Octubre trajo buenas nuevas a un país acongojado. El ministro Doryan comunicó a la prensa que en la "Cumbre de Bariloche", Argentina, los presidentes de Iberoamérica habían puesto fin a las prioridades económicas y en su lugar colocaron las sociales. Don Eduardo se regocija por esta decisión, que revela la voluntad de los gobiernos de volcar sus recursos en beneficio de proyectos como los que conciernen a la educación. "Las políticas educativas deben ser responsabilidad del Estado", dijo el Ministro. Comparto el alborozo del Ministerio.
El cambio de política favorecerá también otros programas sociales del país, llamados en estos días "programas de compensación social", es decir, iniciativas atenuantes de los estragos causados por la economía del mercado.
La responsabilidad del Estado de promover y estimular el proceso educativo, público y privado, está consagrada clara y enfáticamente en la Constitución Política, así como en los valores de la sociedad que sustentan el ordenamiento constitucional. Por medio de principios y normas cardinales, el país estableció una prioridad esencial para hacer valer el bien común.
La educación es la llave de todo proceso democrático. Así lo entendieron don Juan Mora Fernández y su formidable grupo de forjadores de la República: en el decreto XXVI del 15 de diciembre de 1824 proclamaron que el Gobierno le daría prioridad, "por cuantos medios estén a su alcance", al "progreso de las luces". Con este visionario propósito --reza el decreto-- "el Gobierno promoverá el establecimiento de casas públicas de enseñanza en los pueblos del Estado". El prócer Mora Fernández, maestro de escuela, supo basar la naciente democracia en el derecho a la educación, que permite a toda persona luchar en favor de la observancia de las otras libertades inherentes al ser humano.
A la par de la educación pública se desarrolló la privada, que ha sabido ser consecuente con las ideas de aquellos egregios conductores políticos.
Heraldo de cosas nuevas y alentadoras, el ministro Doryan también pone en guardia a los costarricenses, virtualmente, en vista de que en la Asamblea Legislativa todavía se agitan las aguas impulsoras de las iniciativas económicas que contradicen la decisión tomada en Bariloche.
Quiera Dios que los diputados pongan oídos receptivos al mensaje de los presidentes de Iberoamérica.