Contraste entre infraestructura y comercio exterior

Mientras el mundo toma una dirección clara, Costa Rica, lamentablemente, pierde tiempo valioso en discusiones cargadas de sesgos ideológicos, improvisación y cortoplacismo. Esto se refleja en los resultados del Infrascope 2017 publicado recientemente por The Economist.

De 19 países latinoamericanos evaluados, Costa Rica ocupa la posición 11, superada en Centroamérica por Nicaragua, El Salvador y Honduras. En este contexto, es inevitable cuestionarse cómo un país líder en atracción de inversión extranjera y apertura comercial no logra despertar del letargo en obra pública. Analicemos los elementos que explican la antítesis de resultados entre estos sectores.

Estrategia a largo plazo. En los años 80, Costa Rica tomó la decisión de modernizar su modelo económico y dio paso al impulso de las exportaciones y la atracción de inversión extranjera. Como país, apostamos por una política de Estado que se ha mantenido por décadas independientemente del partido político que esté al mando del Poder Ejecutivo. Esa estabilidad se ha traducido en señales muy positivas a inversionistas locales y foráneos, que confían en las reglas claras y estabilidad que ofrece Costa Rica.

Por el contrario, en el sector infraestructura parece que hemos optado por un reset cada cuatro años, con un enfoque en la inauguración de algunos pequeños proyectos, la improvisación y el desprecio en muchas ocasiones por la planificación y preparación de aquellas obras que no cortarán cinta en el cuatrienio. Esta falta de visión se refleja en el constante cambio de jerarcas en el MOPT.

Sólida institucionalidad. El sector externo costarricense cuenta con fuertes instituciones como el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde). Todas trabajan de manera articulada, con personal altamente calificado y en línea con una “visión país” definida.

Por esta razón, a pesar de discusiones en torno al modelo de apertura económica, como sucedió en el 2007 con el referéndum por el TLC, nunca se pone en duda la alta capacidad de los equipos técnicos ni de los jerarcas de dichas instituciones.

Esta solidez institucional brinda confianza a los ciudadanos, empresarios locales e inversores extranjeros. De manera opuesta, en infraestructura, las instituciones carecen de incentivos para atraer y retener a los mejores profesionales y sus decisiones están condenadas al corto plazo, pues están sujetas a los vaivenes políticos.

Lamentablemente, esto resulta en pérdida de credibilidad en las instituciones que lideran procesos tan complejos como lo son negociar un contrato de concesión por más de 30 años o la preparación y licitación de la construcción de un proyecto de gran envergadura.

Alto nivel del debate. La visión a largo plazo y la solidez institucional se traducen en una discusión nacional de gran altura técnica. La mayoría de los costarricenses tenemos claro el papel de la apertura comercial y la inversión extranjera en la generación de oportunidades de empleo y desarrollo.

La fortaleza técnica de las instituciones a cargo deja poco margen a ocurrencias o ideas técnicamente débiles. En contraposición, la discusión en relación con proyectos de obra pública se lleva a cabo con muy poco rigor. Por ejemplo, mientras las economías mundiales, ricas o en vías de desarrollo, tienen claro el rol de la figura de la concesión en la modernización de sus redes de infraestructura, Costa Rica se abstrae de la realidad mundial apostando por figuras financieramente inviables y fundamentando el debate en el “yo creo” o en frases de salida fácil como “usemos los recursos de las pensiones”, “la plata sobra”, “los fideicomisos permiten sustituir las concesiones”, “que todo lo haga el Estado”, etcétera.

Cambio de paradigma. El inicio del proceso de apertura de la economía costarricense no fue nada sencillo, pues implicó romper con el paradigma de industrias altamente protegidas.

La salida fácil hubiese sido no hacer ningún cambio, pero eso implicaba condenar al país a no tomar provecho de las oportunidades y fortalezas que genera hoy el dinamismo del sector externo.

En infraestructura, por el contrario, nos resistimos a quebrar con el paradigma. Internacionalmente, las concesiones (APP) son un instrumento que tiene como principio el trasladar riesgos a las empresas privadas, llevando al Estado o usuarios a pagar sí y solo sí se obtienen los resultados.

En Costa Rica, sin embargo, algunos grupos se resisten a la concesión e insisten en proteger el modelo tradicional (contratar construcción). Paradójicamente, según ellos, para “evitar que el sector privado siga generando ganancias con la obra pública”.

Tengamos claro que en la concesión la empresa pasa de ser proveedora a ser accionista, lo que le exige mayor eficiencia y le traslada responsabilidades del proyecto a largo plazo.

Comunicación y transparencia. Basta con ingresar en el sitio web de Comex, Cinde o Procomer para tener clara la estrategia del país, en qué se trabaja, detalle de estadísticas o saber a quién contactar para un asunto determinado.

Asimismo, Costa Rica está siempre posicionada en las principales actividades a escala mundial. En infraestructura, por el contrario, es necesario hablar con numerosas personas para saber el estatus real de los proyectos y la imagen internacional es prácticamente inexistente, pues hemos dedicado los últimos años a enviar señales negativas (de ahí la posición en el Infrascope).

La antítesis de resultados de ambos sectores debe hacernos reflexionar y actuar, sobre todo, porque alcanzamos un punto crítico donde el pobre actuar en infraestructura amenaza seriamente el éxito alcanzado en el comercio exterior y la atracción de inversiones. Costa Rica merece mucho más.

El autor es economista especialista en infraestructura.