La situación financiera de Bancrédito se ha agravado, paulatinamente, en los últimos 10 años como consecuencia de que el Poder Ejecutivo, por motivos tecnológicos y prácticos, ha dejado de hacer negocios por medio de esta institución: los cobros tributarios pueden hacerse en línea y muchos fideicomisos desparecieron o pasaron a los demás bancos del Estado.
La entidad quedó con una base de empleados muy grande para el tamaño real de sus negocios. Debido a ello, los costos son muy similares a los ingresos. Además, la cartera de crédito, muy concentrada, ha entrado en morosidad y, por tanto, el Banco refleja cifras negativas en algunos meses consecutivos, lo cual para el ente fiscalizador, si persiste la situación, es inaceptable y estaría obligado a intervenirlo y a liquidarlo si no se consiguen recursos frescos y en abundancia para reflotarlo.
Las soluciones pueden ser varias, pero, dadas las condiciones de las finanzas del Estado, su dueño, la más viable es que sea absorbido por uno o los dos bancos estatales, hermanos mayores, cuyas capacidades son suficientes para llevar a cabo la operación, sin menoscabo de su negocio, pero para esto se requiere una ley, por tratarse de una institución autónoma.
El Poder Ejecutivo debe tomar decisiones a corto plazo para evitar la quiebra y la maximización de la pérdida.
Medidas inmediatas. Las acciones inmediatas lograrían mantener todas las oficinas, no despedir empleados y no desatender clientes sin pérdida de valor de las carteras de crédito, sin efectos cruzados en el resto del sistema financiero. En fin, una medida valerosa y urgente es la mejor opción.
Entre las acciones urgentes podemos señalar las siguientes:
1- Sindicar la cartera con los demás bancos estatales para que Bancrédito pueda aumentar activo y diversificar riesgos.
2- Vender activos improductivos: como el edificio frente al Banco Central y el antiguo almacén de depósito de Cartago. El Estado tiene interés en estos.
3- El alimento de un banco es su cartera de crédito, no es descontar facturas de cobro en el futuro.
Mientras, la Asamblea Legislativa tramita la ley de liquidación donde uno o los dos bancos Estatales restantes absorben a Bancrédito ordenada-mente.
Retraso contraproducente. Retardar las acciones expone a la endeble entidad a que un pequeño traspié adicional lo lleve a la intervención por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y la liquidación posterior con todas las pérdidas financieras y sociales que estos procesos implican.
Pero, además, se requiere que la nueva Junta Directiva mande un mensaje claro y transparente, porque los bancos viven de transparencia y solidez.
El autor es precandidato del Partido Acción Ciudadana (PAC).