EscucharAunque la violencia puede estallar en cualquier parte y manifestarse de formas muy diversas –desde la agresión verbal hasta los homicidios más cruentos–, tres comunidades del área metropolitana de San José han sido particularmente golpeadas durante los últimos meses, en una escalada que se explica por una causa común: la lucha entre pandillas por controlar el mercado de las drogas.
Una investigación publicada por La Nación el pasado domingo reveló que, en los últimos siete meses, 17 personas han perdido la vida a consecuencia de las disputas territoriales de esas mafias, la mayoría en el sector sur metropolitano, con un saldo particularmente alto en Calle Fallas de Desamparados, donde se han producido siete asesinatos.
Del total analizado, 12 víctimas tenían antecedentes penales, por lo que puede suponerse que participaron activamente en los enfrentamientos, pero cinco carecen de ellos. Eran personas que “estaban en el sitio equivocado en el momento equivocado, o vieron algo que no debieron ver”, en palabras de Francisco Segura, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Se trata, ni más ni menos, que de una forma de violencia impuesta por la delincuencia organizada sobre los vecindarios. A su inmediato saldo mortífero se añade un efecto socialmente devastador: la inseguridad generalizada, la incertidumbre y hasta el pánico, principalmente por el uso de armas de asalto con que las pandillas dirimen sus cuentas y dramatizan aún más los asesinatos.
Dada la nefasta “lógica” del mercado de las drogas, contener este tipo de hechos es una tarea particularmente difícil. Por una parte, los enfrentamientos son la manifestación final de una cadena que llega, en sus orígenes, hasta los carteles internacionales de las drogas, los cuales, además de utilizar a nuestro país como punto de tránsito entre el sur productor y el norte consumidor del hemisferio, tratan de incrementar el consumo interno y, muchas veces, pagan a sus agentes con drogas. Contra estos carteles, cualquier abordaje exclusivamente nacional siempre será insuficiente. De ahí, la importancia de políticas y modalidades de colaboración regional eficaces y asentadas en estrategias equilibradas e inteligentes. Algo se ha avanzado en este sentido en Centroamérica y entre el Istmo y Colombia, México y Estados Unidos, pero falta mucho más por hacer.
Por otro lado, en la dimensión local del fenómeno se da una paradoja que demuestra otra faceta en extremo compleja de la llamada “guerra” contra el narcotráfico: cuando las autoridades tienen éxito en capturar a algún capo que controla un mercado y, así, quebrar sus redes de distribución, surgen las pugnas por llenar el vacío, con la consecuente violencia. Esto es lo que, según el director del OIJ, ha sucedido en los casos mencionados: tras la reciente detención del llamado “Indio”, quien controlaba el comercio en Desamparados, Alajuelita, los barrios del sur y sectores del oeste josefino, se gestaron los enfrentamientos. “Sabíamos que, en un momento determinado, tendrían que darse los homicidios”, dijo Segura.
Dada esta certeza, ¿habría sido posible desplegar una acción policial preventiva más eficaz, o una batida que permitiera capturar a cabecillas de menos jerarquía antes de que protagonizaran los choques? Es una pregunta que deben hacerse las autoridades.
Al menos, tras los crímenes se generó una reacción policial rápida para ejercer mayor control de seguridad en las comunidades; además, estas se movilizaron, con sentido cívico, para proteger a sus habitantes, sobre todo a los menores. El lunes fueron detenidas seis personas que, según el ministro de Seguridad, Celso Gamboa, son sospechosas de estar vinculadas con los crímenes de Calle Fallas, aunque la Fiscalía tiene otra versión. En todo caso, se trata de un éxito adicional que, sin embargo, no garantizará tranquilidad.
Como dijimos en un reciente editorial en que destacamos la disminución de los homicidios durante el primer semestre de este año, mediante buenas estrategias nacionales es muy posible reducir la delincuencia común y sus efectos; de hecho, lo estamos logrando. Pero el combate del narcotráfico demanda esfuerzos aún más complejos e intensos, que incluso deben formar parte de nuestra política exterior.
