La actitud escéptica de los costarricenses ante la oferta política actual puede fácilmente sumirnos en un peligroso derrotismo, en una pasividad general ante el embate agresivo de quienes se han hecho o desean hacerse del poder por el poder, por las mieles que se derivan de su uso particular.
El abstencionismo electoral creciente muestra la expansión progresiva de un amargo derrotismo que terminará por asegurar la siniestra meta de la acción política nacional: convertir nuestra forma de gobierno en una democracia abstracta, sin contenido ni sentido reales, que continuará destruyendo, día tras día y año tras año, las aspiraciones de los niños, jóvenes y adultos, y las hundirá en una situación cada vez más tenebrosa.
Sin ideas movilizadoras. Los partidos políticos en pugna carecen de ideas y presencia movilizadoras, capaces de convencer a los votantes a su favor, no por la esperanza de una posible solución a los problemas, sino por la certidumbre de su capacidad para enfrentarlos eficazmente. Se nota que los candidatos o sus asesores conocen un tanto la gravedad de los problemas nacionales, y sus proyectos y promesas “parecen” algo indicados para enfrentarlos. Pero siempre ha ocurrido así durante las campañas políticas. Luego, los gobiernos –incluida la oposición cogobernante– resultan incapaces de aplicar las recetas conocidas por todos.
Se trata de una absoluta falta de interés por los pobres, las víctimas de la violencia, los enfermos, los desempleados, la ausencia de educación y vivienda apropiadas, el exceso de malas carreteras, el caos vial, los puentes en mal estado, etc., etc. En todas partes, la ausencia de pericia administrativa y ejecutiva de una burocracia opulenta y cínica.
Corresponsables del desastre. El oficialismo y la oposición han compartido por años la responsabilidad del actual desastre: en la desprestigiada Asamblea Legislativa, en la dirección de los entes públicos descaminados, en la impericia de los controles de las obras públicas y sus concesiones, en la desmejora programada de los servicios públicos. Todos son responsables, por consentimiento y por inacción.
Es probable que, cualquiera que sea el ganador de las elecciones, unos meses después se encontrará, frente al desaliento ciudadano, peor calificado que el Gobierno actual. Hubo en el pasado un candidato que afirmaba no ambicionar la presidencia; sin embargo, los ticos lo eligieron. Luego, demostró que no sabía qué hacer con ella. ¿Acaso lo sabrán quienes se presentan hoy como próceres eminentes, de cuyas virtudes hablan sus hechos , aunque nadie los reconozca?
Sanción enérgica. Frente a tal panorama, un votante realmente dispuesto a que el estado de cosas cambie radicalmente, debería exigir propuestas político-sociales que vengan acompañadas de la obligación de que su incumplimiento pueda ser objeto de una sanción enérgica: la destitución de todos los responsables y corresponsables y –como sugiere José Miguel Corrales– hasta la posibilidad de un referéndum que saque del poder a los malos gobernantes. Además, el compromiso de que cada ministro y cada gerente público, en un tiempo determinado, tendrá que haber resuelto al menos un problema medular en su ramo. Si no lo hace, deberá devolver sus salarios y no podrá desempeñar cargos públicos en su vida. Y así en general. ¿Utopía? No, cosa de voluntad popular.
Ciudadanía consciente. En efecto, necesitamos una ciudadanía muy consciente y exigente de sus derechos, que sepa defenderse de los males que se le infligen y que realmente se defienda. Una ciudadanía libre y digna, consciente de ser ella la que se gobierna a sí misma, y que no permita, en adelante, que algunos individuos, “metidos” en política por capricho, ínfulas, astucia, gracia o tradición, quieran “jefearla” como lo han hecho hasta ahora.