EscucharEn su editorial del pasado 13 de octubre, el periódico La Nación externó una serie de preocupaciones muy importantes acerca del control financiero de las próximas elecciones municipales, a efectuarse en febrero del año entrante.
Para ponderar debidamente las inquietudes allí indicadas, es preciso considerar un factor fundamental en dichos comicios: el abstencionismo. La proporción de quienes no asistieron a las urnas fue de 77,2% en el 2002; de 76,2% en el 2006; y de 72,1% en el 2010.
En este último año, en siete cantones (San José, Desamparados, Goicoechea, Vázquez de Coronado, Tibás, Heredia y San Rafael), el resultado de la votación fue resuelto por el 20% o menos del electorado.
Antecedentes. A finales de la década de 1920, los políticos costarricenses consideraron conveniente independizar las elecciones municipales de los comicios presidenciales y para diputados, y acordaron que, a partir de 1928, se efectuarían no en febrero, junto con las otras votaciones, sino en el mes de diciembre siguiente.
Tal experiencia, cuyo propósito principal era abrir espacios para el desarrollo de la política local y para que los ciudadanos, en los distintos cantones, tuvieran una participación más activa en los asuntos que directamente les concernían, tuvo un resultado completamente inesperado.
En las elecciones de diciembre de 1928, de 1930 y de 1932 el abstencionismo fue superior al 60%. De hecho, poco antes de los comicios de 1928, el Diario de Costa Rica indicaba que “no hay interés en el asunto municipal. Se calcula que la votación no llegará en todo el país a diez mil votantes”.
La escasa asistencia a las urnas facilitó que partidos pequeños, pero bien organizados, alcanzaran los cocientes necesarios para ganar puestos en las municipalidades.
Entre los beneficiados con esta situación, estuvo el Partido Comunista: fundado a mediados de 1931, en 1932 capturó dos plazas en el concejo de San José.
Al comprobar el fallido resultado de este experimento de ingeniería política, las dirigencias de los partidos principales echaron marcha atrás y, después de 1932, las elecciones municipales se volvieron a realizar junto con las presidenciales y legislativas.
Fracaso. Aunque no existe un estudio que analice en detalle por qué fracasó ese cambio institucional, información preliminar sugiere que el electorado de entonces estaba poco interesado en las elecciones municipales por tres motivos básicos.
Primero, en esa época, no había elección de alcaldes, sino que quienes cumplían esta función, los jefes políticos, eran nombrados por el Poder Ejecutivo.
Segundo, para resolver algunos de los problemas que más les interesaban (educación, salud y obras públicas), las comunidades recurrían al Gobierno Central, no a sus propias municipalidades.
Y tercero, era en las elecciones presidenciales cuando había más recursos disponibles (puestos públicos y otros) para recompensar a quienes participaban activamente en la campaña electoral.
Ciertamente la elección popular de alcaldes, introducida en 1998, fue una modificación institucional fundamental, pero, en lo esencial, la situación no ha cambiado mucho en comparación con la del período 1928-1932.
Para los ciudadanos de los distintos cantones, el Gobierno Central y (ahora también) las instituciones autónomas y el Poder Judicial (Sala Constitucional) pueden contribuir más a resolver sus problemas locales que sus propias municipalidades.
Distancia. Si casi un siglo atrás había una mayor cercanía geográfica y personal entre las autoridades municipales y la ciudadanía a la que servían (especialmente en los espacios urbanos), hoy la situación es muy distinta.
Alcaldes y munícipes, una vez elegidos, concentran sus esfuerzos en cultivar la amistad y el respaldo de grandes empresarios, de políticos con influencia nacional o de líderes religiosos, es decir, de figuras que impulsen sus carreras más allá de la política local.
Tales preferencias amplían y profundizan las brechas que los separan de la mayoría del electorado cantonal.
Un ciudadano común de cualquier cantón tiene más posibilidades de que sus quejas o preocupaciones sean atendidas si le escribe a un ministro, al presidente de la República, a la Defensoría de los Habitantes, al jerarca de una institución autónoma o a la Sala Constitucional, que si lo hace al alcalde o a los munícipes de su cantón.
Si a lo anterior se añade que por lo general las municipalidades están organizadas y operan en el siglo XXI con criterios y prácticas del XX (si no es que del XIX, en algunos casos), y que alcaldes, vicealcaldes y munícipes se han visto involucrados en situaciones de corrupción y en episodios mediáticos como el que protagonizaron Roberto Thompson y Dinorah Barquero de la alcaldía de Alajuela, ¿para qué molestarse en votar en las elecciones municipales?
2016. Ejercer un control efectivo de las finanzas de los partidos es, sin duda, relevante. Sin embargo, en el caso de las elecciones municipales lo fundamental es que se incremente la asistencia a las urnas.
Si en el 2016 la tendencia a un elevado abstencionismo se mantiene, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) debería considerar la posibilidad de recalendarizar las elecciones municipales para que se vuelvan a efectuar junto con las presidenciales y las de diputados.
Al igual que ocurrió entre 1928 y 1932, un elevado abstencionismo en las elecciones municipales tiende a beneficiar desproporcionadamente a organizaciones minoritarias identificadas con estrechos intereses sectoriales, como los partidos evangélicos, el Movimiento Libertario o Accesibilidad Sin Exclusión, o a izquierdas insuficientemente renovadas, como el Frente Amplio.
Tal tendencia, al reforzar los extremos políticos de derecha e izquierda, debilita todavía más a agrupaciones que, como Liberación Nacional, Acción Ciudadana y la Unidad Social Cristiana, pueden incorporar y atender intereses generales, y avanzar una agenda más viable, diversa e incluyente.
Puesto que Acción Ciudadana y la Unidad Social Cristiana son en estos momentos más hipótesis que partidos políticos, y dado que el antiliberacionismo no ha hecho más que extenderse y profundizarse en los dos últimos años, la posibilidad de que los extremos del espectro político salgan reforzados de los próximos comicios municipales es considerablemente alta.
Iván Molina es historiador.
