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Competitividad portuaria

Actualizado el 15 de noviembre de 2014 a las 12:00 am

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Competitividad portuaria

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La competitividad de un país depende de su educación, infraestructura, de un Estado ágil, de la seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica, innovación, tecnología, y acceso a mercados e instituciones sólidas.

En el caso de Costa Rica, nuestras mayores debilidades, según empresarios e inversionistas, se centran en infraestructura, acceso a financiamiento, equilibrio macroeconómico y en las trabas burocráticas. Todos estos problemas hay que corregirlos a corto plazo. Pero, por orden de prioridad, el problema de infraestructura es de los más graves y, en especial, la situación de los puertos de Moín y Limón, que trasiegan el 80% de nuestro comercio exterior. Puertos que demandan una inmediata intervención, ya que son los peor calificados, al tener la posición 128 de 144 países analizados por el Foro Global de Competitividad (2013-2014).

Sobre la base de esta realidad, durante el gobierno de doña Laura Chinchilla se firmó una concesión para una nueva terminal de contenedores por 30 años a favor de APM Terminals, la segunda operadora de logística y trasiego más grande del mundo. APM se comprometió a construir y operar un puerto del Primer Mundo. La empresa holandesa invertirá $1.000 millones y generará una gran actividad económica y empleo para Limón. Este proceso de licitación se realizó en forma transparente y fue refrendado por la Contraloría General de la República.

Concesión de obra pública. Desde 1992, nuestro país apostó por el modelo de concesión de obra pública, al igual que todos los países desarrollados, como instrumento para mejorar nuestra infraestructura. Este es un modelo financiero que permite, en forma transparente, construir y operar, por un plazo definido, una infraestructura que siempre pertenece al Estado, y con la gran ventaja de que son los usuarios –y no todos los costarricenses– los que pagan por su uso.

Entre los proyectos de concesión que se han implementado en Costa Rica, están los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber, el puerto de Caldera, la carretera San José-San Ramón –que se paralizó ante la presión de algunos grupos sociales, y ahora está esperando una nueva figura de fideicomiso bajo una alianza público-privada–, la ruta 27 (San José-Caldera), la terminal de contenedores APM y la terminal granelera en Caldera. Actualmente, están en análisis un aeropuerto en la Región Brunca y un canal seco entre el Pacífico y el Atlántico.

Puertos. El puerto de Caldera, que tuvo una larga espera para ser concesionado a causa de la resistencia de grupos sindicales, hoy es una empresa competitiva. La terminal granelera debió pasar también por una turbulenta tormenta desde su adjudicación en el 2001, y es, hasta 12 años después, que se inicia la inversión que estará lista en el 2015. La terminal granelera y el dragado del puerto le permitirán a Costa Rica contar con cuatro puestos de atraque y atender embarcaciones de hasta 210 metros de longitud y 40.000 toneladas en el Pacifico. También es importante destacar que la Sociedad Portuaria de Caldera ha pagado $35 millones a las municipalidades para desarrollo social y económico de la provincia de Puntarenas.

En sentido contrario, los puertos de Limón y Moín pierden competitividad cada año por los graves problemas estructurales que han venido deteriorando las inversiones y su operación en los últimos 25 años, y por las millonarias concesiones otorgadas al sindicato, ante la incapacidad de los Gobiernos de turno para enfrentarse y denunciar las prebendas que tienen secuestradas las finanzas de Japdeva.

Por otra parte, los puertos de Colón y Balboa en Panamá multiplican su capacidad y productividad gracias a las alianzas público-privadas. De ahí que, si no se logra la construcción a corto plazo de la nueva terminal de APM, estaríamos condenados todos los costarricenses a pagar altos costos, ya que no podrán atracar los barcos Panamax y post-Panamax, que son los empleados para movilizar hasta 10.000 contenedores.

Sintrajap. Es válido que el Gobierno fortalezca a Japdeva con un préstamo de $50 millones para equipamiento e infraestructura de Moín, a fin de que pueda competir. Lo que no es aceptable es que Sintrajap mantenga las actuales gollerías que, prácticamente, tienen en quiebra a la institución.

No puede ser que más del 80% de los ingresos de Japdeva sea para salarios. Esta entidad, para competir con APM, debe especializarse y mejorar su eficiencia, a fin de poder recibir los cruceros y contenedores con mercadería mixta, que representan el 40% de la carga actual.

Lo que no es viable es seguir dándole a Sintrajap más pluses para sus asociados. En solo seis años, el costo de la convención colectiva de Sintrajap se duplicó, al pasar de ¢4.000 millones, en el 2008, a ¢8.500 millones en el 2013. Transportes gratuitos, días feriados, extras, vacaciones adicionales, permiso a directores, pago bisemanal, arraigo profesional, carrera portuaria, subsidios múltiples, becas, incentivos y bonificaciones encarecen los costos laborales de la institución. Japdeva necesita una reingeniería y hacerse más competitiva. Hoy, sin embargo, la institución es obligada a ceder irresponsablemente ante las crecientes demandas sindicales.

Seguridad jurídica. Por otra parte, el país no puede seguir cuestionando la seguridad jurídica. Las reglas otorgadas a nacionales y extranjeros deben respetarse a cualquier costo. Se trata de proteger la confianza de los inversionistas. Solo si existe seguridad jurídica, habrá inversionistas. Y es que nadie se atreverá a invertir en Costa Rica, si le cambiamos las reglas del juego. Ningún país desarrollado cambia jamás de criterio legal en lo referente a las inversiones.

En Costa Rica ha existido gran inseguridad respecto a las sentencias que emiten nuestros tribunales. El proyecto de APM ya tiene pronunciamientos de la Sala I y la Sala IV. Esperemos que, ahora, Setena le pida los requisitos de compensación ambiental y proceda con la vialidad. Certeza, legalidad, normas claras y cero arbitrariedad son necesarios. Por el bien del país y, en especial, de Limón, el proyecto de APM debe avanzar.

APM destinará el 7,5% de su facturación para el desarrollo económico de Limón, y la empresa estará obligada a pagar un 30% en impuesto de la renta. Japdeva, en los últimos 30 años, no ha jugado un papel importante en el desarrollo de la provincia, ya que está asfixiada por el sindicato.

Por último, hay que estar claros en que no hay una figura monopolística y la nueva terminal de contenedores APM siempre será de los costarricenses.

Reflexionemos y apoyemos a nuestro presidente, don Luis Guillermo Solís, en el respeto a nuestro orden jurídico y su promesa de apoyo social y económico al pueblo de Limón. Luchemos con el Gobierno por una Japdeva fortalecida y competitiva.

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