Doña Ana Eugenia Romero lleva razón. Le atribuí erróneamente afirmaciones en las que ella citaba, en sus respuestas por escrito, el informe de la Auditoría Judicial sobre la interpretación hecha, por el Consejo Superior, del Transitorio III de la Ley Marco de Pensiones. No hubo mala intención, en eso doña Ana Eugenia puede estar segura. Cometí una equivocación y lo reconozco.
Sobre los cuestionamientos a los resportajes del 24 de octubre y el 18 de abril anterior, la Auditoría Judicial fue la que concluyó que en el Poder Judicial se otorgaron beneficios de pensión a trabajadores que no cumplían con los requisitos de edad, ni tiempo laborado. Incluso en dos oficios, uno preventivo y otro final, la Auditoría reafirma que la interpretación equivocada de la Ley Marco de Pensiones se tradujo “en montos de pensiones sobrevaluados y beneficios que se dieron de manera anticipada”.
Posteriormente, la Superintendencia de Pensiones (Supén) detalló, en un informe remitido al Consejo Superior, que se ha dado la práctica indebida de combinar dos leyes (Ley Marco de Pensiones y Ley Orgánica del Poder Judicial) para otorgar pensiones por vejez. El supervisor pidió revisar el procedimiento e indicar las acciones que se tomarán al respecto.
Comunicación. En el diario tengo casi cuatro años de escribir sobre pensiones. En ese tiempo he conversado, personalmente y por teléfono, con los administradores y gerentes de los regímenes básicos y fondos complementarios de pensiones existentes en el país. Excepto con los jerarcas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
La institución implementó la medida de responder las consultas solo por escrito. Ni doña Ana Eugenia, directora ejecutiva del Poder Judicial, ni algún miembro del Consejo Superior ha aceptado una entrevista, pese a que se ha solicitado en varias ocasiones.
Desconozco las razones de dicha práctica. Al final he tenido que aceptar estas condiciones de comunicación porque ha sido la única forma de obtener una posición del Poder Judicial a un tema tan relevante, económica y socialmente, como la administración de su fondo de pensiones.
Si algún vocero de la institución me hubiera atendido, es muy probable que el malentendido ocurrido no hubiera pasado.
Óscar Rodríguez A.
Periodista de Economía de La Nación
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