Más allá de la debilidad técnica del Estado para planificar, construir y supervisar el desarrollo vial del país; de la carencia de personal experto que elabore y negocie contratos de concesión ventajosos para el interés público; de la existencia de una ley de concesiones que permite que las empresas concursen por la adjudicación de proyectos, pero no necesariamente para su desarrollo; y de los abusos detectados en la concesión de la ruta San José-San Ramón, precisa establecer al menos tres ideas para el análisis político.
k1. Este Gobierno ha aprendido que la oposición política no tiene consistencia ni aguante para hacer un control que lo coloque contra las cuerdas. Esto es evidente en casos en los que, a pesar de haber estado en situación de vulnerabilidad, supo esquivar su cuota de responsabilidad, v.g. dragado del río San Juan, trocha fronteriza, robo de armas del MOPT, crisis de la CCSS, desconocimiento de la Procuraduría de la Ética en el caso Garnier y Liberman, etc.
Al igual que en esos episodios, ahora también se siente con suficiente talante para salir airoso de los costos asociados a esta proyecto. Sin embargo, al hacerlo incurre en un error de discernimiento, pues esta oposición no es partidaria ni gremial, sino que se nutre de la misma base social que lo eligió y eso le otorga fortaleza, vigencia y legitimidad excepcional, pues cuando el pueblo se moviliza, es poco lo que las instancias de representación pueden hacer en contrario.
En consecuencia, el Gobierno se equivocaría si pretendiera abrir espacios de análisis y escucha, cuya convocatoria prescindiera de la población activa y su resultado no diera cuenta de sus demandas. Sería arriesgado emplear estos espacios para desmovilizar, porque el malestar podría convertirse en indignación y violencia social.
k2. Es inconveniente que la presidenta de la República se involucre activamente en conflictos de gran magnitud y alta cobertura mediática en su etapa inicial o intermedia, dado que, en caso de entrabamiento irreconciliable, no habría instancia superior que permita la salida del mismo.
Este principio estuvo salvaguardado mientras el actor principal por parte del Gobierno fue el ministro Pedro Castro. Sin embargo, el agravio ocurrido en el acto cívico del 11 de abril en Alajuela y la decisión de relevar al titular del MOPT de todo asunto relativo a la concesión colocan prematuramente a Chinchilla en la primera línea de fuego y le reduce el margen de acción al gobierno.
Lo mismo le ocurrió a Miguel Ángel Rodríguez durante el “combo ICE”. Él y su hijo Andrés se implicaron tanto en la tramitación legislativa del proyecto de ley que, cuando se paralizó el país, no hubo instancia política superior que diera salida a aquel aprieto. Es imposible pensar el desenlace de ese conflicto sin la mediación de la Defensoría y la valentía de la Sala IV.
Así las cosas, el perímetro de seguridad establecido en Alajuela, solo le evitó un mal rato a la presidenta; y sacar a Castro del juego deja a Chinchilla sin el principal pararrayos entre ella y la crítica. Ambas decisiones depararon una posición política perjudicial.
k3. Esto se puede poner peor. La ruta en cuestión es la principal arteria para el tránsito nacional y paso obligatorio para el flujo comercial y productivo de los cantones de occidente y zona norte. En este sentido, los primeros en sentir los efectos de los peajes que incluye la concesión, serán los sectores autobusero, turismo y agrícola, quienes hasta el momento no se han pronunciado, pero cuando lo hagan las condiciones del conflicto tenderán a cambiar, principalmente de la mano del sector agrícola, el cual ha probado ser el único capaz de paralizar el país.
Cabe recordar que durante el “combo ICE” fue la Corporación Hortícola la que elevó el conflicto a escala nacional. Lo mismo ocurrió en el 2004, cuando el agro bloqueó el país en oposición al monopolio de Riteve.
El Gobierno ha demostrado habilidad para sortear el día a día y no cabe duda que en esta oportunidad también la tenga; no obstante, al hacerlo acumula malestar que acaba por endosarle un costo político muy alto, el cual se expresa reiteradamente en los estudios de opinión.
Chinchilla está en la línea de fuego de un conflicto en alzada.
Quedan planteadas tres consideraciones para la toma de decisiones.
Confío en que se realicen ajustes oportunos, pues siempre se sabe cómo inician estos conflictos, pero nunca cómo finalizarán.