EscucharEn su columna “En Vela” del 5 de octubre pasado, don Julio Rodríguez comenta mi artículo “El Banco Mundial y la autonomía universitaria”, aparecido en el Diario Extra el día anterior. Don Julio transciende la literalidad de mi texto al atribuirme un “abierto rechazo” del empréstito del Banco Mundial (BM) que, de ser aprobado, financiaría obras y programas de importancia para la educación superior pública.
A diferencia de don Julio, otras personas han visto en mi artículo la intención de apuntar qué ha de tenerse en cuenta al negociar de cara al régimen de condicionalidades que practica el BM y cuáles son sus implicaciones posibles. Las condicionalidades constituyen requisitos específicos y predefinidos que una instancia financiadora establece para aprobar o bien continuar con los desembolsos de un empréstito.
Condiciones del financiamiento. En ningún momento he manifestado desacuerdo con obras y programas de importancia para la educación superior pública y la necesidad de financiarlas adecuadamente para satisfacer sus necesidades, pero acorde con lineamientos y condiciones que no desvirtúen su naturaleza. Debemos garantizar que las condiciones del financiamiento no produzcan efectos negativos en el futuro para esos programas y obras, ni para la universidad pública como un todo.
Las condicionalidades son objeto de análisis por diferentes instancias. El International Evaluation Group (IEG), un brazo instrumental del BM, insiste en que sus actividades deben prestar atención al contexto político e institucional de los países e instancias receptoras de programas de desarrollo. Se ha indicado muchas veces que las condicionalidades dificultan el logro de los objetivos de esos programas y el IEG, en su Informe Anual del año 2011, señala una declinante tendencia en la efectividad de los programas del BM en educación. Por otro lado, también se ha dicho que las condicionalidades limitan la gobernanza de las instituciones o países receptores.
Con el fin de evitar “actos de servidumbre” (palabras de don Julio), la discusión internacional sobre condicionalidades y convenios de desempeño recomienda (1) que el sistema de indicadores sea desarrollado y liderado por las instituciones receptoras, no por el BM como es usualmente el caso; además, (2) que se tomen en cuenta indicadores cualitativos, en virtud de la necesidad de considerar especificidades societales y culturales; y que (3) se transfiera el monitoreo y la evaluación del cumplimiento de indicadores a las instancias receptoras de los fondos para estimular la cultura de rendición de cuentas.
A manera de contrapunto, en mi artículo mencioné algunas fortalezas institucionales que pueden cimentar la asunción de esas funciones y responsabilidades, entre ellos los avances en gestión y aseguramiento de la calidad. La evaluación de cumplimiento, al tenor de lo practicado en comunidades científicas, podría recaer en una comisión académica de alto nivel, incluyendo pares evaluadores internacionales. Podemos ir más allá y mejorar nuestra planificación estratégica, sin ignorar aquellas observaciones que ha realizado la Contraloría General de la República al Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES) y que nos resulten útiles y pertinentes. Un PLANES sólido y visionario es nuestro mejor argumento frente a las condicionalidades del BM.
Fortalecer la Universidad. El coeficiente de Gini señala que nuestro país se ha vuelto más desigual. Ante esta situación, la universidad pública no debe permanecer pasiva y ello debe impulsarnos a fortalecer la regionalización y practicar nuevos modelos de ingreso que favorezcan la inclusión de estudiantes de zonas en desventaja económica y social, sin descuidar la demostración del potencial académico requerido. Considero que nada está en contra de estimular transitoriamente algunas carreras de imperativa necesidad para el desarrollo del país, pero no puedo apartarme de la conveniencia, para la sociedad entera, de una universidad integrada e integral.
Es legítimo y necesario aspirar a mejorar la infraestructura, así como a asegurar novedosos programas y proyectos. Este será un tema de especial prioridad para futuras administraciones universitarias. En buena medida, la acumulación de necesidades infraestructurales responde a situaciones que no se han resuelto en los últimos años. Una gestión eficiente construye sus resultados desde una buena planificación en el uso de los recursos y una priorización de los retos por afrontar. El empréstito del BM, de llegar a resolverse, sería desembolsado paulatinamente y representaría un recurso adicional para la UCR, pero logros semejantes han sido obtenidos en el pasado gracias a alianzas financieras nacionales y el concurso de los propios fondos de inversión institucionales.
Pero si el financiamiento ha de venir por vía de un empréstito, deben sus condiciones ser acordes con nuestro orden normativo. Se dice que la Constitución Política es el sistema de moralidad de una nación. Por eso he concluido mi artículo anterior con una evocación de confianza a un CONARE unido que preserve con sabiduría principios básicos de nuestra vida universitaria y nacional.
La universidad es, en esencia, una institución diversa, crítica, respetuosa y tolerante. Me he acogido a esa naturaleza para estimular un debate reflexivo sobre asuntos de cardinal importancia institucional.
