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Gran negocio con las joyas de la abuela

Actualizado el 04 de febrero de 2016 a las 12:00 am

Está comprobado que el Estado, además de ser un pésimo administrador, paga salarios de lujo

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Costa Rica enfrenta dos obstáculos que le impiden aspirar a ser un país desarrollado: el abultado déficit fiscal y un gobierno tremendamente generoso con el gasto, con gran afinidad por los dogmas sindicales y con una gran carencia de ideas e iniciativas que los tiene empecinados en subir impuestos sin antes pasar leyes importantes que frenen el gasto público.

Ciertamente el problema del déficit fiscal el actual gobierno lo heredó, pero los responsables de no haberlo controlado, y más bien empeorarlo, son ellos.

El presidente insistió en que no era necesario pedir más impuestos durante los primeros dos años de gobierno porque iban a poner la casa en orden, mas hizo todo lo contrario. En el 2014 aumentó el presupuesto en un 19% y en el 2015 el gran esfuerzo por contener el gasto resultó en un ahorro de ¢18.704 millones, mientras los gastos totales crecían hasta los ¢596.807 millones.

A un gobierno que no ha demostrado vocación por racionalizar el gasto no se le deben asignar ¢700.000 millones en nuevos impuestos, pues el dinero se iría como agua en un canasto.

Los costarricenses no merecen que se les siga confiscando su dinero para mantener los privilegios de unas minorías. Los incentivos salariales en el sector público van a representar ¢1 billón en el 2016, en un presupuesto de ¢8 billones.

Solo en anualidades se van ¢300.000 millones. Por eso, a pesar de que en el 2015 Costa Rica fue el único país de América Latina en registrar una inflación negativa (-0.81), el Informe Estado de la Nación detalló que es un 20% más caro que el promedio de América Latina.

Fuga de dinero. Está más que comprobado que el Estado, además de ser un pésimo administrador, paga salarios de lujo. El ICE perdió 540.000 usuarios en telefonía móvil de mayo del 2013 a mayo del 2015 y los estados financieros de solo un semestre del 2014 reflejaron pérdidas por ¢14.000 millones.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) cerró el 2015 con pérdidas por ¢25.000 millones. Los Ebáis que maneja la CCSS gastan en promedio ¢149.000 en cada paciente al año, mientras que a los dirigidos por cooperativas y la Unibe les cuestan ¢79.000. Este año la Caja ahorrará ¢17.000 millones al prorrogar los contratos de Ebáis con terceros.

El año pasado, la planilla de 2.100 empleados del Instituto Nacional de Seguros (INS) ascendió a ¢50.700 millones, en contraste, el costo de los 2.300 trabajadores de Insurance Servicios y del Hospital del Trauma fue de ¢18.000 millones. Dicha diferencia es debido a los pluses salariales.

Ante una situación tan apremiante, el pragmatismo debe imperar en la forma de pensar y de actuar del Ejecutivo. Deben impulsar con carácter de urgencia el proyecto de empleo público y remuneraciones, poner tope a las pensiones con cargo al presupuesto y a las pensiones del Poder Judicial y, mediante reglas fiscales, evitar el crecimiento del gasto público. Simultáneamente, deben ser puestas en venta algunas empresas estatales que todavía tienen un valor de mercado y, como propone el diputado Otto Guevara, el dinero que resulte de la venta de activos debe invertirse en financiar la construcción de obra pública.

De esta manera aumentará el PIB, mejorará la competitividad, se incrementará la recaudación, disminuirá el desempleo y se incentivará la inversión. Todo lo cual sería muy bien visto por los organismos internacionales.

Un tesoro. Las “joyas de la abuela” resultan ser bastante valiosas. Según cálculos preliminares, la cartera de seguros comerciales del INS puede valer cerca de los $4.000 millones; la fusión del Banco Crédito Agrícola con el BCR, $1.500 millones, y Bicsa se calcula en $400 millones.

Cada punto del PIB equivale a ¢282.000 millones, alrededor de $500 millones. Si se calcula que el déficit fiscal para el año 2016 rondará el 6%, $3.000 millones lo borrarían de un plumazo.

Claro está que el Estado no dispondría del dinero a su antojo, porque sería invertido en proyectos tales como las carreteras San José-San Ramón ($500 millones), a Limón ($500 millones), Peñas Blancas-Moín ($100 millones) y Barranca-Cañas ($200 millones), así como en el viaducto Florencio del Castillo-Garantías Sociales($80 millones), la conclusión del anillo de Circunvalación ($100 millones), los cuatro pasos a desnivel en la Circunvalación ($60 millones), el tren rápido Cartago-Alajuela ($1,000 millones) y la ampliación de la ruta 27 ($300), solo para mencionar algunos proyectos fundamentales.

Vender las “joyas de la abuela” para despilfarrar el dinero sería una irresponsabilidad y un sinsentido, pero si el dinero se invierte en la infraestructura que pondría al país en ruta al tan ansiado desarrollo, bien vale la pena.

El autor es odontólogo.

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