grupos ecologistas debido a un oleoducto financiado en Ecuador, al que le achacaron graves impactos ambientales.
Hasta hace poco, las actividades habituales del sector financiero habían sido consideradas como neutras o de muy bajo impacto ambiental y, por tanto, sin ningún tipo de responsabilidad ambiental, a diferencia de muchos otros sectores como el manufacturero, la producción de químicos, papel, curtiembres, minería, agricultura extensiva, desarrollos inmobiliarios, etc. Los bancos han creído erróneamente, que los actuales sistemas de responsabilidad los excluyen de los daños ambientales causados por sus clientes, sin tomar en cuenta el hecho de que, cuando los bancos son facilitadores de los recursos para las distintas actividades, indirectamente están causando daños ambientales.
A la vez, en su normal giro comercial, realizan una serie de actividades que podrían afectar el ambiente, ya sea cuando actúan como depositarios o poseedores temporales de bienes contaminados o susceptibles de causar contaminación. Al adquirir este tipo de bienes por remate, dación en pago o adjudicación extrajudicial, al venderlos a terceros, o bien durante el desempeño del cargo de fiduciario en el contrato de fideicomiso, o el rol de arrendador en el de
Por ello, previamente al otorgamiento de un crédito, durante su vigencia, en su ejecución judicial y extrajudicial, así como en su normal giro comercial, las entidades financieras deberían cuestionarse: La actividad financiada ¿produce impactos ambientales significativos? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de los impactos ambientales negativos para la buena marcha de la empresa? ¿Cumple un proyecto con la legislación ambiental vigente? ¿Cuenta la entidad con seguro de responsabilidad civil en caso de siniestro? ¿Podría afrontar situa- ciones eventuales adversas en sus instalaciones?
A raíz de lo anterior, se hace necesario un reforzamiento del “due diligence ambiental” de las entidades financieras, procurando que su propia gestión, así como los proyectos que financian sean desarrollados de una forma socialmente responsable y reflejen prácticas de gestión ambiental sanas y eficientes, evitando a toda costa impactos ambientales y sociales negativos, o bien su significativa reducción, mitigación y compensación.
