EscucharCuando se detiene a un alcalde por irregularidades, cuando se reclama por calles en mal estado o problemas de recolección de basura, se tiende a generalizar estos males al municipalismo, a todas las municipalidades y a todos sus funcionarios. Y se olvida que el municipal es el nivel de poder social y político más cercano a la gente, de más contacto con barrios, caseríos y comunidades.
Y por eso es quizá más complejo, pues tiene que crear espacios para dirimir toda clase de conflictos, necesidades y expectativas. Si no existieran las municipalidades, el anillo de poder central caería sobre las comunidades como una enorme nave que no sabe dónde aterrizar, o no sería capaz de general lazos específicos con la población. Las municipalidades son mucho más que unos pocos funcionarios acusados de corrupción: son la vivencia de que la democracia se divide en muchas democracias en minúscula, por tamaño, no por importancia, a través de toda Costa Rica.
Por eso, cuando se aprueban en la Asamblea Legislativa doscientos millones de dólares para que las municipalidades mejoren la red cantonal, hay que verlo como una muestra de confianza en el sistema local, pero también como un reto, porque esos recursos son una pasarela sobre la que debe desfilar la eficiencia municipal; y la prensa y los ciudadanos seremos los jurados para evaluar su desempeño.
Liberación Nacional impulsó vigorosamente este contrato con el BID, pero es justo reconocer que fue aprobado de forma unánime por todas las fracciones de la Asamblea Legislativa. Su aprobación en la primera semana del período extraordinario de esta segunda legislatura es una señal: podemos entendernos mejor, podemos producir más, podemos dialogar más comprometidamente, evitando bloqueos y tortuguismos.
Mejor calidad de vida. Cuando hay que quitarse el sombrero ante una iniciativa democratizadora y solidaria impulsada por la presidenta Chinchilla, hay que hacerlo sin disimulos, con claridad. Estos doscientos millones no solo se convertirán en una mejor calidad de vida para la ciudadanía, sino en un dinamizador de nuestro desarrollo y economía. Asignar más recursos a los cantones más pobres no es una concesión, ni un favor: es decirle a la gente que la democracia funciona, que no es un sistema político vacío y abstracto, sino que responde con obras a las expectativas de los votantes.
Puentes, caminos y vías cantonales en mal estado, serán habilitados, reconstruidos y recibirán mantenimiento, en este espacio que les ofrece a las ochenta y un municipalidades el Poder Ejecutivo. Esta iniciativa no solo ofrece seguridad y tranquilidad para que los padres lleven a sus niños a las escuelas, sino que levanta la competitividad del país a través de transporte de cosechas y mercaderías.
Estamos frente a la mayor dotación de recursos hacia las municipalidades, digna sucesora de los cincuenta millones de dólares destinados a proyectos de desarrollo local, transferidos en la pasada administración Arias, que tuve la oportunidad de gestionar como presidente del IFAM.
Los $200 millones irán a las 81 municipalidades y los 8 concejos municipales de distrito, quedando su asignación a la decisión técnica de las juntas viales cantonales. Y los cantones más grandes y pobres recibirán más recursos, como los costeros y fronterizos: Guatuso, Upala, Los Chiles, entre otros, para beneficio de sus pobladores.
La democratización territorial de recursos es clave, ya que, por ejemplo, San Carlos recibirá $10 millones, Pérez Zeledón $8,5 millones, Turrialba $3 millones, Sarapiquí $4,4 millones, Santa Cruz $3 millones, Coto Brus $3,5 millones, Talamanca $2,2 millones y el Concejo de Distrito de Cóbano $813.000.
Una novedad viene a simplificar la llegada de los recursos a barrios y caseríos: se hará en una sola licitación por la Unidad Técnica Nacional para que cada municipalidad no tenga que correr con las licitaciones.
Ello permitirá que muchas empresas participen, sean adjudicatarias y se ejecuten muchas obras simultáneamente en el 2012.
