Corría el año de1959 cuando el presidente Mario Echandi sancionó la ley 2391, con lo cual el país legalizó la obligatoria matrícula de perros ante las municipalidades o concejos de distrito, dispuso sobre su vacunación obligatoria (bajo responsabilidad municipal o de veterinarios autorizados) y prohibió “que los perros deambulen en sitios y calles públicos. Los perros que sean encontrados en dichos lugares, serán recogidos y llevados al fondo municipal, en donde se sacrificarán aquellos que no estuvieren vacunados y matriculados, si dentro de un plazo de 48 horas sus dueños no se presentaren a reclamarlos”. Sin embargo, esa es “letra muerta”, es decir, una ley que se incumple a diario, en detrimento del bienestar animal y de la salud pública.
Afrontar el problema de los perros callejeros, detener la sobrepoblación con campañas de castración, enfrentar la venta lucrativa de animales de criaderos domésticos (que no siempre cuentan con disposiciones sanitarias, ni tributan a la CCSS y a Hacienda, pero se anuncian en los diarios e Internet para hacer sus ventas), prohibir la corta de orejas y rabo e impulsar políticas de fomento de la adopción (y no sacrificio) son parte de las necesarias medidas para avanzar en la protección animal, que garantice el bienestar.
Ojalá que el nuevo Gobierno tenga la sensibilidad y la visión de derechos y salud pública que lo haga posible.
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