EscucharLos reportajes que este medio recién publicó sobre el encarecimiento de $78 millones en la Hidroeléctrica Toro III revelan que la luz generada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), paradójicamente, sume al país en tinieblas. Las cuentas y cuentos de esa institución no calzan. Nadie logra saber cómo se construyen y cuál es el costo real de sus obras. Pirrís, Balsa Inferior, Reventazón; la historia siempre es la misma o demasiado parecida.
Conozco el caso de Toro III porque fui expropiado para su construcción. Gracias a que la Sala Constitucional me dio acceso a la información, descubrí una aparente inconsistencia contable fraguada por el ICE, junto con la Junta Administrativa de los Servicios Eléctricos de Cartago (Jasec), y que luego fue cargada a los consumidores con un arrendamiento desproporcionado de la planta. Por eso no me sorprenden las razones con que ahora intentan explicar lo inexplicable: que la obra se encareció debido al retraso en las expropiaciones.
No, la verdad es otra, muy distinta y dolorosa: en Toro III ha habido anomalías desde un principio.
La planta fue construida y es operada por un fideicomiso que jurídicamente ni siquiera existe, según lo determinó el Tribunal Contencioso desde el 2011. Recientemente, jerarcas del ICE y la Jasec fueron sancionados por desacatar dicho fallo.
Contra lo resuelto por los jueces, en enero del 2012, cuando la obra tenía un avance de más del 80%, el ICE firmó un contrato por $188 millones con el Fideicomiso Toro III –propiedad suya y de Jasec– para construir la planta. El convenio es claro en que ese sería el costo máximo y que disminuiría en la medida en que el costo final de las obras fuese menor.
Los registros contables establecen que Toro III costó $155 millones; sin embargo, cuando el fideicomiso “capitalizó” la obra, para definir la tarifa del arrendamiento de la planta, el ICE exigió el pago completo de $188 millones. Es decir, se aseguró una ganancia de al menos $33 millones por construirse a sí mismo una planta hidroeléctrica a través de un fideicomiso. Esto podría sonar a chiste si no fuese porque esa “ganancia” está incluida en el costo de Toro III que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) carga a las tarifas.
Para cancelar el citado contrato de construcción, en setiembre del 2012, el Fideicomiso Toro III obtuvo con el Scotiabank un crédito por $170 millones y, luego, en octubre del 2013, se refinanció con el Banco Nacional mediante otro crédito a largo plazo por $160 millones.
Ambos financiamientos resultan superiores al costo de la obra. Por eso, en enero del 2013, cuando se dio el último desembolso del Scotiabank, por $22 millones, el fideicomiso debió invertirlos en títulos de bolsa “hasta tanto se requieran”.
Ocultamiento. Pero el ICE y la Jasec no solo ocultan las causas reales del encarecimiento de Toro III, sino que, además, disimulan gravísimos actos que la Comisión de Ingreso y Gasto Público, la Contraloría y el Ministerio Público deberán aclarar, como el sobreprecio de $15 millones de las turbinas generadoras denunciado por La Nación.
El ICE debe explicar, por ejemplo, por qué un “tanque de oscilación” cuya construcción finalizó en noviembre del 2009, con un costo de $2,8 millones, fue facturado al fideicomiso en $5,4 millones; o cómo es que por un “túnel” cotizado en $25,4 millones en agosto del 2010, cuando ya estaba construido en un 95%, luego costó $42 millones. Dichas obras fueron construidas en terrenos que nada tienen que ver con expropiaciones.
Y es que la explicación del ICE sobre el encarecimiento de Toro III se derrumba sola. Los registros de la Alianza ICE-Jasec incluyen costos financieros totales por $11,1 millones. ¿Entonces, por qué ahora hay $25 millones más en ese rubro?
Tampoco es cierto que los juicios de expropiación, que durante año y medio impidieron a la Jasec entrar en posesión de los terrenos requeridos para tres de las siete obras del P.H. Toro 3 hayan influido en costos mayores por $22 millones a causa del alza en el precio del acero.
Compras de acero. El primer presupuesto para construir Toro 3, por $109.940.000 fue confeccionado en enero del 2008 cuando, según datos del Banco Mundial, la tonelada de acero se cotizaba en $600, pero entre junio y diciembre siguientes se disparó a $1.000 la tonelada, precio que se mantuvo hasta febrero del 2009.
A partir de esa fecha, empezó a bajar y en agosto del 2010, cuando se “actualizó” el presupuesto de Toro III para elevarlo a $159,4 millones, ya había retrocedido a $750 la tonelada. Es decir, el “retraso” causado por las expropiaciones, antes que un aumento, debió propiciar más bien un ahorro en las compras de acero.
La confusión aumenta si tomamos en cuenta que el ICE dijo antes que “debido a los problemas en la adquisición de propiedades que se presentaron en el P.H. Toro 3 en los años 2008, 2009 y 2010, gran parte del equipo que debía ser utilizado en casa de máquinas, tubería forzada, obra subterránea y aporte La Flor se conservó en bodega”. ¿Cómo se explica que el retraso en las expropiaciones haya encarecido materiales que estaban en bodega?
Misterios. Otro dato dudoso es que el terremoto de Cinchona de enero del 2009 haya elevado los costos en $9 millones. En setiembre del 2011, 32 meses después de ocurrida aquella tragedia y cuando el presupuesto de Toro III fue aumentado en $24,4 millones, para pasarlo a $183,8 millones, el ICE argumentó que el terremoto dañó equipos cuya reparación costó poco menos de $800.000. ¿Por qué se habla ahora de una cifra diez veces mayor?
Ahora bien, el mayor misterio financiero-contable por resolver en Toro III es el relativo al aporte patrimonial por $44 millones que, teóricamente, el ICE y la Jasec realizaron al fideicomiso y que fue reportado a la Aresep como un costo para fijar la tarifa de arrendamiento de la planta, aunque no existe constancia clara de que se haya realizado, ni tampoco el Consejo Directivo lo autorizó nunca.
Esto debe ser aclarado para evitar que las luces del ICE sigan proyectando sombra por doquier y que la producción nacional continúe atenazada por una energía cuyo elevado costo agobia a empresarios y consumidores.
El autor es abogado.
